Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile, 13 de junio de 2025, 11:02 AM -04 – En medio de un clima de creciente preocupación sobre la libertad de expresión en Chile, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha expresado su firme oposición a la iniciativa conocida como “Ley Mordaza 2.0”. Esta propuesta legislativa, impulsada por un grupo variado de senadores, busca establecer sanciones penales, incluidas penas de cárcel, para quienes divulguen información sobre investigaciones penales reservadas. En una agitada entrevista con Tele13 Radio, Elizalde afirmó: “El gobierno no va a promover ninguna iniciativa que implique atentar contra la libertad de expresión”, fortaleciendo su rol como defensor de los principios democráticos.
La iniciativa, aclamada por algunos y temida por otros, ha sido calificada de “retroceso democrático” por la Federación de Medios de Chile, que advierte que podría acotar la labor periodística al restringir el acceso a información crucial que ha destapado escándalos de corrupción y abusos de poder en el país. “La libertad de expresión es esencial a la democracia”, enfatizó Elizalde, subrayando que cualquier restricción debe ser cuidadosamente pensada para no vulnerar derechos fundamentales.
Los senadores detrás de la propuesta —Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)— argumentan que hay un impacto negativo en la privacidad de las personas bajo investigación. Sin embargo, organizaciones de prensa afirman que la medida podría obstaculizar investigaciones esenciales para la rendición de cuentas.
Elizalde ha hecho un llamado a los medios a autorregularse, sugiriendo que evalúen cuidadosamente qué información deba ser divulgada. “No puede haber el mismo tratamiento para quienes tienen acceso a esta información en virtud de sus funciones, como fiscales o jueces, y los medios de comunicación”, puntualizó. Este enfoque refleja una búsqueda de equilibrio entre proteger la privacidad y garantizar el derecho a informar.
La historia de Chile con la libertad de expresión es compleja, marcada por la censura y represión durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Aunque la recuperación de la democracia ha permitido avances significativos, ciertos artículos del Código Penal aún permiten limitaciones a la libertad de información, lo cual es motivo de preocupación para muchos.
Organismos internacionales como Human Rights Watch han alertado sobre las implicancias de normativas que pueden ser utilizadas para intimidar a periodistas. La “Ley Mordaza 2.0” ha reavivado los temores sobre un posible retorno a estas prácticas restrictivas.
Desde Santiago, Elizalde enfatiza que es necesario castigar las filtraciones de información sensible por parte de funcionarios, pero señala que los medios deben ser tratados de manera diferente. “La finalidad de una investigación no es conocer la vida privada de una persona, sino determinar si cometió o no un delito”, destacó el ministro.
La discusión sobre la “Ley Mordaza 2.0” no es un fenómeno aislado en América Latina. Países como Brasil, Argentina y México han enfrentado debates sobre la regulación de la prensa y las filtraciones judiciales. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia en México ha sido criticada por imponer restricciones al acceso a información judicial, afectando la libertad de expresión.
Organizaciones internacionales han instado a los gobiernos a priorizar La libertad de prensa como un pilar de la democracia. La propuesta de leyes que penalizan la difusión de información pública puede tener un impacto inhibitorio en el periodismo investigativo, esencia en la rendición de cuentas.
Por The Times en español
La oposición de Álvaro Elizalde a la “Ley Mordaza 2.0” refleja la complicada posición del gobierno de Gabriel Boric en un contexto político polarizado. Por un lado, el Ejecutivo busca consolidar su imagen como defensor de los derechos humanos y la democracia, mientras que por otro lado, debe lidiar con un Congreso fragmentado en el que sectores diversos apoyan esta iniciativa.
El gobierno se enfrenta a un dilema: defender la libertad de expresión podría deteriorar su relación con partes de la oposición que buscan más regulación, mientras que someterse a esta presión podría desilusionar a su base progresista. La postura que adopte Elizalde sobre esta y futuras iniciativas similares será crucial para su administración.
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