En medio de la investigación por fraude al fisco que involucra a Alberto Larraín, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha decidido recurrir a la justicia.
Chile03 de julio de 2025
Irmina Herrera
El alcalde Sebastián Sichel ha tomado acción judicial contra Roberto Conejeros González, conocido en X como @RobertoMerken. Este usuario fue responsable de sugerir vínculos entre Sichel y Alberto Larraín, el actual blanco de una fuerte investigación por eventual fraude al fisco.
El detonante fue una reciente entrevista en un canal de televisión, donde Sichel afirmó: "Está claro que hay un mecanismo para defraudar al fisco." La polémica se intensificó cuando Conejeros compartió una imagen que muestra a Sichel y Larraín juntos, acompañada de mensajes que Larraín había manifestado sobre el alcalde: "Nos conocemos hace muchos años".
Conejeros, utilizando su plataforma, abordó directamente a Sichel. En su mensaje, interrogó: "¿Qué haces en televisión si no has aclarado tu vínculo con Larraín?" A lo que añadió que el edil solo busca vincularlo con casos de corrupción, creando una imagen negativa ante la opinión pública.
Para Sichel, esta es una jugada deliberada que busca presentarlo como alguien implicado en un delito grave y reñido con la moralidad. En su querella, el alcalde exige que Conejeros sea condenado por injurias graves, solicitando una pena de 540 días de cárcel y una multa de 10 UTM. Adicionalmente, ha pedido que Conejeros sea obligado a cubrir las costas legales.
Frente a la acción judicial, Conejeros expresó que la querella de Sichel representa un intento de silenciarlo por "pensar distinto". "No estoy dispuesto a exponer a mi familia a amenazas", afirmó, aludiendo a la cultura del miedo que enfrentan los críticos en Chile.
Conejeros, representado por el abogado de derechos humanos Fernando Leal, busca proteger su voz en el contexto del abuso de poder que, según él, persiste en el país. "En la historia de Chile, quienes no tienen poder han vivido bajo la amenaza de aquellos que sí lo poseen", agregó, reflejando el clima de tensión política vigente.
La situación no solo es un conflicto personal entre el alcalde y Conejeros. La narrativa más amplia implica la reacción de la clase política chilena a las voces disidentes en las redes sociales, y cómo estas pueden ser utilizadas como herramientas de control social. Observamos un panorama donde el debate sobre la transparencia en la política y el uso de las plataformas digitales para el activismo toma un rol central.
Este incidente no es solo un episodio aislado entre un político y un tuitero; refleja el creciente conflicto entre la opinión pública y la clase política en Chile. En un entorno donde la opacidad en la administración gubernamental ha llevado a múltiples denuncias de corrupción, la respuesta de Sichel podría interpretarse como un intento de desviar la atención de sus propios vínculos pasados con Larraín.
El uso de querellas por injurias ha sido una táctica común entre políticos que buscan silenciar a críticos o detractores. Este caso específicamente también toca el tema de la libertad de expresión, un derecho fundamental que podría estar en peligro cuando figuras de alto perfil optan por la vía legal en lugar del debate público.
Los efectos de esta querella trascienden al ámbito personal, cuestionando las dinámicas de poder y la posibilidad de un debate abierto en el país. Mantener la transparencia y responsabilidad en el gobierno es esencial, y es un tema que sigue resonando en las conversaciones políticas de Chile, a medida que el país enfrenta importantes elecciones y decisiones legislativas que impactan a todos sus ciudadanos.
El conflicto entre Sebastián Sichel y Roberto Conejeros es un claro reflejo de las tensiones que marcan la política chilena actual. Con un trasfondo de corrupción y una ciudadanía cada vez más activa en plataformas digitales, los próximos meses podrían ser decisivos para determinar cómo se manejarán las críticas en el ámbito político y qué peso tendrá la libertad de expresión frente a las estrategias represivas.
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