Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile Domingo, 6 de abril de 2025- El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago volvió a ser el epicentro de la crisis migratoria chilena esta semana. Un grupo de haitianos, venezolanos, colombianos y peruanos aterrizó con documentación cuestionable o intenciones de reunificación familiar, desafiando los controles migratorios y reavivando un debate que lleva años sin resolverse. No es un caso aislado: desde pasos clandestinos en el norte hasta vuelos chárter mal regulados, Chile enfrenta un flujo migratorio diverso que incluye a haitianos escapando del caos político, venezolanos huyendo de la debacle económica y colombianos o peruanos en busca de estabilidad. ¿Qué puede hacer el gobierno para frenar esta ola sin perder de vista la humanidad?
La Ley de Migración y Extranjería (2021) prometió orden, con visas consulares y controles fronterizos más estrictos. Sin embargo, la realidad sigue siendo otra: redes de tráfico operan con impunidad, los aeropuertos son puertas vulnerables y el RUT provisorio —que permite trabajar y acceder a servicios— actúa como un imán para quienes logran pisar suelo chileno. El gobierno de Gabriel Boric, en su tercer año, está en la encrucijada: endurecer las medidas sin caer en la xenofobia o abrir canales legales sin parecer permisivo. Aquí, un análisis de las opciones sobre la mesa.
El gobierno tiene el desafío de responder a una migración diversa que no se limita a los haitianos, sino que abarca a múltiples nacionalidades con motivaciones distintas. Si bien el refuerzo fronterizo y las visas consulares han sido un avance, su impacto es limitado frente a la magnitud del fenómeno. La facilidad con que haitianos, venezolanos y otros acceden al mercado laboral y a servicios con un RUT provisorio actúa como un imán que el Ejecutivo no ha sabido contrarrestar. La falta de sanciones efectivas a redes de tráfico y la poca cooperación regional agravan el problema. Una estrategia efectiva debería combinar control con integración, evitando que la percepción de desorden alimente tensiones sociales, pero también reconociendo la contribución de estos migrantes a la economía chilena.
La migración haitiana ha crecido desde 2017, pero los venezolanos lideran los flujos irregulares, con más de 400.000 residentes estimados en Chile según el INE (2023). Colombianos y peruanos, por su cercanía geográfica, también engrosan las cifras, a menudo cruzando por pasos no habilitados en el norte o llegando en vuelos con documentación dudosa. Casos como el del aeropuerto replican incidentes previos, como la devolución de menores haitianos en 2023 o las caravanas venezolanas en Colchane en 2021, evidenciando un patrón que требует acción más allá de medidas aisladas.
El Ministerio de seguridad pública e interior y la PDI deben reforzar la vigilancia en terminales aéreas clave como Santiago, con tecnología de escaneo avanzada y multas ejemplares a aerolíneas que transporten pasajeros sin papeles en regla. Los vuelos desde Haití, Venezuela o Colombia merecen especial atención.
Una fuerza especial del Ministerio de Justicia, en alianza con Interpol, podría desmantelar las organizaciones que lucran con haitianos, venezolanos y otros, cobrando miles de dólares por traslados irregulares. La clave está en rastrear el dinero y cerrar rutas aéreas y terrestres explotadas.
El Ministerio de Hacienda y el Registro Civil podrían exigir un filtro más estricto para su entrega, restringiendo beneficios como subsidios no esenciales hasta que se regularice el estatus migratorio, sin tocar derechos básicos como salud o educación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que presionar a Haití, Venezuela, Colombia y Perú para que controlen la salida de sus ciudadanos y compartan datos sobre traficantes. Campañas en esos países, alertando sobre los riesgos de migrar ilegalmente a Chile, serían un complemento.
El gobierno podría lanzar un programa de visas humanitarias y laborales, accesible para haitianos, venezolanos y otros, con requisitos claros pero alcanzables. Esto reduciría la desesperación que alimenta las rutas clandestinas.
Chile está en un punto de inflexión. Las medidas actuales —controles fronterizos y visas— no han detenido a los 35.000 irregulares que cruzaron en 2023 (PDI), ni a los que llegan por aire como esta semana. Exigir solvencia y hospedaje podría filtrar a quienes vienen sin plan, pero arriesga ser visto como elitista en un contexto de crisis humanitarias. Reformar visas con requisitos extremos reduciría ingresos, aunque chocaría con la realidad de países como Haití o Venezuela, donde obtener documentos es un calvario
.
El gobierno debe medir el costo político: endurecer demasiado puede alienar a sectores progresistas, pero la percepción de descontrol ya alimenta la derecha y el rechazo social. La clave está en atacar a los traficantes —que mueven millones— y regular el RUT, hoy un incentivo involuntario. Sin cooperación regional ni sanciones efectivas a aerolíneas, estas medidas serán solo un grito en el desierto. Chile no puede ser un “sálvese quien pueda” ni un muro infranqueable.
“Si no saben dónde dormir o cómo vivir, ¿por qué los dejan entrar?”, pregunta un taxista en el aeropuerto. El INE estima que venezolanos (400.000) y haitianos (100.000) lideran la migración, seguidos por colombianos y peruanos. CIPER Chile alerta que el 70% de irregulares trabaja en la informalidad, un círculo que las medidas propuestas buscan romper.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
