Victor Manuel Arce Garcia
Cuando alguien asume un cargo público sin experiencia, es comprensible que cometa errores por desconocimiento. Se le puede cuestionar, sí, pero hay un margen de indulgencia: el novato aprende sobre la marcha. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos errores los cometen personas con trayectorias extensas, curtidas en la política, que deberían tener claro hasta el más básico de los principios legales? La reciente destitución de la senadora Isabel Allende por el Tribunal Constitucional (TC) el 3 de abril de 2025 y la renuncia de la exministra de Defensa, Maya Fernández, el 10 de marzo pasado, no admiten excusas. Ambas, con décadas de carrera, infringieron una norma elemental: las autoridades públicas no pueden realizar negocios con el Estado, según el artículo 60 de la Constitución chilena.
Isabel Allende, con 31 años como parlamentaria, y Maya Fernández, exdiputada a la vez fue Ministra de Estado, no eran novatas. Formaron parte activa del proceso del apruebo tras el estallido social de 2019 y de lo que muchos llaman “la cocina” —el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019 entre partidos para impulsar una nueva Constitución —, un pacto que, vale recordar, no fue un petitorio explícito de las calles, sino una maniobra de la élite política para canalizar la crisis. Con ese nivel de experiencia, resulta inverosímil que desconocieran las prohibiciones de su cargo. La fallida operación para comprar la casa de Salvador Allende, destinada a ser un museo, no solo violó la ley, sino que expuso una mezcla de negligencia y codicia que hoy tiene al Partido Socialista (PS) en una encrucijada.
El Estado, a través de arcas fiscales del Congreso y del gobierno, provee a estas figuras de asesores, sueldos y recursos para cumplir sus funciones. Según datos del Senado, un parlamentario chileno cuenta con un equipo de apoyo que incluye abogados y administradores, lo que hace aún más inexplicable que Allende y Fernández hayan tropezado en algo tan básico. Si llevas 31 años en un cargo, la excusa del desconocimiento resulta incomprensible o no prestaron atención a las clases de administración pública que sus asesores debieron impartirles, o simplemente priorizaron intereses personales. La codicia, más que la ignorancia, parece haberlas llevado a este punto. El caso escaló hasta costarles sus posiciones: Allende fue destituida por el TC, y Fernández renunció tras la presión pública, sumándose a la salida de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, en enero .
Lo más curioso es la reacción del PS. En lugar de asumir la responsabilidad de sus propias figuras, la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, ha optado por culpar al gobierno de Gabriel Boric, sugiriendo que el “comportamiento de los aliados” merece un análisis serio“ . Es cierto que el Ejecutivo, con su falta de coordinación y transparencia en el caso, tiene su cuota de responsabilidad: el Ministerio de Bienes Nacionales, bajo la órbita de Boric, avaló inicialmente la operación. Pero señalar al gobierno como el gran culpable es una maniobra distractiva. Las primeras responsables fueron Allende y Fernández, quienes, con pleno conocimiento de sus roles, se involucraron en un negocio que las beneficiaba directa o indirectamente. Como dice el refrán: “No era culpa del chancho, sino de quien le dio de comer”. Aquí, la avaricia de estas figuras alimentó el desastre, y el PS lo sabe.
El partido ahora amenaza con abandonar la coalición, lo que implicaría la renuncia de sus cuatro ministros y cinco subsecretarios . Si esto ocurre, Boric enfrentará una crisis de gobernabilidad a meses de las elecciones de 2025. Pero el PS no puede lavarse las manos: sus líderes no solo fallaron en cumplir la ley, sino que ahora buscan un chivo expiatorio en La Moneda para salvar su imagen. Los años en el cargo no les dieron sabiduría, sino arrogancia, y el costo lo paga hoy todo el oficialismo. La lección es clara: en política, el conocimiento no siempre evita los errores; a veces, lo que falta es ética.
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