Más de 25 mil funcionarios públicos chilenos salieron del país durante licencias médicas, revelando un escándalo ético que sacude al Estado.
Chile20 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – La Contraloría General de la República ha hecho público un preocupante informe que expone un escándalo de corrupción en el sector público: entre 2023 y 2024, 25,078 funcionarios y trabajadores de entidades financiadas con recursos del Estado realizaron un total de 59,575 movimientos migratorios al extranjero mientras estaban con licencias médicas. Este hallazgo pone en cuestión la ética pública y la confianza en las instituciones estatales chilenas.
Las licencias médicas son un derecho que permite a los trabajadores ausentarse temporalmente por razones de salud. Sin embargo, la investigación revela que 35,585 licencias fueron potencialmente irregulares debido a que sus titulares viajaron al extranjero durante su período de reposo, con una duración promedio de 17.7 días. Este uso indebido destaca una falla en los mecanismos de control del Estado.
El informe revela que las irregularidades no se limitan a un solo sector. Diversas entidades públicas como ministerios, municipalidades, y universidades se encuentran involucradas. Entre las más afectadas están la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 2,280 licencias, la Fundación Integra con 1,934, y la Municipalidad de Arica con 719. La Universidad de Chile también se suma a esta lista con 352 licencias relacionadas con viajes internacionales.
La magnitud del problema se evidencia en casos extremos: 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes, y 51 superaron los 31 movimientos migratorios. En un caso singular, un trabajador del sector salud se autoconcedió una licencia médica específicamente para viajar al extranjero, un acto que podría catalogarse como fraude. Esto no solo refleja una grave falta de ética, sino que también sugiere la necesidad de una revisión exhaustiva de los controles internos en las instituciones.
En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5.145.997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen 1.231.362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período.
La inclusión de la Universidad de Chile en este escándalo es particularmente notoria. Como pilar académico, se ha autoerigido como un referente de ética pública y formación ciudadana. Sin embargo, con 352 licencias médicas vinculadas a viajes fuera del país, su imagen ha recibido un duro golpe. Esta situación plantea interrogantes sobre la coherencia entre su discurso y sus prácticas internas, especialmente cuando sus representantes han criticado a otros sectores por privilegios similares.
La falta de controles robustos y una aparente permisividad pueden dañar la credibilidad de la U. de Chile, que históricamente ha defendido la transparencia y la responsabilidad en la administración pública.
Este escándalo no se limita a los casos individuales; revela una crisis más amplia en la ética pública chilena. La Contraloría ha comprometido el envío de antecedentes al Ministerio Público y a la Superintendencia de Seguridad Social para investigar posibles infracciones. Además, se han iniciado sumarios internos para esclarecer si los viajes durante periodos de reposo constituyen infracciones a la normativa.
La crisis ética en el sector público no es nueva. Investigaciones previas han advertido sobre los problemas que enfrenta el sistema gubernamental chileno. Tras implementar doctrinas de Nueva Gestión Pública (NGP), muchos controles éticos han quedado desprotegidos, facilitando el abuso de procedimientos como las licencias médicas.
La falta de una fiscalización efectiva ha permitido que miles de funcionarios viajen al extranjero sin que se cuestione la validez de sus certificados médicos. Esto afecta no solo la confianza de los ciudadanos, sino que también podría tener un costo económico significativo, dado que muchas de estas licencias son pagadas con fondos públicos.
La revelación de este escándalo ha generado un aluvión de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Ciudadanos han expresado su indignación, acusando al gobierno de Gabriel Boric de una falta de control sobre el uso de los recursos públicos. Organizaciones como Chile Transparente han exigido reformas urgentes, proponiendo capacitaciones obligatorias en ética pública y sanciones más severas para quienes abusen de un sistema pronto a ser juzgado.
Sin embargo, la efectividad de estas organizaciones ha sido criticada, ya que muchos de sus representantes forman parte de comisiones gubernamentales sin impacto real en la política pública.
Desde la perspectiva de The Times en Español, el escándalo de las licencias médicas evidencia una crisis estructural dentro de la ética pública chilena. A pesar de su papel como entidad fiscalizadora, la Contraloría ha sido cuestionada por su enfoque formalista y la falta de prevención proactiva frente a estos abusos. Investigaciones como las del informado Probidad en Chile apuntan a la necesidad de priorizar controles de gestión en lugar de solo aspectos legales.
Desde un ángulo político, esta situación representa un desafío significativo para la administración de Gabriel Boric, quien ha prometido impulsar transparencia y probidad. La percepción de que funcionearios públicos han abusado de sus privilegios puede comprometer aún más la confianza en un gobierno que lucha por establecer su propia credibilidad.
El vínculo de la Universidad de Chile en este escándalo introduce una contradicción dentro del discurso de la izquierda chilena, que ha criticado a las élites por falta de rendición de cuentas. Este escándalo podría dar fuerza a las voces conservadoras que acusan a la izquierda de doble moral en cuestiones éticas.
A nivel estructural, la situación pone de relieve la necesidad de revisar los sistemas de control y formación en el sector público. Ejemplos internacionales, como Singapur, sostienen que la lucha contra la corrupción requiere una política de tolerancia cero y una fuerte inversión en la capacitación ética de funcionarios. En Chile, donde esos esfuerzos son prácticamente inexistentes, tanto las universidades como el Servicio Civil deben desempeñar un papel central.
El escándalo de las licencias médicas es un llamado de atención para el país. La Contraloría ha revelado un problema que va más allá de los simples viajes al extranjero: resalta una cultura de liviandad ética dentro del aparato estatal. La Universidad de Chile y otras instituciones deben rendir cuentas y liderar con el ejemplo. Para recuperar la confianza del público, es fundamental que el gobierno implemente reformas urgentes, fortalezca los controles y priorice la capacitación en ética pública. De lo contrario, este escándalo podría ser solo el inicio de una crisis mucho más profunda.
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