
Desilusión en la salud pública chilena: la lucha por atención digna
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La Contraloría aprueba la subdivisión del proyecto Reserva La Dehesa, respetando normativas y velando por la planificación urbana en Santiago.
Opinión05 de julio de 2025 Por Patricio HermanEl Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) establece que en extensas áreas rurales, conocidas como zonas de preservación ecológica, solo se permiten actividades específicas, como las científicas, culturales, educativas, recreativas, deportivas y turísticas. Está claro que en estas áreas no se permiten construcciones de viviendas, una normativa ampliamente conocida.
En el pasado, los inversionistas de los proyectos Chaguay en la comuna de Lo Barnechea y de La Cumbre Oriente, Mirador Pie Andino y Guay Guay, ubicados en Colina, comenzaron obras preparatorias en terrenos subdivididos en parcelas con el fin de desarrollar iniciativas inmobiliarias. Sin embargo, la Contraloría General de la República objetó estas acciones, recordando que no se pueden construir viviendas en dichas áreas.
El Consejo de Defensa del Estado intervino, especialmente en los proyectos La Cumbre Oriente y Mirador Pie Andino, donde se estaban levantando viviendas sin respetar la planificación urbana de Santiago. En contraste, los inversionistas detrás de Guay Guay y Chaguay, actualmente Reserva La Dehesa, decidieron no continuar con la construcción de viviendas.
Recientemente, el 16 de junio, la Contraloría emitió el dictamen N° E99271/2025, aprobando la subdivisión del terreno necesario para el proyecto Reserva La Dehesa en Lo Barnechea. Esto se debió a que contaba con varios actos administrativos de la Seremi Minvu y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que garantizaba la seguridad jurídica.
Es importante mencionar que algunos de estos actos datan de 1974 y 1979, por lo que la Contraloría tuvo en cuenta el principio de confianza legítima para no afectar situaciones legitimadas por la administración pública. No se tiene información sobre si los otros tres proyectos tenían autorizaciones legales antes del inicio del PRMS; por tanto, se puede suponer que las empresas responsables no solicitaron reconsideraciones al ente regulador, lo que significa que solo el proyecto en Lo Barnechea ha recibido aprobación.
En conclusión, la Contraloría está ejerciendo de manera adecuada sus funciones de supervisión, lo cual es digno de reconocimiento.
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