Teletrabajo en Chile: ¿Despedir al 20% de funcionarios públicos?

Santiago, Chile, – El teletrabajo se ha convertido en una herramienta central para la funcionalidad y reducción de costos del sector público chileno, con cerca del 20% de los funcionarios, lo que equivale a alrededor de 80,000 empleados, desempeñando sus funciones desde casa al menos dos días a la semana. Esta modalidad ha logrado un ahorro fiscal de aproximadamente 3,200 millones de pesos anuales (cerca de 3.5 millones de dólares), una cifra que alivia el panorama financiero en un contexto de recuperación económica. Sin embargo, el debate sobre su efectividad ha cobrado fuerza: ¿se puede despedir a este 20% de funcionarios públicos sin comprometer la operatividad del Estado? Unos ven en estos despidos una oportunidad para optimizar recursos, mientras que otros advierten sobre el riesgo de desestabilizar la administración pública y generar tensiones sociales.

Impacto Económico del Teletrabajo

El teletrabajo, regulado por la Ley N° 21.220 desde 2020, ha permitido al Gobierno chileno disminuir gastos significativos en áreas como infraestructura, electricidad, transporte y suministros de oficina. Según el Ministerio de Hacienda, esta modalidad ha aliviado la presión sobre las arcas públicas, especialmente en un entorno marcado por una inflación controlada del 4.2% anual y un crecimiento económico proyectado del 2.5% para 2025. "El teletrabajo es una herramienta esencial para modernizar el Estado y optimizar recursos", sostuvo un funcionario del ministerio de hacienda a The Times en Español. Sin embargo, el mismo ministerio admite que la falta de supervisión efectiva plantea serios riesgos de productividad.

En la práctica, se facultará a los jefes para establecer el trabajo remoto en las reparticiones que encabezan, eximiendo del control horario hasta el 20% de la dotación máxima del personal, cualquiera sea su régimen laboral.

Quienes hagan uso del teletrabajo deberán asistir de manera presencial tres días a la semana, es decir, sólo podrán ejercer sus funciones de forma telemática dos días.

El 20% de los funcionarios públicos que trabajan en modalidad de teletrabajo representa una fuerza laboral que, según conferencias y críticas del entorno, no siempre cumple con el desempeño esperado. Reportes del  de  DIPRES,  indican que en tareas que requieren coordinación presencial, como la atención al público y la gestión interinstitucional, la eficiencia puede caer drásticamente en días de trabajo remoto. A su vez, denuncias anónimas recopilad por The Times en Español,  sugieren que algunos empleados operan desde lugares no autorizados, como destinos turísticos o segundas residencias, reforzando la idea de que este sector podría ser prescindible.

¿Son Prescindibles los Teletrabajadores?

La opción de despedir al 20% de los funcionarios públicos que ejercen el teletrabajo ha comenzado a ganar impulso entre los presidenciales de derecha y ultra derecha  quienes abogan por un Estado más eficiente. "Si el 80% de la planta laboral puede sostener el funcionamiento del gobierno, ese 20% adicional podría no ser esencial", argumentó  fuentes del comando de Kaiser. Los salarios del sector público representaban cerca del 30% del presupuesto nacional, lo que sugiere que eliminar estos puestos podría generar un ahorro financiero considerable.

No obstante, los despidos no son una opción sencilla. La Ley N° 18.834 protege a los funcionarios públicos de despidos arbitrarios, lo que implicaría una reforma legislativa compleja para llevar a cabo tales cambios. Además, muchas de las funciones desempeñadas de manera remota no son criticas  para áreas fundamentales, como la salud, la educación y la seguridad social. Instituciones como el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han implementado el teletrabajo exitosamente, manteniendo niveles de productividad similares a los trabajos presenciales gracias a inversiones en tecnología. "Eliminar estos puestos sin un análisis detallado sería un error. Muchas tareas remotas son críticas para el funcionamiento del Estado" segun fuentes anominas  The Times en Español.

Los Desafíos de la Supervisión

Uno de los obstáculos más importantes del teletrabajo es la falta de supervisión efectiva. El Ministerio de hacienda  ha reconocido que no cuenta con los recursos necesarios para monitorear adecuadamente a los 80,000 empleados que están trabajando de forma remota. Aunque herramientas como GeoVictoria o TimeClock son utilizadas por ciertas instituciones para el registro de jornadas laborales, no están disponibles en todas partes, lo que lleva a que muchos organismos dependan de reportes manuales sin ningún tipo de verificación. Esta situación ha permitido que algunos funcionarios laburen desde lugares no autorizados, como áreas turísticas o el extranjero, según las denuncias reveladas por The times es español.

La desigualdad en el acceso a la tecnología también complica el panorama. Mientras que algunos empleados disfrutan de internet de alta velocidad y dispositivos modernos, otros se ven limitados por conexiones inestables o equipos obsoletos. Un informe universitario reveló que hasta el 40% de los teletrabajadores públicos enfrentan problemas tecnológicos que afectan su rendimiento, lo que alimenta la noción de que este grupo puede no aportar tanto al Estado.

Contexto Global y Lecciones Aprendidas

El debate en torno al teletrabajo y los posibles despidos en Chile no es un fenómeno aislado. En España, por ejemplo, el sector público ha logrado reducir costos mediante la implementación de esta modalidad, pero un informe del Ministerio de Función Pública señala que la falta de supervisión ha conducido a una caída del 20% en la coordinación interinstitucional. En Canadá, el gobierno ha invertido en herramientas de monitoreo y capacitación para sostener el teletrabajo sin necesidad de despidos. En América Latina, Argentina ha sido criticada por la falta de control en sus programas de teletrabajo, mientras que México continúa lidiando con la ausencia de una regulación clara.

