Elena Carvajal Gorosábel
El reciente acuerdo de reajuste salarial para 2026, firmado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, ha generado un profundo descontento entre los profesionales universitarios de la salud. Con un incremento general del 3,4%, muchos lo consideran indigno e ineficiente ante el contexto inflacionario actual.
La negociación no ha estado exenta de tensiones, ya que, aunque diez organizaciones firmaron el pacto, seis gremios clave —incluyendo la ANEF, el Colegio de Profesores y la Fenats— decidieron rechazar la oferta.
Gonzalo Calisto Alfaro, director de movilizaciones de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus), enfatiza que "esto no es un reajuste, sino una pérdida del poder adquisitivo". Según él, el IPC acumulado de 3,4% se traduce en un reajuste de solo 2% en diciembre y 1,4% en junio, lo que en términos prácticos significa que los trabajadores seguirán perdiendo valor en sus salarios.
Calisto Alfaro también critica la falta de presión por parte de la Mesa del Sector Público, señalando que "esta es una negociación fallida" debido a la falta de movilizaciones efectivas. Además, resalta que la mesa tardó en establecerse, comenzando en agosto de 2025, a pesar de las lecciones de años anteriores sobre la necesidad de un trabajo constante y continuo.
Finalmente, el dirigente advierte que esta situación deja a los trabajadores en una posición de estancamiento frente al creciente costo de vida, lo que subraya la urgencia de una revisión profunda en las estrategias de negociación del sector público.
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