A partir del 1 de julio de 2025, Argentina exigirá seguros de salud y una declaración jurada a los extranjeros que deseen ingresar, buscando contener la inmigración irregular.
Latam11 de junio de 2025
Elena Carvajal
Buenos Aires, Argentina- En un esfuerzo por reforzar el control de sus fronteras y preservar su sistema de salud pública, el gobierno argentino, bajo la dirección del presidente Javier Milei, ha implementado nuevos requisitos para todos los extranjeros que deseen ingresar al país, efectivos a partir del 1 de julio de 2025. A través del Decreto 366/2025, las autoridades exigirán que los viajeros presenten un seguro de salud internacional y completen una declaración jurada electrónica que detalle el propósito de su visita.
El incumplimiento de estas exigencias considerará el ingreso como irregular, lo que puede resultar en la expulsión inmediata del territorio argentino. De esta forma, se marca un cambio drástico en la política migratoria del país, que busca regular el flujo de visitantes y reducir la presión sobre los recursos públicos, especialmente en el sistema de salud y las universidades.
La reforma, según el Director Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, responde a la necesidad de “garantizar que los visitantes puedan costear gastos médicos sin recurrir al sistema público argentino”. Así, el decreto no solo se alinea con el enfoque de Milei sobre la austeridad fiscal, sino que busca combatir actividades ilícitas en el flujo migratorio.
La declaración jurada, que debe completarse 48 horas antes del viaje, requerirá que los viajeros especifiquen el motivo de su visita, ya sea por turismo, trabajo temporal, o estudios. Este documento será obligatorio en todos los puntos de entrada al país, incluyendo aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres. En cuanto al seguro de salud, este debe cubrir atención médica básica, emergencias y hospitalización, así como la repatriación sanitaria, en caso de ser necesario.
Cabe destacar que estas medidas aplican a todos los extranjeros, sin excepción de duración o motivo de estadía, a excepción de aquellos residentes permanentes en Argentina.
Argentina, reconocido como un destino turístico clave en Sudamérica, podría enfrentar un fuerte impacto en su sector turístico, puesto que en 2024 el país recibió más de 7 millones de visitantes extranjeros. Entre tanto, las nuevas exigencias podrían disuadir a ciertos viajeros, especialmente aquellos que no disponen de un seguro de salud internacional o que consideran engorroso el proceso de la declaración jurada.
“Es una medida que añade burocracia, pero también seguridad para el país”, destacó María Laura Fernández, experta en políticas migratorias de la Universidad de Buenos Aires. “El reto será implementar estas reglas sin ahuyentar al turismo, esencial para la economía”, agregó, subrayando que los costos de los seguros médicos internacionales, que pueden variar entre 50 y 200 dólares, podrían suponer un obstáculo para viajeros de países vecinos con menor capacidad económica.
Agencias de viaje, como Heymondo y IATI Seguros, han resaltado la importancia de contar con seguros de viaje adecuados, que proporcionen coberturas amplias. “Un buen seguro es ahora una necesidad para disfrutar del viaje sin preocupaciones”, manifestaron varios portavoces de estas empresas.
El anuncio ha generado reacciones diversas en la región, especialmente en países del Mercosur como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. En Santiago de Chile, se destacó la importancia de que los viajeros chilenos se mantengan informados sobre el reglamento oficial, cuya publicación aún está pendiente. En Asunción, el director de Migraciones parguayo, Milei, expresó cautela, haciendo hincapié en que debido a la falta de diálogos previos, aún no se han definido detalles sobre cómo afectará la medida a los ciudadanos paraguayos.
Por su parte, en Montevideo, algunos viajeros han expresado su preocupación en redes sociales respecto al costo adicional que supondrá obtener un seguro médico. “No es un gran problema, pero complica los viajes espontáneos”, comentó Lucía Martínez, una viajera uruguaya.
Las autoridades argentinas han sido claras respecto a que el incumplimiento de estos requisitos resulta en la denegación de ingreso o la expulsión del país. A su vez, las aerolíneas y otros medios de transporte deberán verificar que la documentación esté en regla antes del embarque. Esto podría añadir complicaciones logísticas en la implementación de las nuevas normativas.
El reglamento específico que definiría cómo se verificará la declaración jurada y los requisitos del seguro médico aún no ha sido publicado, lo que crea incertidumbre entre los potenciales viajeros. Por el momento, las autoridades han recomendado a los viajeros comunicarse con sus embajadas o consulados para obtener información actualizada.
Argentina no es el primer país de la región en hacer más estrictos sus requisitos de ingreso. Durante la pandemia de COVID-19, varios países, incluyendo Chile y Brasil, impusieron pruebas y declaraciones juradas. No obstante, la decisión de Argentina de hacer permanentes estas exigencias refleja un cambio significativo en la dinámica migratoria del Mercosur, donde la libre circulación de personas había sido un principio fundamental.
“Argentina quiere un control más estricto de quién entra y cómo utiliza los recursos”, comentó Carlos Gómez, analista en la Universidad Nacional de Rosario. Esta postura podría inspirar a otros países de la región, aunque también puede generar tensiones con socios que buscan una mayor apertura, como lo plantea la situación con Paraguay y Uruguay.
La decisión del gobierno de Javier Milei de imponer un seguro de salud obligatorio y una declaración jurada para extranjeros que ingresen a Argentina refleja una estrategia más amplia de su administración: priorizar la reducción del gasto público y reforzar el control estatal en un contexto de crisis económica.
Desde su llegada al poder, Milei ha promovido políticas de austeridad y ha adoptado un discurso firme contra la inmigración irregular, frecuentemente vinculada a problemas como el crimen y el uso indebido de servicios públicos. Esta reforma migratoria, implementada a través del Decreto 366/2025, se alinea con la retórica del presidente, quien ha prometido “poner orden” en las fronteras nacionales.
Sin embargo, estas medidas podrían tener consecuencias significativas. A nivel regional, la imposición de requisitos más estrictos podría tensar relaciones con países del Mercosur, vitales para la movilidad de sus ciudadanos. A nivel doméstico, la reforma fortalecerá la imagen de Milei como un líder firme en cuestiones migratorias, apelando a su base electoral más conservadora, aunque el riesgo de desincentivar el turismo – un sector que representa casi el 7% del PIB argentino – podría suscitar críticas de empresarios del rubro.
En un mundo cada vez más interconectado y con un creciente enfoque en la seguridad fronteriza, el balance entre control y apertura será un desafío crucial para la administración de Milei.
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