Años más tarde, en una reunión con el contralor Ramiro Mendoza, se discutió el tema del inaceptable permiso de edificación. Mendoza, sin justificaciones, afirmó que el caso estaba prescrito.
Opinión02 de junio de 2025 por Patricio Herman
La reciente fiscalización de la Contraloría, liderada por la contralora Dorothy Pérez, ha desvelado un escándalo relacionado con las licencias médicas fraudulentas que han afectado a miles de funcionarios públicos. Sin embargo, este no es el único caso que refleja la falta de apego a la ley en la administración pública. A continuación, revisaremos un caso emblemático de corrupción que se remonta a la dictadura cívico-militar y que persiste en democracia, en la comuna de Vitacura.
En 1988, tras la derrota del gobierno militar en el plebiscito, se desafectaron 5 hectáreas de área verde ribereña del río Mapocho para crear el proyectado Parque Las Américas. Se estableció un Plan Seccional que limitaba la construcción a viviendas de hasta 2 pisos y, en ciertos sectores, edificios de 4 pisos como máximo. Antes de finalizar la dictadura, el Ministerio de Bienes Nacionales vendió el terreno urbano, conocido como Lote 2-C, a la "Inmobiliaria Parque Las Américas Limitada" mediante el decreto supremo N° 886, firmado por el entonces presidente Augusto Pinochet.
Este terreno, ubicado entre las calles Isabel Montt y avenida Parque Las Américas, fue vendido en 1990 por UF 81.566, el monto fue pagado al contado y se inscribió exento de impuestos territoriales. Posteriormente, la inmobiliaria trasladó el terreno al Fondo de Inversión Cimenta, que recibió en 1998 un permiso para edificar 18 torres de entre 13 y 25 pisos, contraviniendo abiertamente el Plan Seccional establecido.
Los vecinos afectados contactaron a este columnista y a figuras políticas como Patricio Hales e Israela Rosenblum, quien tras analizar el caso, presentaron denuncias ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que confirmó la ilegalidad del permiso otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Vitacura. Sin embargo, a pesar de las evidencias, se permitió iniciar la construcción de los mega edificios.
Por lo tanto, la seremi solicitó a la Contraloría un sumario administrativo. La Contraloría detectó cinco ilegalidades; no obstante, el subcontralor Jorge Reyes optó por ignorarlas en su dictamen N° 44.492, argumentando que aplicar la ley podría comprometer a la administración que emitió el permiso irregular.
En respuesta, 41 vecinos, representados por los abogados Pedro Bosch y Cristián Bulnes, interpusieron recursos de protección contra Reyes. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó al subcontralor, argumentando que las irregularidades no siempre implican nulidad, y la Corte Suprema validó esta decisión.
Años más tarde, en una reunión con el contralor Ramiro Mendoza, se discutió el tema del inaceptable permiso de edificación. Mendoza, sin justificaciones, afirmó que el caso estaba prescrito.
En conclusión, si la contralora Dorothy Pérez hubiera estado en funciones en ese momento, es probable que los desarrolladores del Fondo de Inversión Cimenta solo hubieran podido construir de acuerdo con el Plan Seccional. Para evitar repercusiones similares en el futuro, es crucial que el Estado refuerce a la Contraloría con mayores recursos y supervisión. Esto aseguraría que las reglas se respeten y que los intereses de la comunidad prevalezcan sobre los de unos pocos.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de The Times en Español. Como medio de comunicación, ofrecemos un espacio para el pensamiento independiente, sin importar el color político de las opiniones expresadas.
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