La casta política y el poder económico son los dueños del país

El equipo político de Jara ha expresado su desacuerdo con la participación del empresario Juan Sutil en la campaña de Matthei. Sutil, quien parece sentirse como una celebridad al anunciar a través de los medios que "ya decidió con quién se sacará la foto", ha ingresado a la primera línea de la candidatura. Por otro lado, Nicolás Ibáñez, heredero de los supermercados Almac y un inversionista de peso, ha dejado claro a los tres candidatos de derecha que no habrá financiamiento para sus campañas a menos que se alineen con sus intereses, recordando su admiración por Pinochet.

Las encuestas muestran que la competencia es más intensa entre Jara y Kast, pero el panorama puede cambiar este domingo 16 de noviembre, ya que los candidatos Parisi, Manyne Nicolls y Enríquez-Ominami también tienen opciones, aunque parezca que la contienda está centrada en los mencionados. En conversaciones con amigos, reconozco que, como crítico de nuestra frágil institucionalidad, podría abstenerme de votar, ya que no importa quién gane, el desorden permanecerá, pues los verdaderos que controlan el poder político son meros portavoces de quienes dominan el poder económico.

Mis opiniones, expresadas en columnas y entrevistas en medios no controlados por la élite, no han sido desmentidas y son respaldadas por el silencio cómplice de aquellos que se benefician de ingresos sustanciales del erario nacional. Un claro ejemplo de esto es el empresario de la construcción José Miguel Martabit, quien construyó una mansión de 3.600 m² sin el adecuado permiso. Aunque contaba con autorización para una vivienda de solo 200 m², decidió ampliar su proyecto, confiando en la impunidad habitual. Esto ha llevado a numerosas "observaciones" y multas, pero debido a su buena relación con el Seremi Minvu de La Araucanía, logró regularizar su situación.

El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, está buscando la intervención de la Contraloría General de la República. Además, la mayoría de las viviendas en la orilla del lago Villarrica también se encuentran en situación irregular, algo común en todo el país. Afortunadamente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha comenzado a utilizar drones para detectar construcciones no registradas, y aunque no cuenten con el permiso municipal, siguen siendo responsables de pagar contribuciones.

Por si fuera poco, Felipe Ward, ex ministro de Bienes Nacionales en el gobierno de Piñera II, facilitó la violación de la protección del Parque Nacional Patagonia al permitir la minería en 2.360 hectáreas de la empresa australiana Equus. Este asunto ha sido reconocido en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y se encuentra sin avances en el Ministerio Público, a pesar de la gravedad de la situación.

Asimismo, el 7 de agosto de 2025, tenía programada una reunión con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y la arquitecta Cynthia Ross para discutir la necesidad de que el ex alcalde Joaquín Lavín rinda cuentas por su negligencia que costó a la municipalidad US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA. Lamentablemente, la alcaldesa no pudo asistir y, en su lugar, nos recibió la abogada Alicia De la Cruz.

En esa reunión, nos informaron que tanto ella como la alcaldesa habían conversado con Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), acerca de este asunto y otros problemas pasados. Sin embargo, la abogada mencionó que planeaban iniciar acciones judiciales contra quienes resultaran responsables, a lo que respondimos que este enfoque no llevaría a nada. La responsabilidad principal recae sobre Lavín, y solo un fiscal del Ministerio Público puede investigar adecuadamente sus motivaciones.

Finalmente, existe un Programa de Mejoramiento de la Gestión, establecido por la Ley N° 19.803 de 2002, que otorga incentivos económicos a los funcionarios municipales que cumplen con su deber. Este programa, sin embargo, se ha convertido en una forma de aumentar las remuneraciones de alcaldes y concejales, quienes se benefician de una serie de incentivos que nunca recibirían en el sector privado. Aplaudimos a Lorenzo Opazo, un contador auditor que denunció irregularidades en la municipalidad de Las Condes ante la Contraloría el 24 de julio de 2025.

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