25 mil empleados públicos viajaron con licencias falsas. Urge empoderar a la Contraloría, implementar denuncias anónimas y un PMG para frenar abusos y una respuesta urgente del Estado.
Editorial20 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
En un escándalo que estremece al servicio público chileno, la Contraloría General de la República ha revelado que aproximadamente 25 mil funcionarios públicos han utilizado licencias médicas fraudulentas para salir del país, generando un daño monumental al erario fiscal de Chile que se estima en 22 mil millones de pesos. Esta situación representa no solo una burla a la ética administrativa, sino también un claro signo de las fallas estructurales en la vigilancia de los organismos públicos, especialmente en el ámbito municipal.
Los datos proporcionados por la Contraloría indican que estos funcionarios, provenientes de municipalidades, universidades, JUNJI y otras entidades, presentaron licencias médicas para justificar ausencias laborales mientras disfrutan de vacaciones en el extranjero. Esta conducta no solo es una falta ética, sino un abuso descarado dos recursos del Estado. Los compañeros de trabajo de estos funcionarios deben asumir cargas laborales desmedidas, afectando la eficiencia y el clima laboral en sus respectivas instituciones.
El estatuto administrativo chileno tiene claros lineamientos que dictan que las licencias médicas deben ser justificadas y supervisadas por las autoridades pertinentes. No obstante, la escasa supervisión y un organismo fiscalizador débil han permitido que estas irregularidades se mantuvieran ocultas hasta que la Contraloría intervino, prompted by denouncing anonymous complaints.
Un experto en administración pública, que optó por mantener su identificación en el anonimato, afirmó que “los funcionarios no se atreven a denunciar porque el sistema actual exige que proporcionen todos sus datos personales, lo que los expone a represalias”. Esta triste realidad desincentiva las denuncias y contribuye a mantener un ciclo vicioso de impunidad.
Las fallas en la fiscalización no son un fenómeno nuevo. Un informe de América Transparente expone que los alcaldes en Chile actúan como “verdaderos reyes” con presupuestos significativos y escaso control. Esta falta de supervisión da pie al clientelismo y otras prácticas corruptas, lo que agrava aún más la situación con respecto a las licencias truchas.
En medio del bullicio político referido a las próximas elecciones presidenciales, los candidatos han comenzado a prometer severas sanciones a los responsables de este escándalo. Sin embargo, las soluciones inmediatas son escasas. Algunas propuestas incluyen que, de acceder a la presidencia, ellos mismos se encargarían de fiscalizar el cumplimiento de las normas. Este tipo de promesas son populistas y carentes de viabilidad sin un cambio significativo en la estructura del marco legal que regula a la Contraloría.
Sin un marco legal que permita a la Contraloría actuar de oficio, seguiremos dependiendo de denuncias puntuales que no abordan el problema de fondo. Si de mi dependiera propondria la implementación de unPlan de Modernización de la Gestión (PMG) que obligue a los organismos públicos a establecer controles internos más rigurosos y evistar estos abusos de algunos funcionaris inescropolosos.
El impacto de este escándalo es multidimensional. No solo desgasta la confianza del público hacia el sistema de servicio estatal, sino que coloca una carga desmedida sobre aquellos funcionarios públicos que trabajan honesta y eficientemente. Como enfatiza Ana María González, funcionaria de una municipalidad en Santiago, “es una injusticia para quienes cumplimos con nuestro deber. Mientras algunos viajan, nosotros nos quedamos con el doble de trabajo”.
El estrago financiero es también alarmante. Los 22 mil millones de pesos malgastados podrían haberse invertido en áreas críticas como salud o educación, que ya sufren de grandes déficits. En un contexto donde la carga tributaria es un tema delicado, estos abusos han desatado un ola de indignación en la ciudadanía, haciendo eco en plataformas sociales donde ciudadanos han calificado el caso como “indignante” y una prueba de un “Estado corrupto” que “hunde a Chile”.
El consenso entre expertos es claro: es imperativo reformar las atribuciones de la Contraloría. Se propone otorgarle al ente la capacidad de realizar auditorías proactivas sin depender de denuncias previas. Además, establecer un sistema anónimo de denuncias sería fundamental para proteger a aquellos que se atrevan a reportar irregularidades. Esta práctica ha mostrado resultados positivos en países como Canadá y Noruega.
Otra recomendación clave es fortalecer los controles internos en los municipios, al exigir a los alcaldes que presenten informes trimestrales sobre el uso de licencias médicas y la asignación de recursos. Según López, “un organismo fiscalizador robusto no solo sancionaría a los culpables, sino que también actuaría como un disuasivo para futuros abusos”.
El escándalo de las licencias truchas no se limita a una simple cuestión administrativa, sino que expone las profundas deficiencias en la gobernanza municipal chilena. Los alcaldes en Chile gozan de un poder desmedido y escasos mecanismos de control, lo que propicia el clientelismo y la malversación de recursos.
Desde la perspectiva de The Times en español, el problema radica en la falta de accountability en el sistema público chileno. Los candidatos presidenciales, mientras se apresuran a capitalizar políticamente la situación, no han formulado propuestas concretas que aborden las limitaciones legales de la Contraloría. La idea de una “fiscalización directa” resulta atractiva, pero carece de una base sólida sin un cambio legislativo que le otorgue al ente la autonomía necesaria.
Comparando con otros países, Chile se encuentra rezagado en materia de transparencia administrativa. En España, por ejemplo, se han implementado códigos de buen gobierno que obligan a los alcaldes a rendir cuentas periódicamente. Esto representa un modelo viable para Chile, así como la experiencia de Colombia, donde la Procuraduría General ha tenido controversias en torno a la sanción de funcionarios electos, mostrando la importancia de equilibrar el poder sancionatorio y el respeto al debido proceso.
El escándalo también plantea interrogantes sobre la legitimidad del servicio público justo en un momento crítico, donde la confianza ciudadana se encuentra en declive. Según una encuesta realizada por Cadem, apenas el 23% de los chilenos confía en las instituciones públicas. Casos como este solo fortalecen el escepticismo intelectual y denotan la urgente necesidad de que el próximo gobierno priorice la modernización administrativa y la transparencia para restaurar la fe en el sistema.
Este escándalo no es solo una afrenta a los contribuyentes, sino también una oportunidad para rediseñar el funcionamiento del Estado chileno. Sin una Contraloría fortalecida, un sistema de denuncias anónimas, y una fiscalización efectiva, los abusos continuarán siendo la norma y los funcionarios responsables seguirán cargando con el peso de un sistema roto.
Este artículo busca no solo informar, sino también generar debate y reflexión sobre la necesidad de reformas profundas en la administración pública chilena, siendo este un único análisis que destaca la necesidad urgente de cambios estructurales efectivos.
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