Gavin Newsom denuncia que el envío de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y Marines a Los Ángeles “inflama” protestas contra redadas migratorias.
Estados Unidos10 de junio de 2025
Diego Arenas
Los Ángeles, California. En un fuerte discurso televisado, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó duramente la decisión del presidente Donald Trump de enviar 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines a Los Ángeles para controlar las crecientes protestas contra las redadas migratorias por parte de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Newsom calificó esta acción de “abuso de poder” que transforma una situación tensa en “un ambiente explosivo”.
Las protestas en Los Ángeles comenzaron el 6 de junio tras una serie de redadas de ICE que resultaron en la detención de cientos de inmigrantes, incluyendo niños y líderes comunitarios. La Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que las manifestaciones pacíficas degeneraron en caos, con enfrentamientos que resultaron en el uso de gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y proyectiles no letales.
En respuesta a la escalada, el 7 de junio, Trump firmó un memorando presidencial invocando la Ley del Título 10, que le permite federalizar la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador. Esta es una acción inusual, no vista desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger manifestantes de derechos civiles. Desde Los Ángeles, Trump defendió el despliegue, afirmando que las protestas eran “una forma de rebelión” contra el gobierno federal.
Newsom refutó esta justificación, afirmando que las fuerzas locales ya estaban manejando la situación. “No se trata de seguridad pública, sino de crear un espectáculo”, declaró, acusando a Trump de utilizar a los militares como “peones políticos” para reforzar su agenda antiinmigrante.
Los disturbios en Los Ángeles han mostrado una realidad tensa: tropas de la Guardia Nacional, equipadas con escudos y armamento, patrullando instalaciones federales mientras manifestantes, algunos con banderas de México y El Salvador, exigen “¡ICE fuera de LA!”. En Little Tokyo, la LAPD dispersó a manifestantes el 9 de junio, resultando en al menos 56 arrestos.
El lunes 9 de junio, Trump decidió enviar otros 2,000 efectivos adicionales, intensificando el despliegue. Newsom publicó imágenes en redes sociales de tropas durmiendo en el suelo de edificios federales, carentes de alimentos y agua. “Si alguien está tratando a nuestras tropas con falta de respeto, es usted, @realDonaldTrump”, escribió en X (anteriormente Twitter).
La decisión de Trump ha provocado una ola de denuncias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, describió el despliegue como un intento deliberado de crear caos, implementando un toque de queda en el centro de la ciudad. En tanto, el senador Bernie Sanders alertó sobre un “paso hacia el autoritarismo” y el senador Cory Booker comparó ese despliegue con la inacción de Trump durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Expertos legales también han cuestionado la legalidad del despliegue. Elizabeth Goitein, del Brennan Center for Justice, mencionó que la invocación del Título 10 es válida solo ante una amenaza inminente que no justifica las medidas actuales. “La justificación del presidente es débil y parece más un movimiento político”, enfatizó Goitein.
La administración Trump se mantiene firme, afirmando que Newsom y Bass han “incapacitado” a la LAPD, permitiendo que la violencia se descontrole. Tom Homan, “zar de la frontera”, sugirió que cualquier obstrucción a ICE podría ser motivo de cargos, y Trump insinuó que Newsom debería ser arrestado por su “incompetencia”.
Ante el despliegue, Newsom, junto al fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda el 9 de junio argumentando que la acción de Trump viola la soberanía estatal y la Constitución de EE.UU.. Buscan una orden judicial para frenar la presencia militar en Los Ángeles. “Comandar la Guardia Nacional sin consultar al gobernador es ilegal e inmoral”, dijo Newsom en una entrevista con MSNBC.
El 10 de junio, Newsom intensificó su campaña legal al presentar una moción de emergencia para detener lo que consideró una “militarización ilegal” de la ciudad. En su discurso, enfatizó que la actuación de Trump representa un “ataque a la democracia” y una advertencia para otros estados. “Si pueden arrebatarnos a algunos de las calles sin una orden judicial, basándose solo en sospechas, entonces nadie está seguro”, afirmó.
La Asociación de Gobernadores Demócratas respaldó a Newsom, calificando el despliegue como una “violación grave de la autoridad ejecutiva”. Mientras tanto, líderes republicanos como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendieron a Trump, acusando a Newsom de manejar mal la situación y no proteger a los ciudadanos.
Las protestas han sembrado el miedo en la comunidad inmigrante de Los Ángeles. Nuncio García, del Garment Worker Center, destacó que muchos trabajadores indocumentados temen acudir a sus empleos o lugares de culto. “La gente está aterrorizada, los niños no van a sus graduaciones”, mencionó García. La detención de David Huerta, un líder sindical arrestado durante las protestas, ha intensificado la indignación.
En un evento interreligioso, Holly Mitchell, supervisora del condado de Los Ángeles, expresó su apoyo a los manifestantes, denunciando el terror que está experimentando la comunidad. “Soy una angelina de tercera generación y estoy profundamente ofendida por lo que está ocurriendo”, afirmó.
Las manifestaciones también se han extendido a ciudades como Nueva York, San Francisco, Dallas, y Filadelfia, lo que indica un creciente descontento a nivel nacional frente a las políticas migratorias de Trump.
La decisión de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional y a los Marines en Los Ángeles va más allá de una mera respuesta a las protestas. Este acto se revela como un movimiento estratégico que cuestiona los límites del poder presidencial y la soberanía estatal. El enfrentamiento con Gavin Newsom, quien podría ser un candidato presidencial demócrata en 2028, resalta las profundas implicaciones políticas que este tema conlleva.
Trump utiliza Los Ángeles como plataforma para proyectar una imagen de fuerza y reforzar su narrativa de “ley y orden”, buscando galvanizar a su base electoral. Por otro lado, Newsom se presenta como un defensor de los derechos estatales y la democracia en un momento crítico.
La invocación del Título 10 sin el consentimiento de un gobernador crea un precedente inquietante. Esta acción podría facilitar la intervención de futuros presidentes en estados sin el debido acuerdo local, erosionando así el federalismo consagrado en la Constitución. La retórica de Trump, que sugiere el arresto de Newsom, evoca tácticas alarmantes que pueden polarizar aún más un país ya dividido.
Por el lado de Newsom, este conflicto es tanto un desafío como una oportunidad. Al enfrentarse a Trump, consolida su imagen progresista, aunque enfrenta un dilema en un estado que depende de la ayuda federal para la recuperación tras desastres naturales. La respuesta de California, especialmente la demanda legal, puede establecer un modelo para otros estados que se enfrenten a decisiones federales cuestionables.
A nivel nacional, este episodio acentúa la creciente tensión entre las políticas migratorias estrictas y los derechos de las comunidades inmigrantes, un tema que sin duda dominará el discurso político hacia las elecciones de 2026 y 2028. En última instancia, el desarrollo de la situación en Los Ángeles no representa únicamente un enfrentamiento local; es un reflejo de las luchas por el poder, la identidad y los valores que definirán el futuro de Estados Unidos. La resolución de este conflicto, ya sea en los tribunales o en las calles, será un momento definitorio para la democracia estadounidense.
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