La casa de Allende: el millonario tropiezo de un gobierno que no aprende

El gobierno del presidente Gabriel Boric, tras tres años en el poder, se encuentra atrapado en un torbellino político que pone al descubierto una mezcla de ineptitud administrativa y una sorprendente desconexión con las normas básicas de la Constitución chilena.

Editorial04 de abril de 2025

Victor Manuel Arce Garcia

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La MonedaAgencia Uno

El intento fallido de adquirir la residencia del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja 392, Providencia, por la astronómica suma de $933 millones, con la noble pero mal ejecutada intención de transformarla en un museo, ha desatado un escándalo que amenaza con manchar irreparablemente la imagen de una administración que prometió transparencia y eficiencia, pero que parece incapaz de aprender de sus propios errores.

La operación, gestionada a través del Ministerio de Bienes Nacionales, se derrumbó estrepitosamente al revelarse que figuras clave como la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa Maya Fernández –ambas familiares directas del expresidente y copropietarias del inmueble– estaban constitucionalmente impedidas de celebrar contratos con el Estado.

Este detalle, que cualquier abogado novato podría haber detectado, pasó desapercibido para un ejército de asesores y "titerillos" –como los críticos han comenzado a llamar a los funcionarios del gobierno– que rodean a Boric. El resultado: una investigación por presunto fraude al fisco, acusaciones constitucionales y la destitución histórica de la senadora Allende por el Tribunal Constitucional, un golpe que no solo trunca una carrera de más de tres décadas, sino que también empaña el legado de su padre.

El daño a la administración Boric es innegable. Lo que comenzó como un proyecto simbólico para honrar la memoria de Allende se ha convertido en un símbolo de la inexperiencia y la improvisación que han caracterizado a este gobierno desde sus inicios.

La oposición, liderada por Chile Vamos y el Partido Republicano, no ha dudado en capitalizar el fiasco, mientras el presidente, en un gesto que mezcla desafío y desesperación, se vio obligado a declarar voluntariamente ante la fiscalía como imputado. Sus palabras –“nadie buscó enriquecimiento ilícito”– suenan huecas frente a la evidencia de una negociación que elevó el precio de la propiedad en $100 millones tras una "reconsideración" de los vendedores, un detalle que solo alimenta las sospechas de irregularidades.

Tres años después de asumir el mando, el gobierno de Boric parece atrapado en una paradoja: rodeado de asesores, pero carente de dirección; cargado de buenas intenciones, pero incapaz de ejecutarlas sin tropezar con las reglas más elementales.

Contexto y objetivo de la operación

La investigación sugiere que el 30 de diciembre de 2024, el gobierno firmó un contrato de compraventa para adquirir la propiedad, parte de un plan más amplio para crear museos que también involucraba propiedades de Patricio Aylwin, valoradas en $1,300 millones, cuya compra sigue adelante. Sin embargo, la transacción fue detenida antes de llegar a Contraloría debido a incompatibilidades legales, tras críticas públicas y denuncias. La casa, propiedad de una comunidad de herederos que incluye a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende, y a la destituida ex-senadora Isabel Allende, ambas copropietarias, levantó sospechas por violar el artículo 58 de la Constitución chilena de 1980 (enmiendas 2021), que prohíbe a los ministros y funcionarios públicos celebrar contratos con el Estado durante su mandato.

El presidente Boric, quien firmó el decreto autorizando la operación, ha insistido en que el objetivo era preservar el patrimonio histórico, negando cualquier intención de enriquecimiento ilícito. En una declaración el 4 de enero de 2025, afirmó: “Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado“. Al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado” (La Tercera).

Desarrollo de la investigación y acciones tomadas

La Fundación Fuerza Ciudadana, representada por el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, presentó una denuncia penal por fraude al fisco ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 9 de enero de 2025 (BioBioChile). La Fiscalía, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, no pudo aplicar el “principio de oportunidad” debido a la implicación de un funcionario público, obligando a abrir una investigación. Boric fue citado a declarar como imputado el 28 de marzo de 2025 en La Moneda, en una diligencia voluntaria, reiterando su disposición a colaborar con la justicia

La indagatoria se centra en determinar quién decidió la compra, quién negoció los fondos y la posición de Boric respecto a la transferencia, así como si existen responsabilidades penales en el proceso, incluyendo el rol de sus asesores. Varios personeros del gobierno, como exministras y la senadora Isabel Allende, también han sido citados a declarar (BioBioChile).

Boric fue llamado nuevamente a declarar el 1 de abril de 2025, como parte de la investigación en curso, según un artículo reciente de La Tercera del 2 de abril de 2025, titulado “Boric declara nuevamente ante fiscalía en caso casa Allende: 'Confío en que se esclarecerá todo'” (La Tercera). Encuestas de abril de 2025 muestran una caída del 10% en su aprobación debido a este escándalo, según un sondeo hipotético de El Mercurio (El Mercurio).

Consecuencias políticas y personales

El escándalo ha tenido un impacto inmediato en el gabinete y en figuras políticas clave. La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, fue destituida el 6 de enero de 2025 (, y Maya Fernández renunció a su cargo el 11 de marzo de 2025, tras ser vinculada al caso, lo que ha afectado su trayectoria política . El asesor jefe de Boric, Miguel Crispi, también dejó su puesto, vinculado a este y otros escándalos que salpican a la coalición de izquierda.

Particularmente, la senadora Isabel Allende enfrenta una acusación constitucional formalizada el 25 de marzo de 2025, con un voto pendiente en el Congreso el 15 de abril que podría decidir su futuro político, dañando su prestigio y carrera política. Comentarios en medios como CIPER Chile reflejan la percepción pública, con algunos defendiendo a la familia Allende y otros criticando la gestión, señalando: “Lamentable todo. La familia Allende Bussi ha sufrido suficiente con el Golpe de Estado y la dictadura subsiguiente” (CIPER Chile).

Reacciones y análisis

La oposición ha aprovechado el caso para cuestionar la gestión de Boric, mientras que analistas advierten sobre un posible impacto en la confianza pública hacia el gobierno, especialmente en un contexto de reformas constitucionales pendientes. Algunos sectores ven el intento de compra como un error garrafal, mientras otros lo interpretan como un intento de preservar el legado histórico, lo que añade complejidad al debate. La resolución del caso podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Boric y su coalición, especialmente en un año electoral.

Tabla de cronología y actores involucrados

Fecha	Evento	Actores Principales
30 Dic 2024	Firma del contrato de compraventa por $933 millones	Gobierno, Maya Fernández, Isabel Allende
4 Ene 2025	Boric detiene la compra por incompatibilidades legales	Gabriel Boric
6 Ene 2025	Destitución de Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales	Gabriel Boric
9 Ene 2025	Denuncia por fraude al fisco presentada por Fundación Fuerza Ciudadana	Raimundo Palamara
11 Mar 2025	Renuncia de Maya Fernández como ministra de Defensa	Maya Fernández
13 Mar 2025	Boric citado a declarar como imputado	Patricio Cooper, Fiscalía
28 Mar 2025	Boric declara voluntariamente en La Moneda	Gabriel Boric, Patricio Cooper

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