A solo 24 horas de una reñida segunda vuelta presidencial, el presidente Daniel Noboa sorprendió a Ecuador con un nuevo estado de excepción, el noveno desde que asumió el poder en 2023. La medida, que suspende derechos fundamentales en varias provincias, llega en un contexto de inseguridad galopante y polarización extrema. The Times en Español analiza las implicaciones de un decreto que pone en jaque la democracia en un momento decisivo.
Latam12 de abril de 2025
The Times en Español
Quito, Ecuador — El decreto firmado por Daniel Noboa el 12 de abril de 2025, que impone un estado de excepción por 60 días, marca un punto de inflexión en una presidencia marcada por la crisis. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023 tras elecciones anticipadas, Noboa, un empresario conservador de 37 años, ha gobernado un Ecuador sacudido por la violencia del narcotráfico, el colapso energético y desastres ambientales. Su decisión de suspender derechos fundamentales —como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la circulación— en la víspera de las elecciones del 13 de abril ha encendido alarmas sobre sus intenciones políticas.
Ecuador enfrenta una encrucijada electoral. Más de 13.7 millones de ciudadanos decidirán si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o si entregan el poder a Luisa González, candidata del correísmo, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Las encuestas, antes del silencio electoral iniciado el 11 de abril, muestran un empate técnico, con márgenes inferiores al 2%, según Cedatos. Esta polarización refleja no solo diferencias ideológicas, sino un hartazgo colectivo ante la inseguridad: en 2024, Ecuador registró 38 homicidios por cada 100,000 habitantes, una mejora respecto al récord de 48 en 2023, pero aún el índice más alto de América Latina, según Insight Crime.
Noboa ha justificado el estado de excepción como una respuesta al crimen organizado, que ha transformado provincias como Guayas y Manabí en epicentros de violencia. Su plan “Fénix”, lanzado en enero de 2024 tras declarar un “conflicto armado interno”, desplegó 100,000 efectivos y logró la captura de líderes de bandas como Los Choneros. Sin embargo, la oposición, encabezada por González, lo acusa de usar la seguridad como pretexto para consolidar poder, señalando los 80,000 detenidos bajo el estado de excepción, muchos sin cargos formales, según Amnistía Internacional.
El escenario internacional también juega un papel. Noboa ha fortalecido lazos con Estados Unidos, reactivando acuerdos militares y abogando por bases extranjeras, una medida rechazada por el correísmo, que la considera una traición a la soberanía. Mientras tanto, la región observa con cautela: gobiernos como el de Colombia y Perú han reforzado sus fronteras ante el temor de que la inestabilidad ecuatoriana desborde.
El decreto ejecutivo, anunciado el sábado 12 de abril, afecta a siete provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos—, la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, Quito, dos cantones y todas las cárceles del país. Entre las medidas destaca un toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m. en 22 ciudades, la militarización de puntos estratégicos y el cierre de fronteras terrestres con Colombia y Perú para “prevenir atentados”, según el gobierno. Además, 1,800 reservistas fueron movilizados para reforzar la seguridad en los 4,000 recintos electorales.
El timing del decreto ha generado indignación. A horas de una elección que definirá el rumbo del país, la suspensión de derechos como la libertad de reunión y circulación plantea dudas sobre la libertad del proceso. “Esto no es seguridad, es intimidación”, denunció González en un video publicado en X el 12 de abril, antes del silencio electoral. Noboa, por su parte, defendió la medida en un breve mensaje televisado, asegurando que “el crimen no vota, pero tampoco descansa”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, ha intentado calmar las aguas. Tras denuncias de irregularidades en la primera vuelta, descartadas por observadores de la Unión Europea y la OEA, el CNE prohibió el uso de celulares en las urnas y prometió resultados transparentes. Sin embargo, la decisión de Noboa de declarar feriados el Jueves y Viernes Santo, sumados al fin de semana electoral, ha sido interpretada como un intento de desmovilizar votantes en zonas urbanas, donde González tiene ventaja.
La campaña misma ha sido un campo de batalla. Noboa ha sido acusado de abuso de poder por usar recursos públicos para promover su gestión, incluyendo actos oficiales retransmitidos como propaganda. González, en cambio, ha prometido programas sociales y una “seguridad con dignidad”, pero enfrenta el rechazo de quienes asocian el correísmo con la corrupción de la década pasada. La violencia también marcó la contienda: el asesinato de un candidato local en Esmeraldas el 5 de abril y un atentado frustrado en Guayaquil elevaron la tensión.
