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Más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante licencias médicas, según Contraloría. Abogado busca sanciones ejemplares.
Chile21 de mayo de 2025Santiago, Chile – El abogado Luis Mariano Rendón presentó el 21 de mayo de 2025 una querella ante los tribunales de justicia en Santiago, acusando a médicos y funcionarios públicos de falsificación y uso malicioso de licencias médicas. La acción se fundamenta en el artículo 509 del Código del Trabajo y el artículo 202 del Código Penal, y surge tras un explosivo reporte de la Contraloría que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban supuestamente de reposo médico. Rendón califica este hecho como una "estafa a todos los chilenos".
El informe de la Contraloría General de la República ha desatado un escándalo al evidenciar que miles de empleados del sector público, los cuales son remunerados con fondos estatales, habrían utilizado licencias médicas fraudulentas para ausentarse de sus labores. Según el organismo fiscalizador, estos trabajadores habrían presentado certificados médicos que justificaban su ausencia laboral mientras que en realidad estaban de vacaciones en el extranjero. Este fraude no involucra únicamente a los solicitantes de las licencias, sino también a médicos que han emitido certificados sin justificación. De acuerdo con la legislación, ello conlleva penas de reclusión y multas considerables.
La querella de Rendón busca sancionar tanto a los funcionarios públicos que solicitaron las licencias fraudulentas como a los médicos que las emitieron. El artículo 202 del Código Penal establece que quienes cometan falsedades en la obtención o tramitación de licencias médicas enfrentan penas que van de 61 días a 3 años de reclusión, además de multas que oscilan entre 25 y 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Los profesionales involucrados podrían ser inhabilitados temporalmente para emitir licencias médicas e incluso perder su inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud.
Rendón, conocido por su activismo en causas de transparencia y justicia social, enfatizó que este caso plantea un "desprestigio" para el sistema de licencias médicas. Señaló que la situación no solo afecta las arcas del Estado, sino también la percepción pública del sistema de salud legítimo. “Ambos, médicos y solicitantes fraudulentos, deben ser sancionados”, reiteró el abogado.
El informe de la Contraloría revela que los 25.000 casos detectados involucran a funcionarios de diversas instituciones, quienes han utilizado licencias médicas para viajar a destinos internacionales, contraviniendo las normativas que exigen reposo en el lugar declarado. La noticia ha generado una ola de indignación pública, con ciudadanos demandando sanciones ejemplares para evitar que el caso quede en la impunidad.
Ante la magnitud del caso, Rendón ha sugerido que la Fiscalía implemente un enfoque simplificado para procesar las investigaciones. Propuso que se realicen formalizaciones masivas y el uso del procedimiento abreviado para quienes reconozcan su responsabilidad. Este mecanismo permite agilizar los procesos judiciales cuando los imputados admiten culpabilidad, lo que podría ser esencial para evitar la saturación del sistema judicial.
El procedimiento abreviado, regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, podría facilitar formalizaciones masivas. No obstante, Rendón advirtió que “lo que no puede ocurrir es que haya impunidad”. Según él, la sociedad espera que este caso signifique un "antes y un después" en la lucha contra el uso fraudulento de licencias médicas.
La Ley N° 20.585, promulgada en 2012, regula el otorgamiento y uso de licencias médicas en Chile, estableciendo sanciones para los involucrados en prácticas fraudulentas. Esta ley autoriza a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y otros organismos a fiscalizar y sancionar a los médicos que emitan licencias sin justificación. El artículo 202 del Código Penal tipifica como delito la falsificación y el uso indebido de licencias médicas, con penas que pueden agravar en casos de reincidencia.
El escándalo generado ha promovido un intenso debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización en el sistema de licencias médicas. La SUSESO ha afirmado que intensificará las auditorías, mientras que el Colegio Médico de Chile ha instado a sus miembros a cumplir con los estándares éticos en la emisión de certificados médicos. Desde el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra Ximena Aguilera, se ha manifestado un apoyo a las medidas sancionatorias.
Sin embargo, organizaciones de trabajadores han advertido que las sanciones masivas podrían destruir la confianza en los funcionarios públicos, muchos de los cuales obtienen licencias médicas para problemas de salud legítimos. Un representante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) resaltó que "es fundamental distinguir entre los casos fraudulentos y aquellos que realmente necesitan el beneficio".
El caso de las licencias médicas fraudulentas evidencia una crisis de confiabilidad en las instituciones públicas chilenas. La magnitud del fraude, que involucra a 25.000 funcionarios, señala fallas graves en la fiscalización y una preocupante falta de ética. Esta situación se agrava en un contexto donde el gobierno enfrenta críticas por su desempeño en la economía y la seguridad pública.
La denuncia de Rendón, aunque valiente, implica retos tanto prácticos como políticos. Procesar un número tan alto de casos requerirá un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía, los tribunales y las entidades fiscalizadoras, lo que podría saturar el sistema judicial. Asimismo, el uso del procedimiento abreviado, si bien eficiente, puede provocar críticas de sectores que demandan castigos más severos para evitar la percepción de impunidad.
Políticamente, el gobierno se enfrenta al reto de equilibrar la necesidad de sancionar a los responsables con la protección de los derechos laborales, evitando que se convierta en una caza de brujas que podría polarizar aún más a la sociedad. El informe de la Contraloría podría ser un punto de inflexión, exigiendo a las autoridades revisar sus métodos de control, pero el éxito en la lucha contra el fraude dependerá de su capacidad para implementar reformas significativas.
La noticia tiene gran potencial de captar la atención en buscadores como Google Noticias, dado su impacto social y político. La utilización de términos como "licencias médicas fraudulentas", "querella masiva", "informe de Contraloría" y "sanciones penales" asegura una adecuada indexación. La narrativa del fraude público, junto con la indignación ciudadana y la propuesta de formalizaciones masivas, añade un elemento de urgencia que llama a la acción.
Se recomienda estructurar el contenido con subtítulos claros, tales como "Detalles de la querella" o "Contexto normativo". Las palabras clave adicionales que podrían ser útiles incluyen "escándalo público", "fiscalización sanitaria", "penas por fraude" y "abuso de licencias". Incluir referencias a instituciones como SUSESO, COMPIN y el Colegio Médico, refuerza la relevancia local. Además, mencionar Santiago, Chile, y la fecha específica (21 de mayo de 2025) ayuda a geolocalizar la noticia.
El escándalo de las licencias médicas fraudulentas en Chile ha sacudido los cimientos de la administración pública, tocando aspectos éticos y políticos profundos. La querella de Rendón, respaldada por el informe de la Contraloría, busca establecer un precedente en la lucha contra el fraude público, pero su éxito dependerá de la agilidad del sistema judicial. La sociedad chilena está atenta, exigiendo un tratamiento justo y equitativo que garantice que el sistema de licencias médicas recupere su legitimidad.
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