UN DÍA ANTES DE MAÑANA por Christian Slater E.

Señor Director:

Escribo estas líneas a pocas horas de una elección presidencial decisiva, cuando aún no se ha abierto la votación y, por lo tanto, no existe resultado alguno. Lo hago deliberadamente, para dejar constancia de una lectura política fundada, construida a través de un proceso largo, profundo y acumulativo. No escribo desde un escritorio de análisis ni desde un estudio de televisión, sino desde la experiencia de un ciudadano común, que observa, conversa y vive la realidad del país más allá de los titulares o de los analistas políticos que en estas circunstancias prefieren esperar los resultados. Si las señales observadas hasta hoy se confirman, todo indica que José Antonio Kast será elegido Presidente de Chile. No se trata de ansiedad ni de voluntarismo, sino de interpretación política basada en hechos, tendencias y contexto.

El resultado que se avizora no sería un accidente ni un fenómeno coyuntural. Es la expresión visible de una crisis de representación que se arrastra desde hace años y que tuvo un punto de inflexión en octubre de 2019, cuando el orden institucional fue desafiado por una combinación de izquierda radical, activismo ideológico y delincuencia organizada, nacional y extranjera, cuyos alcances reales nunca fueron suficientemente esclarecidos ni sancionados.

Por primera vez en la historia reciente, Chile enfrenta una elección presidencial bajo condiciones radicalmente distintas a las del ciclo anterior. En la primera vuelta presidencial de 2021, realizada con voto voluntario, participaron aproximadamente 7,1 millones de ciudadanos. En contraste, la primera vuelta presidencial de 2025, bajo voto obligatorio, movilizó a más de 13 millones de electores. Es decir, al menos seis millones de personas adicionales, cuyo comportamiento electoral era empíricamente desconocido, ingresaron al sistema político.

Ese dato es central. Durante años, la política chilena operó sobre un universo reducido, autorreferente y crecientemente desconectado del país real. El resultado que podría configurarse expresa, en buena medida, la irrupción de un electorado que no había sido considerado, que no milita, que no responde a consignas y que vota mayoritariamente por orden, responsabilidad y límites claros.

El proceso electoral deja también en evidencia el agotamiento estructural de los partidos políticos tradicionales y de sus coaliciones. Algunos desaparecieron; otros sobrevivieron apenas en lo formal; varios llegaron tarde y divididos al apoyo del candidato que terminó representando a la mayoría. Ese respaldo, aunque finalmente útil, pudo haberse articulado antes, con mayor convicción y menor costo político. El retraso fue evitable y terminó reflejándose en su propio desempeño electoral.

Conviene recordar un hecho que no suele destacarse: el primer partido que formalizó una coalición con José Antonio Kast fue el Partido Social-Cristiano, cuando otros aún dudaban. Posteriormente se sumó el Partido Nacional Libertario, que mantuvo desde el inicio una línea de apoyo coherente, sin ambigüedades ni oportunismos. Estos datos no son anecdóticos: hablan de claridad estratégica en un escenario dominado por el cálculo tardío.

Este proceso tampoco surgió de la nada. Ya desde el 20 de agosto de 2019 comenzaron a emerger iniciativas ciudadanas que intentaron organizarse políticamente por fuera de los partidos tradicionales. Un ejemplo de ello fue Patriotas por Chile, que nació a la vida pública en esa fecha —según consignó el Diario Austral de Temuco— y que estuvo oficialmente inscrito ante el Servicio Electoral como partido político en formación hasta el 3 de agosto de 2021, con estatutos aprobados conforme a la normativa vigente. Durante ese período, contaba con un plazo legal de 210 días corridos para completar su constitución, debiendo reunir el porcentaje de afiliados exigido en tres regiones territorialmente consecutivas. Aunque no logró cumplir ese requisito dentro del plazo legal, parte de ese mundo ciudadano —ajeno a la política tradicional— terminó confluyendo posteriormente, como independientes, en proyectos que ofrecían mayor coherencia y convicción, particularmente en torno al Partido Republicano y al Partido Social-Cristiano, a los que más tarde se sumó el Partido Nacional Libertario. Patriotas por Chile, aun sin existencia partidaria formal permanente, continúa representando para muchos una identidad cívica y un sentimiento político compartido, expresión de millones de chilenos que no militan en ningún partido, pero que exigen orden, soberanía y responsabilidad.

