Desilusión en la salud pública chilena: la lucha por atención digna

Como usuario del sistema público de salud chileno y afiliado a Fonasa, mi experiencia refleja una realidad que muchos compartimos: la esperanza de una atención digna y oportuna se desvanece frente a un sistema que parece estar al borde del colapso. Las promesas políticas, especialmente bajo la administración del presidente Gabriel Boric, han sido grandiosas, pero en su implementación se topan con un muro de ineficiencias y precariedades que dejan a los pacientes, como yo, sintiendo que nuestras necesidades están siendo sistemáticamente ignoradas.

El concepto de "copago cero" se presenta como una bandera de igualdad, prometiendo acceso a atención de calidad sin costos adicionales para todos, especialmente para quienes padecemos enfermedades crónicas. Sin embargo, las realidades del día a día en el sistema público de salud no acompañan tales enunciados. La letra fría de la política se enfrenta a la calidez de las vidas afectadas por la falta de atención: listas de espera interminables, escasez de especialistas y favoritismo en la atención que vulneran la equidad sanitaria.

A lo largo de 2023, mis citas con especialistas en el Hospital Barros Luco, que corresponde a mi lugar de residencia, han sido una espera frustrante. Padezco enfermedades de base, tales como diabetes, Epilepsia reflectaría y Fibromialgia que no están cubiertas por el plan GES (Garantías Explícitas en Salud). Hígado graso y problemas de presión al no contar con cobertura ges para estas patologías, mi confianza en el sistema se ha desvanecido. Desde hace dos años, vivo con la incertidumbre de no saber cuándo seré atendido, atrapado en un laberinto burocrático que cada vez se siente más opresivo.

Un informe resalta que el Hospital San José lidera la Región Metropolitana con las mayores listas de espera, seguido por el Barros Luco, con 71.475 consultas de especialidad y cerca de 10.000 cirugías pendientes a julio de 2024. La mediana de espera para obtener atención en el San José es de 641 días para una consulta y 211 para una cirugía; en Barros Luco, son 117 días. Estas cifras, aunque alarmantes, son solo la punta del iceberg: detrás de cada número hay historias de vidas en pausa, personas que, como yo, se enfrentan a la inminente posibilidad de complicaciones por la falta de atención adecuada.

Un episodio reciente que ilustra las desigualdades del sistema es el nacimiento de la hija del presidente Boric en el Hospital Clínico, un establecimiento que, aunque forma parte de la red pública, tiene un aire de exclusividad que no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Bajo las normativas, le habría correspondido ser atendido en el Hospital San Juan de Dios´por la cercanía de su hogar y por su residencia en Hospital San Borja Arriarán, un centro que también forma parte del sistema público y gratuito, pero cuya atención es notablemente inferior en capacidad y recursos. Este hecho no solo levanta preguntas sobre el acceso equitativo a la salud pública, sino que alimenta un sentimiento de indignación y desconfianza en un sistema visto como una red más amigable para aquellos que tienen conexiones o poder.

El "copago cero", presentado como una panacea para democratizar la salud, ha demostrado ser un espejismo. La falta de especialistas y la saturación de hospitales confirman que la salud pública requiere una revisión urgente y profunda. En mi caso, la diabetes demanda controles constantes, el hígado graso precisa atención regular, y mis problemas de presión son un recordatorio diario de la necesidad de atención inmediata. Pero el sistema, tan falto de recursos, me deja en un limbo, atrapado en la espera de una cita que parece cada vez más lejana.

En medio de las quejas de muchos usuarios de Fonasa, surge una pregunta crucial: ¿a dónde acudir para hacer valer nuestros derechos? Las quejas se disuelven en un mar de trámites burocráticos, y las soluciones parecen ser eludo por un sistema que se resiste a responder. Mientras tanto, quienes pueden permitirse la salud privada encuentran refugio y tranquilidad, mientras que los que dependemos de la red pública quedamos atrapados en un ciclo interminable de espera y desesperación.

Es imperativo que el gobierno enfrente esta crisis con acciones concretas y efectivas: no más promesas vacías, sino un incremento real en la cantidad de especialistas, una gestión eficiente de las listas de espera y un sistema de salud que no discrimine por lugar de residencia, nivel socioeconómico o redes de contactos. La salud no debe ser un privilegio; es un derecho fundamental, y en Chile, ese derecho sigue siendo una promesa incumplida, frecuentemente relegada a las sombras de la ineficiencia y la burocracia. La urgencia de un cambio real no es solo un ideal; es una necesidad apremiante para millones de ciudadanos que, como yo, anhelan un sistema que realmente los escuche y atienda sus necesidades.

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