
El Gobierno de Kast propone la revisión de mochilas y la inhabilidad para gratuidad, medidas clave para combatir la violencia en colegios.
Victor Manuel Arce Garcia
Entre las propuestas se encuentran la revisión obligatoria de mochilas, el fortalecimiento de la autoridad docente en situaciones de riesgo, sanciones efectivas por interrupción de clases y la inhabilidad permanente para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes sean condenados por delitos violentos. También se propone la prohibición de prendas que dificulten la identificación facial de los estudiantes, lo que facilitaría el control durante incidentes.
Paralelamente, el Jefe de Estado firmará otro proyecto del Ministerio de Seguridad que reforma el Código Penal. La nueva noticia importante es que cualquier crimen que ocurra en escuelas se considerará un agravante. Esto hará que las penas sean más severas y fortalecerá una actitud de cero tolerancia hacia la delincuencia escolar.
Este paquete de medidas es fundamental en el contexto actual de preocupación tras el reciente crimen en Calama, que ha llevado a al menos cinco colegios a suspender clases preventivamente. Las autoridades locales han reforzado protocolos de seguridad, pero reconocen que se requieren respuestas estructurales.
Desde el Gobierno se recalca que estas iniciativas son parte de un plan más amplio para recuperar la convivencia escolar. "No podemos permitir que la violencia afecte el derecho a aprender", afirmó el Presidente en reuniones preparatorias, según fuentes cercanas.
El proyecto también busca potenciar la formación docente en manejo de conflictos y facilitar herramientas jurídicas a los directivos. La medida sobre la inhabilidad para la gratuidad superior tiene como objetivo disuadir a jóvenes potencialmente involucrados en actos de violencia.
La oposición ya ha manifestado su intención de revisar con atención las nuevas normas, sobre todo en relación con la revisión de mochilas y las restricciones al vestuario, acusando que pueden ser "excesivas". No obstante, desde el oficialismo defienden que estas son herramientas necesarias para restaurar la tranquilidad en las aulas.
Con esta propuesta, el Gobierno de Kast busca cumplir una de sus máximas promesas de campaña: ordenar la educación pública y privada. La discusión legislativa promete ser tensa, pero es urgente en un clima de inseguridad que afecta a miles de estudiantes y profesores en Chile.


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