La alcaldesa Karen Bass impone un toque de queda en el centro de Los Ángeles para frenar saqueos en protestas contra redadas de inmigración.
Estados Unidos10 de junio de 2025
Javier Saldívar
Los Ángeles, Estados Unidos – La tensión se ha apoderado del centro de Los Ángeles tras cinco días de protestas contra las redadas de inmigración realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En respuesta a disturbios y saqueos, la alcaldesa Karen Bass anunció un toque de queda que comenzó a las 8 p. m. de este martes y se extenderá hasta las 6 a. m. del miércoles en un área de una milla cuadrada.
Durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, Bass detalló que el toque de queda incluye excepciones para los residentes, quienes se dirigen a sus trabajos y los medios de comunicación. Sin embargo, advirtió que esta medida podría ampliarse: "Consultaré con líderes electos y funcionarios policiales mañana... prevemos que durará varios días", declaró la alcaldesa.
El centro de Los Ángeles ha visto un aumento significativo en el caos, pasando de manifestaciones pacíficas a enfrentamientos con la policía, saqueos de tiendas y daños a la propiedad pública. En redes sociales, circulan videos que documentan barricadas improvisadas y vidrieras rotas.
Las redadas realizas por ICE han generado una oleada de indignación en Los Ángeles, donde aproximadamente el 34% de la población es de origen latino, y los inmigrantes son cruciales para la economía local. Bass dijo: "Cuando se atemoriza a los inmigrantes y se les impide venir a trabajar, se está atacando el corazón de nuestra economía".
Un informe del Instituto de Política Migratoria estima que los inmigrantes indocumentados contribuyen con cerca de $79 mil millones anuales a la economía de California. Sectores como la construcción y la agricultura dependen en gran medida de esta mano de obra, y los expertos advierten que las redadas no solo generan miedo, sino que afectan la productividad de los negocios locales.
Las reacciones de la comunidad son diversas. María González, activista de Boyle Heights, expresó: “Estas redadas no solo separan familias, sino que nos hacen sentir como criminales en nuestra propia ciudad”. En contraste, John Carter, un comerciante del centro, afirmó: “Entiendo las protestas, pero los saqueos están destruyendo nuestros negocios. Necesitamos orden”.
La policía de Los Ángeles (LAPD) ha reportado al menos 45 arrestos relacionados con las manifestaciones hasta la tarde del martes. El jefe de policía, Michel Moore, afirmó que su enfoque es garantizar la seguridad pública mientras se respeta el derecho a la protesta.
Los Ángeles ha sido escenario de tensiones migratorias en el pasado. Los disturbios de 1992 tras el caso de Rodney King dejaron huellas profundas en la sociedad. Hoy, las protestas reflejan un descontento acumulado por años de políticas migratorias restrictivas. La reelección de Donald Trump y su promesa de intensificar las deportaciones han amplificado las preocupaciones en comunidades de inmigrantes.
Organizaciones como CHIRLA (Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles) han convocado a manifestaciones pacíficas exigiendo la intervención de líderes estatales como el gobernador Gavin Newsom. Angelica Salas, directora de CHIRLA, declaró: “No podemos permitir que el miedo domine nuestras comunidades”.
Además del toque de queda, la alcaldesa Bass anunció el refuerzo de la seguridad en el centro de Los Ángeles con unidades adicionales de la LAPD y la posibilidad de despliegue de la Guardia Nacional. Las autoridades han habilitado líneas telefónicas para que los residentes reporten incidentes y se informen sobre las restricciones.
El concejal Kevin de León, representante del área, mostró su respaldo al toque de queda, pero también enfatizó la necesidad de dialogar con las comunidades afectadas: "El toque de queda es una herramienta, pero no la solución. Necesitamos abordar las causas de estas protestas", afirmó.
Los disturbios y el toque de queda han llevado a la preocupación entre los comerciantes del centro de Los Ángeles. La Cámara de Comercio local estima que los saqueos han causado pérdidas de al menos $2 millones, afectando especialmente a pequeñas empresas. Esto ha llevado a que muchos negocios cierren antes de lo habitual o refuercen sus vitrinas para evitar más daños.
Las organizaciones de derechos humanos también alertan sobre el impacto psicológico en las comunidades inmigrantes. El Dr. Manuel Ortiz, psicólogo comunitario de la UCLA, comentó: “El miedo a ser detenido está llevando a las personas a evitar salir de casa, incluso para ir al trabajo o a la escuela”. Este clima de inseguridad podría tener efectos a largo plazo en la cohesión social de la ciudad.
Por The Times en español
La decisión de la alcaldesa Karen Bass de establecer un toque de queda en Los Ángeles refleja el delicado balance que enfrentan los líderes locales en un ambiente de creciente polarización política en Estados Unidos. Las redadas de ICE, apoyadas por la administración Trump, han intensificado las tensiones en ciudades santuario como Los Ángeles y han reavivado el debate sobre la inmigración en un momento crítico.
La estrategia de Bass, que combina medidas de seguridad con llamados a la empatía, busca contener los disturbios sin alienar a las comunidades de inmigrantes que son esenciales para la economía local. No obstante, su decisión enfrenta críticas desde ambos frentes: los defensores de los inmigrantes la acusan de ceder ante presiones conservadoras, mientras que comerciantes y algunos residentes demandan acciones más severas contra los saqueos.
A nivel nacional, las protestas en Los Ángeles son indicativas de un país dividido. La retórica antiinmigrante de Trump, que ha resonado en elecciones recientes, se enfrenta a la realidad de ciudades donde los inmigrantes son fundamentales para la economía y la cultura. La insistencia de Bass en reconocer estas contribuciones busca no solo enviar un mensaje al gobierno federal, sino también manejar su capital político en una ciudad donde las demandas de justicia social y seguridad pública compiten.
El impacto de estas políticas va más allá de lo local. La respuesta de Los Ángeles podría establecer un precedente para cómo otros líderes municipales abordan crisis similares. Surge una pregunta crucial: ¿prevalecerán el diálogo y las políticas inclusivas sobre las medidas de control, o el país seguirá atrapado en un ciclo de polarización y conflicto?
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