En una reunión con la prensa antes de dejar La Moneda, el ex presidente Sebastián Piñera admitió que dejaría una herencia de inflación descontrolada y sequía hídrica, cifrando en 30,000 millones de dólares el gasto en ayudas sociales durante la pandemia, aunque datos actualizados revelan que el déficit fiscal real fue de 41,500 millones de dólares, subestimándolo en 11,500 millones y agravando el legado económico de su gestión.
Editorial19 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
El 9 de marzo de 2022, en una de las últimas reuniones con medios acreditados antes de dejar La Moneda, el expresidente Sebastián Piñera participó en una práctica republicana que marcó su gobierno: un encuentro abierto con la prensa, al estilo de las democracias consolidadas, donde respondía preguntas sin filtros. Como testigo de ese momento, recuerdo su confesión, hasta ahora, ha pasado desapercibida en el debate público. Respondiendo a una pregunta sobre los retos que enfrentaría Gabriel Boric al asumir la presidencia, cifró “Serán dos grandes problemas: la sequía y recuperar el déficit fiscal que dejé, de 30,000 millones de dólares”. Su respuesta fue directa.
Hoy, con datos actualizados, revelo que la cifra real alcanzó los 41,500 millones de dólares, equivalente al 16.7% del PIB de 2020-2021 (248,000 millones de dólares, según el Banco Mundial). Esto implica una subestimación de 11,500 millones de dólares, agravando el legado económico de esa gestión. Los medios de la época, incluido nuestro medio, donde asumo mi mea culpa, no abordamos con la profundidad necesaria este tema, más económico que político, que merecía una discusión más rigurosa, evidenciando un impacto económico más severo de lo que se reconoció entonces.
Es importante aclarar que este análisis no busca atacar al expresidente Piñera ni a su administración. La pandemia del COVID-19 golpeó a todas las economías del mundo, generando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. La nota no aborda el déficit fiscal de 7.5% del PIB en 2021 ni la deuda pública de aproximadamente 114,200 millones de dólares al inicio de 2022 heredados por el gobierno de Pinera. En cambio, se enfoca exclusivamente en el gasto social implementado por el exmandatario.
En Chile, esta emergencia se combinó con el estallido social de 2019, que dejó al gobierno en una posición vulnerable. Para evitar un alzamiento que podría haber precipitado el fin anticipado de su mandato, Piñera optó por una estrategia de contención: inyectar recursos masivos para mantener a la población tranquila, en sus casas y con necesidades básicas cubiertas. Así nacieron medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los subsidios de arriendo, los bonos a empleadores y otras ayudas que, si bien evitaron un colapso social, tuvieron un costo económico profundo que aún enfrentamos.
El IFE, con un costo de 20,200 millones de dólares, alcanzó a 14.8 millones de personas (90% de los hogares), logrando contener la pobreza en 10.8% en 2021 frente al 15% proyectado por la CEPAL. Los subsidios al empleo (2,100 millones de dólares) y bonos a pymes (3,300 millones) evitaron que el desempleo superara las dos cifras, manteniéndose en 7.2% en 2021 (INE).
Los subsidios de arriendo, que beneficiaron a 300,000 hogares con un costo de 400 millones de dólares, aseguraron estabilidad habitacional en un momento crítico. Un fondo COVID de 18,000 millones, financiado con 14,000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y 10,500 millones en bonos soberanos, permitió un rebote del PIB del 11.7% en 2021 (Banco Central). Este esfuerzo, posible por la disciplina fiscal previa de Chile, demostró una capacidad de respuesta notable.
Los subsidios al empleo (2,100 millones de dólares) y bonos a pymes (3,300 millones) fueron clave para frenar una cesantía de dos dígitos, manteniendo el desempleo en 7.2% en 2021 (INE), cuando proyecciones previas advertían tasas superiores al 10%.
