Proyectos Inmobiliarios en Chile: Irregularidades que Impactan la Ciudadanía
Opinión08 de julio de 2025 Patricio Herman
A pesar de que los medios chilenos enfocan su atención en la farándula, la salud y la economía, las irregularidades en el sector inmobiliario requieren urgentemente una discusión pública. A continuación, abordamos la situación de dos proyectos inmobiliarios en Las Condes y Ñuñoa, donde la Fundación Defendamos la Ciudad ha actuado como fiscalizador, abogando por un mercado que funcione correctamente bajo el sistema de libre comercio que rige en el país.
Fue a instancias de un empresario pyme que decidimos profundizar en el permiso de edificación Nº 40 otorgado el 10 de abril de 2013, por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la Inmobiliaria Mixto SpA, vinculada al Banco de Santander. Este permiso habilitaba la construcción de un edificio de oficinas de 22 pisos y un adicional de 2 pisos, en Isidora Goyenechea 2915, un sector exclusivo conocido como El Golf.
El municipio catalogó este proyecto como un Conjunto Armónico, permitiendo al inversionista beneficios extraordinarios como mayores alturas y constructibilidades, violando normativas urbanísticas a nivel nacional y los dictámenes de la Contraloría General de la República. Posteriormente, Copec adquirió este proyecto, lo que suscita preguntas sobre la transparencia del proceso.
La Contraloría emitió su dictamen Nº 40.724 el 21 de noviembre de 2017, donde se determinó la ilegalidad del permiso, argumentando que "se aplicaron incorrectamente las tablas del Plan Regulador Comunal (PRC)". Sin embargo, la frecuente falta de acciones concretas por parte de la administración municipal ha perpetuado estos abusos.
Decidimos llevar este asunto a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el caso fue tratado el 7 de marzo de 2019. Se argumentó que el permiso no había sido notificado a la Junta de Vecinos, como exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).
En un fallo del 7 de abril de 2020, que ha generado controversia, la Corte Suprema, desestimó las ilegalidades comprobadas por la Contraloría. Los magistrados, en un aparente intento de evitar perjuicios a una entidad financiera, desestimaron la gravedad del asunto. Esto plantea inquietudes sobre la verdadera independencia del poder judicial en Chile y su compromiso con la legalidad.
En el caso de Ñuñoa, el proyecto de 4 torres de 32 pisos de Fundamenta enfrenta acusaciones sobre un estudio de sombras que fue elaborado de forma deficiente. Sergio Muñoz, el juez asignado al caso, formuló exigencias que incomodaron a los inversionistas, llevando al extremo de ser denunciado por supuestas irregularidades.
La Seremi de Minvu, Carolina Casanova, recibió nuestras denuncias, las cuales fueron elevadas a la Contraloría a fines de junio de 2025. El objetivo no es solo identificar responsabilidades administrativas, sino también asegurar que estas irregularidades no se repitan.
Entre las irregularidades, destaca que:
La comunidad de Ñuñoa, respaldada por la Fundación Defendamos la Ciudad, ha alzado su voz, denunciando los efectos adversos del proyecto, como la falta de luz natural generada por las torres.
Este proyecto, aprobado justo antes de una modificación que limitaba la altura edificable a 15 pisos, se ve ahora cuestionado por la falta de transparencia y adecuación a las normativas vigentes.
Desde el ámbito político, es esencial mantener a la vista el riesgo de que poderes que están claramente comprometidos con la generación de ingresos puedan obstruir la legalidad en la construcción. La aparente falta de responsabilidad de las escuelas de justicia y del sistema legal plantea un dilema en cuanto a la credibilidad de las instituciones.
La relación entre grandes conglomerados económicos y el periodismo también ha cobrado relevancia. Como evidenció Nicolás Sepúlveda, un periodista de investigación, su renuncia en The Clinic fue un acto directo en medio de la presión que enfrenta la prensa al intentar investigar temas que afectan poderosos intereses financieros.
La compra de dicho medio por parte del inversionista Jorge Ergas, que busca mantener bajo control lo que suscribe su esposa, Pamela Castro, reafirma el temor de que el ejercicio de la libertad de prensa se vea impedido por intereses privados.
La historia de Las Condes y Ñuñoa revela un patrón preocupante en la regulación del desarrollo inmobiliario en Chile. Los ciudadanos deben permanecer alertas, exigiendo responsabilidad a los actores involucrados en estos procesos. La fiscalización efectiva no solo debe ser ejercida por entidades como la Fundación Defendamos la Ciudad, sino también por los ciudadanos que tienen el derecho a vivir en un entorno que respete la legalidad y el bienestar público.
Desde el contexto local, las actividades de la Fundación Defendamos la Ciudad y la comunidad afectada en Ñuñoa reflejan un renovado activismo ciudadano que destaca la importancia de la transparencia ante la creciente mercantilización del espacio urbano. A nivel regional, el fenómeno de la corrupción y el abuso en la construcción no es exclusivo de Chile; países vecinos también enfrentan desafíos similares en sus sistemas de regulación.
Esto plantea un dilema sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano en Sudamérica. La presión por construir a menudo supera las consideraciones sobre el impacto ambiental y social, llevando a infraestructuras que, si bien son atractivas en el papel, generan conflictos y deterioro en la calidad de vida de los residentes.
Por otro lado, es fundamental que medios de comunicación, como El Filtrador, mantengan su independencia frente a los intereses económicos. La historia reciente muestra que la compra de medios por parte de inversores puede poner en peligro la integridad de la información. En un país donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, la defensa de la libertad de prensa es crucial para garantizar que los ciudadanos estén informados y puedan tomar decisiones fundamentadas.
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