El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en Fort Bragg, Carolina del Norte, una propuesta para castigar con un año de prisión a quienes quemen la bandera estadounidense, en medio de tensiones por protestas migratorias.
Estados Unidos10 de junio de 2025
Lucía Rivas
Fort Bragg, Carolina del Norte, – En un discurso reciente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de impulsar una legislación que establezca un año de prisión para quienes quemen la bandera estadounidense. Este anuncio se realizó en la base militar de Fort Bragg, durante la celebración del 250 aniversario del Ejército de EE. UU., en medio de crecientes protestas en varias ciudades, especialmente en Los Ángeles, relacionadas con las políticas migratorias de su administración.
El evento, que reunió a miles de militares, veteranos y simpatizantes, fue en gran parte festivo, con actividades recreativas y exhibiciones militares. Sin embargo, el tono cambió cuando Trump se refirió a las manifestaciones en Los Ángeles, donde algunos protestantes quemaron banderas en respuesta a las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “¿Vieron todas esas banderas quemadas? No fueron destruidas por personas que aman a este país”, afirmó el presidente, lo que generó aplausos entre los asistentes.
El mandatario se comprometió a trabajar con legisladores, incluidos varios senadores, para buscar la aprobación de esta medida. “La gente que quema la bandera estadounidense debería ir a la cárcel por un año. Veremos que se haga”, añadió Trump, destacando que algunos senadores, como Josh Hawley de Missouri, comparten su postura.
Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el 6 de junio, en contra de las redadas migratorias que han generado gran controversia. Los manifestantes respondieron a las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con actos simbólicos, como la quema de la bandera estadounidense. En videos difundidos, se observan consignas contra Trump y el ICE, así como la exhibición de banderas de países latinoamericanos, lo que el presidente calificó como una afrenta a la soberanía nacional.
La respuesta del gobernador de California, Gavin Newsom, fue condenar el despliegue de tropas en la ciudad, argumentando que las protestas estaban controladas antes de la intervención militar del gobierno federal. Newsom advirtió que esta acción representa un abuso de poder que viola la Décima Enmienda de la Constitución.
A pesar de la retórica de Trump, su propuesta enfrenta retos legales significativos. La Corte Suprema de EE. UU. ha dictaminado en varios casos, como en Texas v. Johnson (1989) y en un fallo de 1990, que la quema de la bandera es un acto protegido por la Primera Enmienda como forma de libertad de expresión. La profesora de derecho constitucional, Pamela Karlan, señaló: “La propuesta de Trump enfrenta un muro legal. La Corte ha sido clara: la quema de la bandera es un acto de expresión política protegido”.
A pesar de esto, aliados como Hawley defienden que actos delictivos durante disturbios deben tener consecuencias más severas, argumentando que "cometer un delito no está protegido por la Primera Enmienda".
Las palabras de Trump generaron reacciones polarizadas en todo el país. En Fort Bragg, los asistentes, en su mayoría militares y simpatizantes republicanos, aplaudieron la propuesta. “Es una falta de respeto hacia quienes han servido”, comentó John Mitchell, un veterano presente en el mitin. Sin embargo, en Los Ángeles, activistas por los derechos de los inmigrantes consideran la medida como un intento de silenciar la disidencia. María López, una organizadora comunitaria, expresó: “Esto es solo una táctica para desviar la atención de las redadas crueles”.
Líderes políticos también han reaccionado. Mientras figuras republicanas, como Ron DeSantis, respaldan a Trump, demócratas como la senadora Kamala Harris han criticado la medida, advirtiendo que busca “polarizar aún más al país”.
La retórica de Trump también afecta las relaciones exteriores, especialmente con México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de que alentara las protestas en Los Ángeles, enfatizando que se promueven manifestaciones pacíficas. Esta tensión subraya cómo las políticas migratorias de la administración Trump pueden exacerbar las relaciones con países vecinos.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han prometido desafiar cualquier intento de penalizar la quema de la bandera. “Esto es un ataque directo a los derechos de la Primera Enmienda”, afirmó su director ejecutivo, Anthony Romero.
La propuesta de Trump de encarcelar a quienes quemen la bandera se presenta no solo como una reacción a las protestas en Los Ángeles, sino también como un movimiento político estratégico. En un contexto de creciente polarización, Trump busca consolidar su base ampliando su discurso de “ley y orden”. Al vincular la quema de la bandera con las protestas migratorias, el presidente refuerza su narrativa de que los manifestantes representan una amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, este enfoque también enfrenta un desafío legal casi insuperable, lidiando con los precedentes de la Corte Suprema. Es posible que Trump esté utilizando la iniciativa más como una herramienta retórica que como una legislación viable. Con esto, desvía la atención de las críticas a las redadas migratorias y posiciona a sus oponentes como defensores de lo "antipatriótico", aprovechando así las divisiones culturales del país.
A medida que nos acercamos al 250 aniversario del Ejército estadounidense y al prolongado debate sobre la política migratoria, se hace evidente que la administración de Trump sigue determinados a mantener un enfoque centrado en su agenda de “América primero”, aunque esto signifique intensificar las divisiones internas y externas en el país.
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