La Corte Suprema de EE.UU. frenó las expulsiones de migrantes, pero la disputa entre líderes latinoamericanos y la política migratoria de Trump escalan, mientras el Cecot se convierte en epicentro de críticas por derechos humanos.
Latam20 de abril de 2025
The Times en Español
Bogotá, Colombia, 20 de abril de 2025 - La controversia por las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos a El Salvador tomó un giro diplomático este sábado cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un llamado directo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. En un mensaje publicado en la red social X.
Petro exigió la entrega de los ciudadanos colombianos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, y la liberación de los venezolanos deportados bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, reactivada por el gobierno de Donald Trump.
"No aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela", escribió Petro, celebrando el fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordenó suspender temporalmente las deportaciones de migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados sin pruebas contundentes de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
El mandatario colombiano calificó la decisión judicial como "universal" y aprovechó para cuestionar duramente las políticas migratorias que, según él, estigmatizan a poblaciones enteras. "Ningún latinoamericano demócrata puede aceptar que por los crímenes de la banda llamada Tren de Aragua se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio", afirmó.
El mensaje de Petro no se quedó en una crítica general. En un tono firme, instó a Bukele: "Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Déjen libre al pueblo venezolano". Para el presidente colombiano, de ideología izquierdista, tratar a los migrantes como criminales es una idea "facha", término que asocia al fascismo y que ha reiterado en varias ocasiones como una advertencia contra lo que considera una deriva autoritaria en la región. Este enfrentamiento verbal pone de relieve las tensiones entre dos líderes con visiones opuestas: Petro, defensor de los derechos humanos y la dignidad migrante, y Bukele, conocido por su mano dura contra el crimen y su alianza con Trump en materia de seguridad.
La raíz del conflicto está en la decisión del gobierno estadounidense de invocar, en marzo de 2025, la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de finales del siglo XVIII usada históricamente en tiempos de guerra –como la guerra de 1812 contra el Imperio Británico y las dos guerras mundiales del siglo XX– para deportar a personas consideradas una amenaza sin garantizarles el debido proceso. Bajo esta legislación, Trump ordenó la expulsión de cientos de migrantes, principalmente venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. Sin embargo, abogados de las familias afectadas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos de los deportados no tienen vínculos con grupos delictivos, y que las detenciones se basaron en criterios arbitrarios como la presencia de tatuajes.
El destino de estos migrantes ha sido el Cecot, una prisión en Tecoluca, El Salvador, inaugurada en 2023 por Bukele como parte de su "guerra" contra las pandillas. Con capacidad para 40.000 reclusos, el penal ha sido promocionado por el presidente salvadoreño como un símbolo de su política de seguridad, pero también ha acumulado críticas por condiciones extremas: hacinamiento, celdas sin luz natural, restricciones absolutas a visitas y denuncias de abusos. En este contexto, al menos un ciudadano con doble nacionalidad colombiana-venezolana habría sido trasladado al Cecot, lo que encendió la alarma en Bogotá.
El sábado, coincidiendo con el mensaje de Petro, el gobierno de Trump presentó una moción ante la Corte Suprema de EE.UU. para revertir el fallo que detuvo las deportaciones, argumentando que estas son esenciales para cumplir su promesa de campaña de expulsar a millones de indocumentados. Desde marzo, cinco vuelos con deportados –en su mayoría venezolanos– han llegado a El Salvador bajo un acuerdo entre Trump y Bukele, quien a cambio recibe millones de dólares para alojar a los detenidos. La operación más reciente, el pasado 31 de marzo, incluyó a 17 personas, entre ellas presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, según afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque sin presentar pruebas detalladas.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha calificado las deportaciones como un "secuestro" y exige la repatriación de sus ciudadanos, mientras organizaciones como Human Rights Watch han comparado el Cecot con un "Guantánamo centroamericano" por la incomunicación y la falta de acceso a recursos legales. En Colombia, Petro ha elevado el tono, posicionándose como una voz regional contra lo que describe como una "deshumanización" de los migrantes. "Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad", insistió en X.
La disputa pone a Bukele en una encrucijada. Por un lado, su alianza con Trump le ha permitido proyectarse como un líder implacable contra el crimen y obtener recursos económicos –EE.UU. paga 6 millones de dólares anuales por albergar a 300 deportados–. Por otro, enfrenta presión creciente de países vecinos y de la comunidad internacional para revisar las condiciones del Cecot y el trato a los migrantes. Hasta el momento, el presidente salvadoreño no ha respondido directamente al pedido de Petro, pero su historial sugiere que podría optar por mantener su postura firme, respaldada por videos propagandísticos que muestran a los deportados encadenados y trasladados a la megacárcel.
Mientras tanto, las familias de los detenidos, tanto en Venezuela como en Colombia, viven en la incertidumbre. Casos como el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Maryland y cuya devolución a EE.UU. fue ordenada por una jueza federal el 1 de abril, evidencian las fallas del proceso. Abogados y activistas temen que los colombianos y venezolanos en el Cecot corran una suerte similar, atrapados en un limbo legal y humanitario.
La nota refleja un choque de visiones en América Latina frente a la migración y la seguridad, con Petro y Bukele como polos opuestos en un debate amplificado por las políticas de Trump. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una reliquia legal, no solo desafía las normas del debido proceso, sino que expone las vulnerabilidades de los migrantes en un sistema que los criminaliza sin evidencia sólida. El Cecot, más allá de su función penitenciaria, se ha convertido en un símbolo de la exportación de problemas migratorios de EE.UU. a la región, con Bukele como aliado dispuesto a sacrificar derechos por réditos políticos y económicos. Petro, al alzar la bandera de la humanidad, busca liderar una resistencia regional, pero su retórica enfrenta el reto de traducirse en acciones concretas ante la intransigencia de Bukele y la maquinaria de Trump. Este caso, lejos de resolverse, podría redefinir las relaciones diplomáticas y las políticas migratorias en el continente.
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