Victor Manuel Arce Garcia
El presidente de la República, José Antonio Kast, se sometió esta mañana a un examen de detección de drogas mediante una muestra de pelo en las instalaciones de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en Las Condes. Este procedimiento, que permite detectar el consumo de sustancias ilícitas en un periodo de hasta 90 días, es el primero que realiza Kast desde su asunción el 11 de marzo pasado. Durante su visita, el mandatario presentó un proyecto de ley para ampliar la obligatoriedad de estos exámenes a un número significativo de autoridades.
El nuevo marco legislativo, basado en la ley 21.806, busca incluir al Presidente de la República, parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, directivas de partidos políticos que reciben fondos públicos y candidatos a elecciones. Kast enfatizó que quienes deseen postular deben presentar un resultado negativo al momento de inscribir sus candidaturas. “Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico y crimen organizado, debemos asegurar que cualquier autoridad pública esté alejada de estas redes”, aseguró.
El presidente explicó que las modificaciones a la normativa actual tienen como objetivo corregir falencias detectadas, como la falta de presupuesto para la ejecución de los exámenes. Las propuestas incluyen estandarizar el test de pelo, garantizar el financiamiento, publicar los resultados en las páginas web oficiales a los 10 días y establecer una cadena de custodia estricta para asegurar la confiabilidad de las muestras. “Queremos que esto se haga de manera verificable, periódica y pública”, añadió.
Kast admitió que ni él ni algunos ministros habían realizado el examen anteriormente porque “se nos pasó”, pero aseguró que ahora se regularizarán. “Ninguno de nosotros tiene problemas”, sostuvo el Mandatario. Esta iniciativa se enmarca dentro de la agenda de transparencia y la lucha contra el narcotráfico que promueve su Gobierno. La ley vigente ya obliga a ministros, subsecretarios y altos directivos a realizar estos controles tanto al asumir como de manera periódica, aunque el Presidente estaba inicialmente excluido.
Con esta nueva propuesta, se busca extender la obligatoriedad de los controles a todo el poder público y a los partidos políticos, dando ejemplo y reforzando los estándares de probidad ante la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en la política. Se espera que el protocolo modificado esté operativo en un plazo de 30 días.
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