Chile, con su Ley N° 21.220, posee una ventaja normativa, aunque la implementación efectiva sigue siendo un reto. La inversión en tecnología y capacitación será crucial para maximizar las ventajas del teletrabajo sin tener que recurrir a despidos masivos.

Implicaciones Sociales y Económicas

Efectuar despidos al 20% de los funcionarios públicos tendría un impacto profundo en la economía chilena. En un lado de la balanza, los ahorros derivados de la reducción de salarios podrían aliviar la presión sobre el presupuesto público, permitiendo redirigir recursos hacia áreas críticas, como la educación y la salud. Sin embargo, los despidos podrían incrementar el desempleo, que actualmente se sitúa en 7.8%, según el INDEC, y podrían conducir a protestas sociales en un país que ya ha vivido tensiones masivas, como las de 2019.

Además, la calidad del servicio público podría resentirse. Aunque el teletrabajo tiene sus limitaciones, muchos empleados remotos son responsables de tareas esenciales, como la gestión de datos en el Registro Civil y el procesamiento de subsidios en el Ministerio de Desarrollo Social. Eliminarlos sin un análisis adecuado podría resultar en cuellos de botella significativos en la administración pública.

Opinión Económica: Un Equilibrio Necesario

La propuesta de despedir al 20% de los funcionarios públicos en modalidad de teletrabajo plantea un dilema tanto económico como político que el Gobierno de Gabriel Boric debe manejar con mucho cuidado. Desde una perspectiva fiscal, los ahorros son innegables. Con un presupuesto público bajo presión y un modesto crecimiento económico proyectado para 2025, la reducción de la planta laboral podría liberar recursos para lamentablemente urgentes inversiones en modernización tecnológica o en el fortalecimiento del sistema de salud pública.

Sin embargo, los costos sociales de dichos despidos pueden superar los beneficios a corto plazo. El teletrabajo, aunque imperfecto, ha mostrado ser una herramienta viable para reducir costos sin comprometer el funcionamiento del Estado. Países como Alemania y Australia han implementado modelos híbridos que combinan teletrabajo y presencialidad, alcanzando un equilibrio entre productividad y flexibilidad. Chile podría seguir este camino, aunque ello requerirá una inversión considerable en infraestructura tecnológica y herramientas de supervisión.

La experiencia de las protestas de 2019 demuestra que las medidas que son percibidas como injustas pueden desencadenar reacciones en cadena. En lugar de considerar despidos, el Gobierno debería priorizar una reforma administrativa del teletrabajo, que incluya capacitación adecuada, mejora de la ciberseguridad, y un robusto sistema de evaluación del desempeño. Esto no solo resguardaría la estabilidad laboral, sino que también fortalecería la imagen de Boric como líder comprometido con la modernización estatal.

En un contexto regional, el caso chileno podría influir en naciones como Perú y Colombia, que enfrentan desafíos similares. Acoger una estrategia de teletrabajo eficaz posicionaría a Chile como un referente en la gestión pública. Sin embargo, optar por despidos masivos enviaría un mensaje negativo de retroceso.

Opinión económica por Víctor Arce, editor de The Times en español

La privatización puede ser una herramienta poderosa para un gobierno de derecha que busque reducir el tamaño del Estado y obtener ahorros fiscales, pero su implementación debe hacerse con gran precisión. En Chile, el teletrabajo ha demostrado que el Estado puede operar de manera más eficiente con menos recursos. De acuerdo con estimaciones conservadoras, privatizar funciones administrativas y de soporte tecnológico podría liberar hasta 4.000 millones de pesos anuales. Estos fondos podrían reinvertirse en áreas críticas como el fortalecimiento del sistema de salud pública, la modernización de la educación y la financiación de proyectos de infraestructura, que son esenciales en un país que aún enfrenta las consecuencias de la crisis social de 2019.

Sin embargo, la privatización no es una solución sencilla ni infalible. Las malas experiencias de los procesos de privatización de los años 80, que dejó a muchos chilenos sin acceso a servicios básicos, sirven como advertencia sobre los peligros de una mala ejecución. Un gobierno de derecha debe priorizar la transparencia en los procesos de licitación, implementar regulaciones estrictas para asegurar la calidad del servicio y desarrollar programas de reconversión laboral para aquellos funcionarios que se vean afectados. Sin estas medidas, la privatización podría intensificar el descontento social y erosionar la confianza en las instituciones.

Chile ya tiene experiencia en privatización. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sectores como las pensiones, la salud y la educación fueron parcialmente privatizados, lo que redujo el tamaño del Estado pero generó desigualdades que aún persisten. Un gobierno de derecha moderno podría aplicar un enfoque más selectivo, enfocándose en áreas donde el sector privado ha demostrado mayor eficiencia.

A nivel regional, Chile tiene la oportunidad de liderar un modelo de privatización selectiva que combine eficiencia económica con responsabilidad social. Países como Perú y Colombia, que enfrentan desafíos similares, podrían ver a Chile como un referente si logra gestionar el proceso de manera exitosa. En cambio, un enfoque apresurado podría replicar los fracasos de Brasil o México, donde la privatización ha suscitado más críticas que beneficios.

En resumen, la privatización puede ser una opción válida para reducir el tamaño del Estado, pero su éxito depende de una planificación cuidadosa y una comunicación efectiva con la ciudadanía. Un gobierno de derecha que consiga implementar esta estrategia sin comprometer los servicios públicos esenciales podría transformar la gestión del Estado, pero debe tener en cuenta que el margen de error es pequeño en un país donde la desigualdad y la desconfianza siguen siendo problemas profundos.

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