La derrota de Jeannette Jara no debe leerse solo como un revés personal, sino como un rechazo político al proyecto comunista y al continuismo de un gobierno ampliamente evaluado como deficiente, errático y complaciente con la corrupción, la ineptitud y el abuso del poder, que dejará La Moneda en marzo de 2026 con un severo reproche ciudadano.

Conviene, sin embargo, introducir una nota de realismo político. Durante años se insistió —no siempre con éxito— en que tan relevante como la figura presidencial era la necesidad de construir mayorías parlamentarias capaces de sostener un programa de gobierno. Esa comprensión parece hoy más extendida. Si bien el nuevo escenario no entrega mayorías abrumadoras, especialmente para reformas de alto quórum, sí podría configurar una mayoría parlamentaria relativa, más cohesionada y consciente de su rol, que permitiría avanzar con mayor viabilidad legislativa que en el período anterior.

Este escenario vuelve ineludible una reflexión de fondo sobre el sistema de partidos políticos. Con una militancia que no alcanza siquiera al tres por ciento del padrón electoral (un poco más de 500.000 ciudadanos) y una fragmentación creciente, resulta evidente que el diseño actual no cumple adecuadamente su función de canalizar la voluntad ciudadana ni de asegurar gobernabilidad.

En la misma línea, resulta imprescindible poner fin al transfuguismo político. No es aceptable que parlamentarios electos bajo el patrocinio, programa y financiamiento de un partido utilicen ese mandato para, una vez en el cargo, declararse independientes o cambiar de bancada sin consecuencia alguna.

Existe, además, una expectativa ciudadana que conviene explicitar sin ambigüedades. Quienes hoy se inclinan por José Antonio Kast no esperan gradualismo ni dilaciones. Hay una convicción fundada: lo que no se impulse con decisión durante los primeros cien días de gobierno difícilmente podrá concretarse después.

Sin embargo, la viabilidad real de ese eventual mandato ciudadano no depende únicamente de la voluntad política del Ejecutivo ni del respaldo parlamentario que pudiera alcanzarse. Existe un tercer factor, muchas veces omitido en el debate público, pero decisivo para cualquier intento serio de recuperación del Estado de derecho: el funcionamiento del sistema judicial y de la persecución penal.

En materia de justicia, la interpelación debe ser directa y con nombre propio. El Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Mauricio Valencia Vásquez, es el jefe superior de todos los fiscales del país y el responsable de la conducción de la persecución penal. La ausencia de señales claras y visibles frente a irregularidades de alto impacto público plantea una pregunta legítima sobre el cumplimiento de su misión institucional.

Del mismo modo, la responsabilidad del Poder Judicial no puede diluirse. La Corte Suprema de Chile, a través de su Presidente en ejercicio y de su Pleno, es responsable de velar por la probidad, la disciplina interna y la credibilidad del sistema judicial.

En paralelo, resulta indispensable observar el tratamiento informativo que este proceso ha recibido en buena parte de los medios de comunicación. No se trata de imputar intencionalidad personal, sino de reconocer un patrón que erosiona la confianza ciudadana.

Este proceso se inscribe, además, en un contexto internacional más amplio. En distintos países emergen derechas diversas, pero coincidentes en ejes fundamentales: orden, soberanía, seguridad, defensa del Estado de derecho y cuestionamiento a organismos internacionales que han perdido legitimidad democrática.

El escenario que se abre no será fácil. Pero sí es claro: la ciudadanía ha elevado el estándar. Y esa exigencia no desaparecerá con el cierre de las urnas.

Atentamente,

Christian Slater E.
Coronel (R) de Ejército de Chile.

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