Johannes Kaiser, diputado del distrito 10, propone achicar el Estado iniciando con la remoción de funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas. La Contraloría y la Fiscalía en la mira.
Chile20 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – El diputado Johannes Kaiser, representante del distrito 10, ha causado controversia al sugerir el despido de 25.078 funcionarios públicos implicados en viajes al extranjero mientras estaban en licencias médicas. Su propuesta surge a raíz de un informe de la Contraloría General de la República que detalla movimientos migratorios de estos empleados entre 2023 y 2024.
El informe, titulado Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9, reveló que se registraron 59.575 movimientos migratorios de funcionarios que, teóricamente, debían cumplir con períodos de reposo. La Región Metropolitana encabeza la lista con 26.032 registros, seguida de Magallanes con 5.980 y Los Lagos con 4.725. La denuncia sobre el uso indebido de las licencias ha generado preocupaciones sobre el impacto en el erario público.
Kaiser, un político conocido por sus propuestas libertarias y su tendencia a reducir el tamaño del Estado, instó a la Contraloría a tomar acciones inmediatas para investigar estas irregularidades y remitir los antecedentes a la Fiscalía. En su mensaje a través de X (Twitter), el diputado afirmó: "Tenemos que achicar el Estado. ¿Qué les parece si empezamos por despedir a los 25.000 funcionarios públicos que salieron al extranjero teniendo licencia?". Esta declaración ha sido objeto de intensa discusión en la esfera pública.
La Contraloría llevó a cabo un análisis cruzado de datos de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y registros migratorios de la Policía de Investigaciones (PDI) entre 2022 y 2024. El estudio identificó a muchos de los funcionarios involucrados pertenecientes a organizaciones como Fonasa, JUNJI y Fundación Integra. Cada licencia tuvo un promedio de 17,7 días, un periodo en el que los funcionarios deberían haber estado en reposo.
El organismo fiscalizador anunció que enviará estos antecedentes al Ministerio Público y a los organismos públicos pertinentes para averiguar posibles sanciones administrativas, disciplinarias o incluso penales. También instó a organismos públicos a iniciar sumarios administrativos para determinar si los viajes constituyen infracciones a la normativa vigente.
La propuesta de Kaiser ha suscitado reacciones polarizadas. Aunque algunos sectores, especialmente sus apoyos dentro del recurso libertario y en el Partido Nacional Libertario (en formación), han respaldado la medida, considerándola un paso hacia la transparencia y una disminución del gasto público, otros la han catalogado como populista y desproporcionada. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) argumentó que no todos los casos implican irregularidades, alegando que algunos viajes podrían tener justificaciones médicas o personales, y criticando a Kaiser por "estigmatizar" a los trabajadores públicos sin un análisis individual.
La Contraloría, en su rol de supervisora, tiene la autoridad para realizar auditorías y sumarios. Según la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, el organismo tiene potestad para exigir la devolución de fondos mal utilizados y recomendar sanciones, aunque no puede despedir funcionarios directamente. La remoción requiere un acto administrativo basado en motivos claros y evidencias, como estipula el Estatuto Administrativo.
En caso de que la Fiscalía encuentre indicios de delitos, como el fraude al fisco, los funcionarios señalados podrían enfrentar procesos penales. Expertos legales consultados por BioBioChile destacan que demostrar la intencionalidad de los viajes como fraude es esencial para cualquier sanción.
La propuesta de Johannes Kaiser no es solo una respuesta a las revelaciones de la Contraloría, sino una estrategia política diseñada para fortalecer su imagen como un defensor de la austeridad fiscal y la probidad. En un país con un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, donde solo un 22% de los chilenos confían en el sector público, Kaiser busca capitalizar el descontento ciudadano. Su mensaje directo y provocador apela a un electorado que percibe al Estado como ineficiente.
Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos. Propuestas de despidos masivos suelen generar resistencia sindical y ser vistas como ataques a los derechos laborales. La falta de un análisis exhaustivo sobre los casos individuales podría debilitar la legitimidad de su propuesta ya algunos funcionarios habrían viajado por motivos legítimos.
Desde una perspectiva política, Kaiser también busca distanciarse de figuras más moderadas en la derecha chilena. Su discurso libertario, que incluye críticas a la justicia y a la Fiscalía por su supuesta falta de acción, lo posiciona como una alternativa radical frente a líderes como José Antonio Kast. No obstante, su historial de controversias, como su apoyo al Golpe de Estado de 1973, podría limitar su capacidad de atraer a un electorado más amplio.
El uso de las redes sociales por parte de Kaiser para presionar a las instituciones refleja una tendencia creciente en Chile. Al utilizar plataformas como X, amplifica su mensaje, logrando contacto directo con su base sin depender de medios tradicionales, que él considera "influenciados por la izquierda". Esta metodología, aunque efectiva para atraer atención, podría alienar a sectores que prefieren un debate más equilibrado.
En conclusión, la propuesta de Kaiser es una manifestación de su visión antiestatista, pero su implementación enfrenta diversos desafíos legales, administrativos y políticos. La Contraloría y la Fiscalía tendrán la última palabra, pero el debate en torno a la eficiencia del Estado y el uso de las licencias médicas es ahora un tema candente en la agenda pública chilena.
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