Evelyn Matthei contraataca: cárcel bunker en Copiapó para enterrar al crimen organizado

Copiapó, Chile - Copiapó, una ciudad marcada por el polvo del desierto y la lucha contra el crimen, podría convertirse en el epicentro de una revolución penitenciaria en Chile. Evelyn Matthei, candidata presidencial y figura en ascenso en la carrera por La Moneda, ha puesto sobre la mesa una propuesta tan ambiciosa como controvertida: la construcción de una cárcel de alta seguridad para 500 internos en las afueras de esta urbe nortina, en el mismo terreno donde se levantará el futuro Establecimiento Penitenciario El Arenal. Este anuncio, presentado como un golpe directo al corazón del crimen organizado, llega en un momento en que el país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes, con hacinamiento récord y una creciente influencia de mafias al interior de los penales.

La idea de Matthei no es solo construir un recinto más, sino transformar la forma en que Chile encara la seguridad pública. La nueva cárcel, diseñada para albergar a los reos más peligrosos, se enfocará en dos pilares clave: una segmentación carcelaria efectiva y la contención del crimen organizado desde su raíz. Inspirada en modelos internacionales como el de Italia —con su régimen 41-bis para mafiosos— y el de El Salvador —donde Nayib Bukele ha encerrado a decenas de miles de pandilleros en megacárceles—, la propuesta busca evitar que las prisiones sigan operando como centros de mando para bandas criminales. “No podemos permitir que las mafias sigan delinquiendo desde dentro”, ha insistido Matthei en sus intervenciones públicas, un eco de su discurso de mano dura que resuena entre quienes claman por orden.

El contexto no podría ser más crítico. La cárcel actual de Copiapó, con capacidad para 242 internos, alberga hoy a 805, lo que equivale a un hacinamiento del 336,4%. Esta situación, replicada en todo el país, ha convertido a los penales en polvorines donde el control estatal es cuestionado por la gobernanza de grupos criminales. Según datos oficiales, el sistema penitenciario chileno está desbordado, con una infraestructura obsoleta y procesos de construcción que avanzan a paso de tortuga. El nuevo recinto de El Arenal, cuya licitación se abrió en octubre de 2024 con un costo estimado de 275 millones de dólares, promete 2.160 plazas, pero su operación no está prevista hasta 2031. Para Matthei, esperar seis años más es un lujo que Chile no puede permitirse.

Por eso, su plan para la cárcel de alta seguridad apuesta por la velocidad. La candidata propone acelerar la construcción mediante métodos industrializados y modulares, inspirados en países como Reino Unido, Australia y Perú, donde proyectos de infraestructura han reducido plazos y costos con éxito. En Perú, por ejemplo, contratos colaborativos han permitido levantar viviendas y escuelas en tiempo récord, un modelo que Matthei quiere replicar. “Construcción Fast Track, diseños estandarizados y una coordinación desde Presidencia para cortar la burocracia”, detalló la candidata, subrayando la urgencia de actuar frente a una ciudadanía agotada por la inseguridad.

El terreno elegido, a 43 kilómetros de Copiapó y 12 del aeropuerto de Atacama, ofrece 800 hectáreas fiscales, de las cuales la cárcel de alta seguridad ocuparía una fracción junto a El Arenal. La construcción modular no solo promete rapidez —Matthei aspira a reducir los plazos de cuatro años a uno o dos—, sino también calidad y trazabilidad, evitando los retrasos y sobrecostos que han plagado proyectos anteriores. La ejecución acelerada se apoyaría en una vía legal especial, similar a la usada para rehabilitar Santiago 1 tras el motín de 2010, y en una colaboración interministerial que elimine cuellos de botella.

Pero la propuesta va más allá de ladrillos y cemento. Matthei quiere un régimen penitenciario que aisle completamente a los líderes de organizaciones criminales, cortando su capacidad de operar desde el encierro. Esto incluye inhibidores de señal efectivos —los actuales, según ella, “son una burla”—, control estricto de visitas y una segmentación que separe a los reos de alta peligrosidad del resto. “Los jefes de las bandas no pueden seguir mandando desde la cárcel; hay que disociarlos”, afirmó, citando como referencia el éxito de Italia en debilitar a la Cosa Nostra y de El Salvador en reducir los homicidios vinculados a las maras.

Este anuncio forma parte de un plan nacional más amplio que Matthei presentó en diciembre pasado: el Plan Integral Penitenciario. Con cinco ejes —ampliación, construcción, expulsión, segmentación y eficiencia—, busca crear 13.090 nuevas plazas en cárceles existentes, construir cinco nuevos penales con 19.000 plazas (1.600 de alta seguridad), y expulsar a 3.000 reos extranjeros condenados, principalmente de Colombia, Bolivia y Venezuela, que representan el 80% de los presos foráneos. La meta es descongestionar el sistema y recuperar el control perdido, un desafío que, según expertos, requiere no solo infraestructura, sino también una reforma profunda de Gendarmería y el sistema judicial.

La crisis penitenciaria chilena tiene raíces profundas. El hacinamiento, que en algunos recintos supera el 300%, se combina con la falta de personal capacitado y la porosidad de los penales, donde celulares y armas ingresan con facilidad. En 2024, el Ministerio de Obras Públicas admitió que la licitación de El Arenal se retrasó tres meses por trabas administrativas, un ejemplo de la lentitud que Matthei critica. “No podemos seguir esperando años mientras las bandas se fortalecen”, dijo, apuntando a una ciudadanía que, según encuestas, ubica la seguridad como su principal preocupación.

El enfoque de Matthei no está exento de polémica. Organizaciones de derechos humanos han advertido que un régimen de aislamiento total podría violar estándares internacionales, mientras que analistas económicos cuestionan la viabilidad financiera de acelerar el proyectos a la vez. Sin embargo, su discurso de orden y mano firme ha calado en un electorado hastiado de promesas vacías. En redes sociales, sus propuestas han generado respaldo entre quienes ven en ella una líder decidida a “encerrar y deportar” a los delincuentes, como señaló un usuario en X.

La cárcel de Copiapó, si se concreta, sería un símbolo de esta cruzada. Emplazada en el desierto de Atacama, una región golpeada por la minería ilegal y el narcotráfico, podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Pero su éxito dependerá de la capacidad de Matthei para sortear la burocracia, conseguir financiamiento y mantener el apoyo político en un país polarizado.

La propuesta de Evelyn Matthei para una cárcel de alta seguridad en Copiapó es un reflejo de los tiempos: un Chile asediado por la inseguridad y desesperado por soluciones drásticas. The Times en español reconoce el mérito de su enfoque pragmático —acelerar la construcción y adoptar modelos internacionales exitosos—, pero advierte sobre los riesgos. La inspiración en El Salvador, donde las megacárceles han sido criticadas por abusos, y en Italia, con un sistema judicial más robusto que el chileno, plantea dudas sobre su adaptabilidad.

Además, la expulsión masiva de reos extranjeros podría tensar relaciones diplomáticas con países vecinos. Financiar este plan en un contexto de déficit fiscal será otro escollo. Si bien la iniciativa responde a un clamor popular, su ejecución exigirá más que voluntad política: requerirá precisión, transparencia y un equilibrio entre seguridad y derechos humanos que Matthei aún debe demostrar.
 
 

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