La Nueva Alianza por las Libertades Civiles demanda a la administración Trump en Florida, alegando que los aranceles a China bajo la IEEPA son ilegales y un abuso de poder que usurpa al Congreso, en un caso que podría redefinir los límites presidenciales,
Estados Unidos04 de abril de 2025
The Times en Español
Washington - La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal tras la demanda presentada este jueves 3 de abril de 2025 por la Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA),
un grupo de derechos civiles sin fines de lucro que se autodefine como defensor de las libertades constitucionales frente a las "violaciones del Estado Administrativo". La acción judicial, interpuesta en un tribunal federal de Pensacola, Florida, en representación de una pequeña empresa importadora con sede en ese estado, cuestiona la legalidad de los aranceles impuestos a China bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), exigiendo que un juez los declare ilegales y bloquee su implementación.
La NCLA argumenta que Trump excedió su autoridad al invocar la IEEPA, una ley promulgada en 1977 para enfrentar emergencias externas, y no como una herramienta para redefinir unilateralmente la política económica nacional. “Al invocar el poder de emergencia para imponer un arancel generalizado a las importaciones procedentes de China, algo que la ley no autoriza, el presidente Trump ha abusado de ese poder, usurpado el derecho del Congreso a controlar los aranceles y alterado la separación de poderes de la Constitución”, afirmó Andrew Morris, abogado litigante sénior de la NCLA, en un comunicado citado por Reuters.
La demanda sostiene que los aranceles, que incluyen un 10% adicional a bienes chinos anunciado el 2 de abril y un incremento previo el 1 de febrero, carecen de sustento legal y afectan directamente a empresas estadounidenses que dependen de importaciones.
El caso se centra en una empresa floridana que ya ha pagado aranceles sobre productos chinos, alegando que estas tarifas representan una carga económica injusta impuesta sin la aprobación del Congreso. Según la NCLA, la IEEPA fue diseñada para sanciones específicas en tiempos de crisis, no para otorgar al presidente un “cheque en blanco” que le permita imponer impuestos a gran escala.
“El Congreso nunca pretendió que la IEEPA se usara para castigar a los consumidores y negocios estadounidenses con aranceles masivos”, señaló Morris, según reportó The Washington Post. La organización pide al tribunal que emita una orden judicial para detener la aplicación de estas medidas, argumentando que violan la separación de poderes al usurpar la autoridad legislativa sobre el comercio.
La controversia surge en un momento en que los aranceles de Trump, justificados bajo la IEEPA como respuesta a la “amenaza” de drogas como el fentanilo y la inmigración ilegal, han desatado una guerra comercial con China, México y Canadá. Trump defendió su decisión en Truth Social, afirmando que “es mi deber proteger a los estadounidenses” y que los aranceles son parte de su promesa de campaña para frenar el flujo de drogas e inmigrantes (BBC).
Sin embargo, economistas advierten que estas medidas podrían elevar los precios al consumidor en EE.UU., con un impacto estimado de 1 billón de dólares en una década, según The New York Times. La demanda de la NCLA se suma a las críticas de expertos legales que cuestionan si la emergencia declarada por Trump cumple con los requisitos de la IEEPA, un punto que podría definir el fallo judicial.
El proceso legal, uno de los primeros en desafiar directamente los aranceles de Trump, podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia económica. Mientras tanto, la Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial, pero funcionarios han insinuado que defenderán la autoridad de Trump bajo la IEEPA, una ley que, aunque nunca antes usada para aranceles generalizados, otorga amplias facultades en emergencias nacionales (EL PAÍS).
El desenlace del caso será seguido de cerca por empresas afectadas y por el Congreso, donde algunos legisladores ya han expresado su intención de revisar la IEEPA para evitar futuros “abusos” (The Hill).
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