La respuesta al decreto ha sido visceral. En Quito, decenas de manifestantes intentaron protestar el sábado, pero fueron dispersados por la policía, lo que avivó críticas en redes sociales. “Noboa quiere ganar con miedo”, escribió un usuario en X, reflejando el sentir de muchos. En Guayaquil, sin embargo, sectores empresariales respaldaron la medida. “Sin seguridad, no hay progreso”, dijo Juan Carlos Díaz, presidente de la Cámara de Comercio, a The Times en Español.
La comunidad internacional también está dividida. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó “confianza” en las elecciones, pero evitó comentar el estado de excepción. En contraste, la relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, advirtió que “restringir derechos en vísperas de una votación es una señal alarmante”. Organizaciones locales, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, denunciaron que el toque de queda podría limitar la fiscalización electoral por parte de observadores independientes.
González, desde su búnker en Durán, llamó a la ciudadanía a “votar con valentía”. Sus seguidores ven en el decreto una maniobra desesperada de Noboa, quien, según sondeos internos filtrados antes del silencio electoral, estaría un punto por debajo. El correísmo, ausente del poder desde 2017, apuesta por capitalizar el descontento con la crisis energética —que dejó cortes de luz de hasta 12 horas diarias en 2024— y el desempleo, que afecta al 5.2% de la población, según el INEC.
El estado de excepción de Noboa no es solo una medida de seguridad: es una jugada política que pone a prueba los límites de la democracia ecuatoriana. Según un análisis exclusivo de The Times en Español, el presidente busca proyectar fuerza en un momento de debilidad, consciente de que su reelección depende de convencer a un electorado agotado por la violencia. Sin embargo, al suspender derechos fundamentales, arriesga legitimar acusaciones de autoritarismo y alienar a votantes indecisos.
El contexto no podría ser más delicado. Ecuador, que en 2023 era un modelo de estabilidad relativa en la región, se ha convertido en un campo de batalla del narcotráfico, con cárteles mexicanos y colombianos operando en su costa. El plan “Fénix” ha tenido éxitos tácticos, pero su costo —8,000 millones de dólares en 2024, según el Ministerio de Finanzas— es insostenible sin reformas estructurales. Noboa, hijo de un magnate y percibido como inexperto, ha intentado llenar ese vacío con gestos audaces, pero su ruptura con la vicepresidenta Verónica Abad y su desafío a la Corte Constitucional revelan una inclinación por el poder personalista.
Para González, el decreto es una oportunidad y un riesgo. Puede galvanizar a su base al presentarse como víctima de un “golpe blando”, pero también enfrenta el rechazo de quienes temen un regreso al correísmo, asociado con escándalos como el de Odebrecht. The Times en Español considera que, gane quien gane, el vencedor heredará un país fracturado, donde la reconciliación será tan urgente como la seguridad. La pregunta es si Ecuador puede permitirse más polarización sin deslizarse hacia un autoritarismo más profundo.
El decreto de Noboa podría tener consecuencias duraderas. Si gana las elecciones, su uso repetido de estados de excepción —nueve en 17 meses— podría normalizar la suspensión de derechos como herramienta de gobernanza, erosionando la democracia. Si pierde, el correísmo enfrentará el desafío de desmantelar un aparato securitario que ha ganado apoyo popular, especialmente en zonas urbanas.
A nivel regional, la crisis ecuatoriana envía una señal inquietante. Países como Colombia y Perú, que enfrentan sus propios problemas con el narcotráfico, podrían verse tentados a imitar el modelo de Noboa, priorizando la represión sobre el desarrollo social. Internacionalmente, la relación con Estados Unidos, que ha enviado 200 millones de dólares en asistencia militar desde 2024, podría intensificarse, pero a costa de críticas de organismos como la CIDH.
El estado de excepción de Daniel Noboa, decretado en la víspera de unas elecciones históricas, es un reflejo de un país atrapado entre el miedo y la esperanza. Mientras los ecuatorianos acuden a las urnas bajo la sombra del toque de queda, el mundo observa un proceso que definirá no solo el futuro de Ecuador, sino el equilibrio entre seguridad y libertad en la región.
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