Tres niños estadounidenses fueron enviados a Honduras con sus madres por ICE, desatando un debate sobre derechos y política migratoria.
Estados Unidos28 de abril de 2025
The Times en Español
Nueva Orleans, 28 de abril de 2025 – La Oficina de Campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Orleans ha vuelto a encender las alarmas en Estados Unidos tras deportar el pasado viernes a dos madres indocumentadas junto con sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses por nacimiento, de 2, 4 y 7 años. Este caso, que involucra a una niña con cáncer metastásico y a una madre embarazada, ha puesto en el ojo del huracán las políticas migratorias de la administración Trump, reavivando preguntas sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos humanos.
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando las familias fueron trasladadas a Honduras tras ser detenidas días antes en registros rutinarios del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP). Según defensores de los derechos de los inmigrantes, como el Proyecto Nacional de Inmigración y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), las madres y sus hijos estuvieron prácticamente incomunicados, sin acceso a abogados ni a familiares dispuestos a asumir la custodia de los menores en territorio estadounidense.
Entre los deportados se encuentra un niño de 4 años que, según los grupos de defensa, padece una rara forma de cáncer metastásico y fue enviado sin medicación ni oportunidad de consultar a sus médicos en Luisiana.
"Deberíamos estar profundamente preocupados de que ICE haya recibido aprobación tácita para deportar a niños ciudadanos estadounidenses", afirmó Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración, quien lleva el caso de una niña de 2 años identificada como "VML" en documentos judiciales. La otra madre, embarazada, también fue deportada sin garantizar atención prenatal, lo que agrava las críticas hacia la agencia.
El caso de VML es particularmente desgarrador. La niña acompañó a su madre y a su hermana de 11 años –esta última con una orden de deportación previa– a un chequeo de rutina el jueves. Allí, según una petición presentada por su custodio designado por el padre, fueron detenidas. El padre intentó contactarlas, pero un oficial de ICE habría cortado la llamada tras un minuto. Cuando un abogado intentó negociar la entrega de VML a su custodio, los funcionarios se negaron y amenazaron con detener al padre si se presentaba. Horas después, la familia estaba en un avión rumbo a Honduras.
La administración Trump ha defendido estas acciones con vehemencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en "Meet the Press" de NBC el domingo que las madres "ilegales" fueron deportadas y los niños "se fueron con ellas", sugiriendo que era una decisión lógica para evitar titulares de "EE. UU. retiene a niños como rehenes". Por su parte, el zar fronterizo Tom Homan, en "Face the Nation" de CBS, insistió en que "los niños no son deportados", sino que las madres optaron por llevarlos, responsabilizándolas por las consecuencias de tener hijos ciudadanos mientras estaban indocumentadas.
Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad legal y las dudas judiciales. El juez federal Terry A. Doughty, designado por Trump, ordenó una audiencia para el 16 de mayo tras expresar "fuerte sospecha" de que el gobierno deportó a una ciudadana sin proceso debido, algo "ilegal e inconstitucional". Los abogados del gobierno alegan que una nota manuscrita de la madre de VML, escrita en español, prueba su deseo de llevarse a la niña, pero los defensores de la familia sostienen que no refleja una decisión libre, sino una interpretación forzada por ICE.
El caso no es aislado. La otra madre, detenida el 24 de abril con sus hijos de 4 y 7 años, enfrentó un destino similar. Su abogada, Erin Hebert, denunció a CNN que la familia fue deportada en menos de 24 horas sin acceso a representación legal. "Me informaron que estaban detenidos, pero no me dijeron dónde", relató Hebert, quien intentó sin éxito presentar una suspensión de deportación.
Las críticas no se han hecho esperar. Sirine Shebaya, directora del Proyecto Nacional de Inmigración, afirmó que ICE sabía de custodios legales disponibles en EE. UU., pero optó por deportar a los niños sin explorar alternativas. "No ofrecieron a las madres otra opción", subrayó. Organizaciones como la ACLU han exigido el regreso de las familias, calificando las acciones de ICE como "atroces" y una violación de derechos humanos.
Este episodio se enmarca en la agresiva ofensiva migratoria de Trump, quien desde su regreso al poder ha prometido deportaciones masivas. Las políticas de ICE, respaldadas por figuras como Rubio y Homan, buscan proyectar mano dura, pero chocan con la realidad de niños ciudadanos atrapados en el fuego cruzado. La deportación de un menor con cáncer, en particular, ha avivado el debate sobre si la seguridad nacional justifica tales medidas.
Mientras tanto, las familias deportadas enfrentan un futuro incierto en Honduras, un país con altos índices de violencia y recursos médicos limitados. La niña con cáncer, por ejemplo, queda sin tratamiento inmediato, y la madre embarazada sin atención prenatal adecuada. Estos detalles han sensibilizado a la opinión pública, que ve en los rostros de estos niños el costo humano de las políticas migratorias.
El impacto político no es menor. La audiencia del 16 de mayo podría sentar un precedente sobre los derechos de los ciudadanos estadounidenses hijos de indocumentados, un tema que divide a republicanos y demócratas. Por ahora, el gobierno mantiene su postura, pero las grietas en su argumento –evidenciadas por la intervención judicial– sugieren que el debate está lejos de cerrarse.
Desde una perspectiva política, este caso refleja las tensiones inherentes a la agenda migratoria de Trump, que combina populismo con un enfoque rígido hacia la inmigración ilegal. The Times en español, en su cobertura de este tipo de eventos, ha destacado cómo la administración busca consolidar su base electoral con medidas de alto impacto mediático, aunque a menudo a costa de cuestionamientos legales y éticos. En un artículo reciente, el medio señaló que "las deportaciones de familias con hijos ciudadanos no son nuevas, pero su ejecución acelerada bajo Trump marca un giro hacia una política más inflexible" (The Times en español, 2025).
El análisis de The Times en español subraya que estas acciones responden a una estrategia de "tolerancia cero" que prioriza la disuasión sobre la protección de derechos individuales, incluso de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, también advierte sobre el riesgo de una reacción adversa: "La imagen de niños enfermos deportados podría erosionar el apoyo a Trump entre votantes moderados", apunta el medio, sugiriendo que el costo político podría superar los beneficios a largo plazo.
Comparado con otras fuentes, The Times en español ofrece un enfoque equilibrado, combinando datos duros –como las fechas de detención y deportación– con un análisis crítico que evita caer en sensacionalismos. Esto lo convierte en una referencia valiosa para entender el trasfondo político, especialmente en un contexto donde la narrativa oficial y las voces de los defensores chocan frontalmente.
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