En Chile, miles de ciudadanos enfrentan hasta 30 llamadas diarias de empresas como Won, lo que ha desatado un enojo generalizado y cuestionamientos sobre la regulación del sector. ¿Qué acciones está tomando el gobierno para detener esta invasión?
Chile03 de julio de 2025
Lucía Rivas
Santiago, Chile, – En un país donde la tecnología debería simplificar la vida, miles de chilenos están lidiando con un acoso telefónico constante: las llamadas spam. Cada día, entre 20 y 30 interrupciones de números desconocidos, muchos de ellos del controversial Won, arruinan su tranquilidad, ofreciendo servicios no solicitados. Estas llamadas no deseadas han generado una ola de frustración en Santiago y otras ciudades, llevando a los ciudadanos a preguntarse: ¿quién regula este acoso y por qué sigue ocurriendo?
El fenómeno no se limita a Chile. Un informe de Truecaller indica que el país se encuentra entre los más afectados por las llamadas spam en América Latina, junto a Brasil y México, recibiendo millones de interrupciones anualmente. En 2024, se estimó que el 80% de los chilenos con teléfonos móviles recibió al menos una llamada indeseada al día, cifra que ha aumentado con la digitalización y el acceso a bases de datos personales. Empresas como Won, que operan en el sector financiero, son acusadas de recurrir a tácticas agresivas para captar clientes.
María González, profesora de 42 años en Santiago, comparte: “Es agotador. A veces recibo 10 llamadas antes del mediodía. Si no contesto, insisten hasta la medianoche. Mi teléfono marca ‘spam’, pero contesto por miedo a que sea algo importante”. Su experiencia refleja la angustia de miles que se sienten atrapados entre la necesidad de atender llamadas importantes y el bombardeo constante de ofertas indeseadas.
En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) son responsables de regular estas prácticas. Sin embargo, los ciudadanos sienten que las medidas son insuficientes. La Ley del Consumidor prohíbe comunicaciones comerciales sin consentimiento, pero las lagunas legales permiten que este acoso persista. “Las sanciones existen, pero son mínimas en comparación con los ingresos que estas empresas generan”, señala Javier Torres, abogado especializado en derecho del consumidor.
En 2023, el SERNAC recibió más de 15,000 denuncias relacionadas con llamadas spam, un aumento del 30% respecto al año anterior. No obstante, las multas no superan los 50 millones de pesos (aproximadamente 55,000 USD) por caso, cifras que no disuaden a empresas como Won, cuyo modelo se basa en contactar a miles de potenciales clientes diariamente.
La SUBTEL ha implementado un registro de números bloqueados, pero los spammers utilizan números rotativos y tecnología de spoofing para evadir los filtros. “Es como ponerle el cascabel al gato”. “La tecnología avanza más rápido que la regulación”.
Las consecuencias de estas llamadas no deseadas van más allá de la irritación. Psicológicamente, se han documentado niveles altos de estrés crónico debido a estas interrupciones. “Recibir tantas llamadas afecta la productividad y el bienestar mental”, advierte la psicóloga Claudia Ramírez, de Santiago. “Las personas sienten que pierden el control sobre su privacidad”. Las llamadas, además, llegan a ancianos, quienes son más susceptibles a las estafas disfrazadas de ofertas legítimas.
El descontento se hace eco en redes sociales, donde usuarios comparten capturas de sus teléfonos marcados como “spam”. Un comentario dice: “No puedo más con Won. ¿Quién les dio mi número? ¡Esto es una invasión!”. Otro agregó: “El gobierno debería protegernos, pero parece que nadie hace nada”. Estas quejas reflejan un sentimiento generalizado de indefensión.
Otros países como Estados Unidos han implementado medidas más estrictas, incluyendo multas elevadas y requisitos para que las empresas telefónicas instalen sistemas anti-robocalls. Desde 2021, la tecnología STIR/SHAKEN ha disminuido notablemente las llamadas fraudulentas allí, aunque no las ha erradicado por completo. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone sanciones severas a las empresas que usan datos personales sin consentimiento, un modelo que Chile podría adoptar.
“Chile necesita una ley específica para el manejo de datos personales en telecomunicaciones”, “Sin regulación adecuada, las empresas seguirán explotando la falta de control”. Un proyecto de ley sobre protección de datos está en discusión en el Congreso, pero su avance ha sido lento, generando críticas de los ciudadanos.
El creciente descontento por las llamadas spam se traduce no solo en un problema de consumo, sino que también tiene implicaciones políticas. En un contexto de desconfianza institucional, la percepción de inacción del gobierno refuerza el sentimiento de abandono. Los partidos de oposición han comenzado a capitalizar este descontento, acusando al gobierno de Gabriel Boric de no proteger los derechos de los consumidores.
En las elecciones municipales de 2024, candidatos en Santiago y Valparaíso prometen endurecer regulaciones contra las llamadas no deseadas, aunque pocos presentan propuestas concretas. “Es un tema que conecta con la gente porque todos lo sufrimos”, asi “El gobierno que logre resolver esto ganará capital político”.
El problema de las llamadas spam va más allá de la incomodidad diaria; es un síntoma de problemas estructurales en Chile. En un país con un historial reciente de protestas sociales, la incapacidad del gobierno para abordar un problema que afecta a millones refuerza la noción de una élite política desconectada. La administración de Gabriel Boric, que llegó al poder con promesas de cambio, enfrenta un desafío crucial: demostrar su capacidad de respuesta ante problemas que aunque parecen menores, impactan profundamente la calidad de vida de los ciudadanos.
La lentitud en la aprobación de una ley de protección de datos también muestra las dificultades del sistema político chileno para adaptarse a los retos de la era digital. Mientras países de la Unión Europea avanzan en regulaciones, Chile permanece rezagado, permitiendo que empresas como Won operen en un vacío legal que prioriza sus intereses comerciales sobre los derechos de los consumidores.
Abordar este problema no es solo cuestión de política interna, sino que representa una oportunidad para liderar en la región. En última instancia, el desafío de las llamadas no deseadas es una prueba para el gobierno de Boric. Resolverlo requerirá no solo voluntad política, sino una coordinación efectiva entre el SERNAC, la SUBTEL y el Congreso. Ignorar este problema podría llevar a un alto costo electoral, especialmente en un clima de desconfianza institucional.
Si quieres dejar de recibir molestias, contacta a Won. También puedes solicitar la baja de tu teléfono y, en un plazo de 7 días, deberían eliminar tus datos de su base de datos. Puedes hacerlo haciendo clic aquí.
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