Líderes mapuches instan a Boric a acelerar medidas de la Comisión para la Paz, pero alertan sobre riesgos de polarización en la consulta indígena.
Chile24 de mayo de 2025
Lucía Rivas
Santiago, Chile – En un contexto de tensiones históricas, líderes mapuches han hecho un llamado urgente al presidente Gabriel Boric para que acelere la implementación de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada en 2023. Este organismo tiene como objetivo alcanzar soluciones políticas al conflicto territorial en el sur de Chile. No obstante, los líderes indígenas han expresado su preocupación de que la consulta indígena propuesta podría exacerbar la polarización entre las comunidades si no se gestiona adecuadamente.
Los líderes han solicitado que este tema sea prioritario en la Cuenta Pública del 1 de junio y en la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Originarios el 21 de junio, exigiendo avances concretos.
La Comisión para la Paz y el Entendimiento, presentada por Boric en el Palacio de La Moneda en 2023, entregó su informe final el 6 de mayo de 2025 tras 22 meses de trabajo. Este documento, elaborado por ocho comisionados —cuatro de ellos de origen mapuche— incluye 21 recomendaciones organizadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, restitución de tierras, desarrollo territorial y garantías de implementación.
Entre las propuestas más relevantes se destacan el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la creación de un Consejo de Pueblos, así como un fondo de 4.000 millones de dólares para la restitución de tierras. Sin embargo, persisten dudas sobre su financiamiento.
Voces prodiálogo dentro de la comunidad mapuche, como el werken Galvarino Reiman, han calificado el informe como “parcialmente positivo”, pero han advertido sobre la necesidad de que se pase de las palabras a los hechos. "Después de estudiar los contenidos en materia de tierras, confiscación del territorio y derechos sociales, tengo una opinión relativamente positiva”, indicó Reiman en un conversatorio organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
A pesar de ello, enfatizó la necesidad de una consulta indígena bien estructurada, advirtiendo que si las comunidades no están preparadas, esto podría llevar a tensiones internas. “Si nuestra gente no está preparada, puede llevar a una situación confrontacional interna”, puntualizó.
El académico Salvador Millaleo, quien participó en el mismo conversatorio, también destacó que el informe aborda demandas históricas como la restitución de tierras, pero expresó su preocupación por la falta de claridad respecto al financiamiento del fondo propuesto. “No dice con mucha claridad cómo se va a generar la base de financiamiento”, comentó Millaleo, generando incertidumbre sobre la implementación de las medidas recomendadas.
Los líderes mapuches insisten en la necesidad de que Boric lleve a cabo negociaciones prelegislativas con los partidos políticos para asegurar el respaldo a los proyectos de ley que se enviarán al Congreso, buscando evitar el estancamiento de las iniciativas.
El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es de larga data, exacerbado por la Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, que despojó a las comunidades de aproximadamente el 95% de su territorio ancestral. Desde la década de 1990, la región conocida como Wallmapu ha sido escenario de protestas, tomas de predios y episodios de violencia tanto por parte de grupos radicalizados como de fuerzas estatales y civiles.
La militarización de la zona, iniciada en 2021 bajo el estado de excepción, ha sido objeto de críticas por parte de organismos como la ONU, que han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la discriminación hacia los mapuches.
La Comisión para la Paz, liderada por el subsecretario del Interior Víctor Ramos, busca una salida política a este conflicto a través de un enfoque que incluye a mapuches y no mapuches, así como a víctimas de la violencia y actores políticos diversos. Sin embargo, la falta de consenso en el informe y la ausencia de figuras de la derecha en su entrega reflejan las tensiones políticas en un año electoral. La candidata presidencial Evelyn Matthei criticó el informe por no calificar actos de violencia como terrorismo y cuestionó la capacidad de la restitución de tierras para asegurar la paz.
Los líderes mapuches han enviado un mensaje claro a Boric: el asunto debe ser abordado en la Cuenta Pública y el Día Nacional de los Pueblos Originarios con avances visibles. “Necesitamos que el tema esté presente y muestre avances”, aseguró la abogada Rosa Catrileo, también participante en el conversatorio.
Esta exigencia responde a la percepción de que iniciativas pasadas, como el Plan Araucanía de Sebastián Piñera, no lograron resolver demandas estructurales por falta de continuidad y diálogo intercultural.
Además, se requiere una consulta indígena que sea inclusiva y transparente, conforme al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre acciones que les afecten. La experiencia de consultas previas, como la criticada en 2019 por su diseño viciado, genera escepticismo. “Participar de una consulta mal diseñada es validar un proceso que podría terminar legitimando una vergüenza nacional”, argumentó un análisis de El Mostrador en 2019, reflejando temores similares en la actualidad.
El llamado de los líderes mapuches para acelerar las medidas derivadas de la Comisión para la Paz pone a prueba la capacidad del gobierno de Gabriel Boric para gestionar un conflicto complicado en un contexto polarizado. Como señala The Times en Español, el enfoque en el diálogo y la restitución de tierras representa un avance en comparación con las políticas represivas de administraciones anteriores. Sin embargo, enfrentan significativos obstáculos.
La militarización de la Macrozona Sur, mantenida desde 2021, contradice las promesas de Boric y ha generado críticas tanto de sectores mapuches como de derechos humanos. Fuentes como El País y BBC Mundo coinciden en que el conflicto no se resolverá solo con medidas económicas o de seguridad. La restitución de tierras, aunque esencial, debe acompañarse de un reconocimiento constitucional y un diálogo intercultural que aborde las raíces del conflicto.
La falta de consenso político es clara. Las críticas de Matthei y la ausencia de la derecha en la entrega del informe indican que los proyectos de ley probablemente enfrentarán resistencia en el Congreso.
El riesgo de polarización en la consulta indígena es tangible. Como advierte Galvarino Reiman, una consulta mal gestionada podría agravar divisiones internas entre las comunidades y alimentar la inseguridad. La experiencia en Chubut, donde comunidades Mapuche-Tehuelche rechazaron leyes por falta de consulta adecuada, sirve como un precedente preocupante. Boric debe priorizar la transparencia en el proceso, asegurando que las voces mapuches sean protagonistas.
Con las elecciones presidenciales de 2025 en el horizonte, la presión aumenta. La derecha, liderada por Matthei, aspira a capitalizar el discurso de seguridad pública, mientras el oficialismo corre el riesgo de perder credibilidad si no muestra avances significativos. La Cuenta Pública y el Día de los Pueblos Originarios se presentan como oportunidades clave para que Boric demuestre su compromiso, pero el éxito dependerá de su capacidad para alcanzar acuerdos políticos y evitar que este tema se diluya en la agenda electoral.
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