La demanda presentada por The Associated Press destaca la importancia de defender la libertad de prensa y la independencia editorial frente a intentos de control del Gobierno sobre el discurso periodístico.
Estados Unidos22 de febrero de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
La agencia de noticias Associated Press ha presentado una demanda contra tres funcionarios de la administración Trump en un tribunal federal. La razón detrás de esta acción legal es la prohibición impuesta a los reporteros de AP para asistir a ciertos eventos relacionados con el presidente Donald Trump, incluyendo aquellos en la Oficina Oval y en el Air Force One.
El argumento de AP se basa en la supuesta violación de la Primera Enmienda y la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda como consecuencia de dicha prohibición impuesta por la administración.
La demanda fue presentada el viernes por la tarde en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington, buscando una audiencia de emergencia y una orden judicial que declare la prohibición inconstitucional y ordene su levantamiento. El juez asignado al caso es Trevor McFadden, designado por Trump.
La polémica inició a principios de este mes, cuando la Casa Blanca criticó a AP por seguir usando la expresión "golfo de México" en lugar del término "gulf of America" propuesto por Trump para referirse al cuerpo de agua. Esta discrepancia llevó a que se le negara la entrada a AP a una conferencia de prensa presidencial.
La agencia de noticias global defiende su derecho a elegir sus propias palabras y a no ser censurada por el Gobierno, argumentando que el control del discurso por parte de las autoridades representa una amenaza a la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos estadounidenses.
La prohibición impuesta el 11 de febrero fue inmediatamente criticada por los editores principales de AP como una vulneración de la Primera Enmienda, marcando el inicio de un conflicto que ahora se dirime en los tribunales.
Además, la acción legal de AP tiene como objetivo no solo proteger sus propios derechos editoriales, sino también evitar que otros medios puedan ser objeto de represalias similares por parte de la administración Trump.
La demanda menciona a tres acusados clave: Susie Wiles, secretaria general de Trump; Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca; y Taylor Budowich, subjefe de gabinete.
El presidente Trump ha afirmado que AP seguirá excluida de eventos importantes hasta que cumpla con sus exigencias. Esta medida no solo afecta a AP, sino que también obstaculiza su función como parte esencial del pool de prensa que acompaña al presidente en sus actividades y comparte información con otros medios.
En resumen, la batalla legal entre AP y la administración Trump plantea cuestiones fundamentales sobre la libertad de prensa y el derecho a informar sin interferencias gubernamentales.
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