La inflación alcanzó el 13.3% en agosto de 2022, la más alta desde 1994, con alzas del 13.1% en alimentos y 20.4% en energía (INE), castigando especialmente a los sectores más vulnerables. La deuda pública escaló del 28% del PIB en 2019 al 36.3% en 2022, y el FEES se redujo a 8,200 millones de dólares (Banco Central).
El Banco Central, forzado a subir la tasa de interés al 11.25% en octubre de 2022, frenó la inversión privada, que cayó 1.2% ese año (INE). Esta subestimación de 11,500 millones, que no fue suficientemente debatida por los medios en 2022, es una revelación crítica para entender la magnitud del desafío fiscal heredado por Boric.
Sin embargo, el costo real, mucho mayor a los 30,000 millones que Piñera estimó en respuesta a nuestra pregunta, desató una crisis económica que él mismo anticipó. La inyección de 41,500 millones, combinada con los retiros de pensiones (49,800 millones de dólares, según la Superintendencia de Pensiones), sobrecalentó la economía.
Esta decisión, en un contexto de emergencia global, priorizó intereses de corto plazo sobre la sostenibilidad fiscal. La falta de escrutinio mediático sobre la subestimación, posiblemente opacada por la urgencia de la crisis y el consenso político en torno a las ayudas, dejó esta herencia oculta hasta ahora.
El segundo reto que Piñera mencionó, la sequía, revela otra falla de su gestión. Entre 2018 y 2022, la inversión en infraestructura hídrica fue de apenas 450 millones de dólares, frente a los 2,500 millones necesarios para desaladoras y embalses (Dirección General de Aguas). En 2025, el 76% de las comunas enfrentan racionamiento, y Coquimbo ha perdido el 50% de sus cultivos desde 2021.
Boric asumió en 2022 con un fisco asfixiado por los 41,500 millones de deuda real, no los 30,000 millones que Piñera estimó. El déficit fiscal, que alcanzó el 7.5% del PIB en 2020 (Ministerio de Hacienda), y los intereses de la deuda, que consumen el 20% del presupuesto 2025, limitan su capacidad de cumplir promesas como la gratuidad educativa. Aunque ha estabilizado la economía —inflación al 3.9% en 2024, crecimiento proyectado del ente 2.1 y 2.5% (FMI)—, enfrenta un Congreso donde la derecha frena la reforma tributaria (8,000 millones de dólares proyectados) y la sequía, sin avances significativos, sigue siendo una emergencia.
A diferencia de Piñera, cuya tradición de reuniones abiertas con la prensa fortalecía la rendición de cuentas, Boric no ha adoptado esta práctica, dejando un vacío en la comunicación directa con los ciudadanos. La verdad de la economía actual es que los 41,500 millones de deuda, subestimados por Piñera, junto con la inflación histórica y la crisis hídrica, son el legado de una gestión que, si bien respondió a una crisis global y local, lo hizo con un enfoque cortoplacista. La pandemia afectó a todos los países, y las medidas de Piñera evitaron un colapso social en un Chile post-estallido, pero el rechazo a financiar las ayudas con impuestos progresivos y la negligencia climática hipotecaron el futuro del país.
La respuesta de Piñera a nuestra pregunta en marzo de 2022, pronunciada en un ejercicio republicano que Boric no ha emulado, es un recordatorio: las decisiones de su gobierno, tomadas en un contexto de emergencia global, siguen pesando. Esta revelación de una herencia subestimada, que no fue tratada en su momento, subraya la necesidad de transparencia y planificación a largo plazo.
Chile necesita un sistema tributario justo, una reforma previsional solidaria y una estrategia hídrica urgente. La subestimación de Piñera no solo fue un error; fue una advertencia de un modelo que priorizó la estabilidad inmediata y a los poderosos sobre la sostenibilidad. En un mundo donde las crisis globales son la norma, Chile debe aprender de este legado oculto para construir un futuro más resiliente.
Por Víctor Manuel Arce García.
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