La nueva metodología en Chile revela una tasa de pobreza de 22,3% en 2022, marcando un cambio drástico en la medición que busca capturar mejor la realidad socioeconómica.
06 de julio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile, 6 de julio de 2025, En un vuelco significativo en la comprensión de la pobreza en Chile, la Comisión Asesora Presidencial ha presentado una nueva metodología que ha aumentado la tasa oficial de pobreza por ingresos del 6,5% al 22,3% para el año 2022. Este cambio, liderado por el economista Osvaldo Larrañaga y expuesto ante el presidente Gabriel Boric, no refleja un aumento real en la pobreza, sino una redefinición más rigurosa de los criterios utilizados para medirla. La propuesta busca adaptar la medición a las condiciones socioeconómicas actuales del país, ajustando variables como la canasta básica, el costo de la vivienda y eliminando el “alquiler imputado”.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que se realiza cada dos o tres años por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es el principal instrumento para medir tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional en Chile. Desde la última actualización en 2013, varios expertos han manifestado que la metodología vigente no corresponde a la realidad actual, en un contexto donde se enfrenta una mala calidad nutricional y un incremento en el costo de la vivienda.
La Ministra Javiera Toro enfatizó que “cuando un país progresa, también debe ser más exigente en sus instrumentos de medición”.
Uno de los puntos centrales de la nueva metodología es la revisión de la línea de pobreza. Según Larrañaga, “cuando los países actualizan sus mediciones, toman en cuenta las nuevas realidades”, lo que implica ajustar no solo el costo de la canasta básica de alimentos, sino también los gastos relacionados con una vida digna: educación, salud, vivienda y conectividad digital.
Un cambio crucial es la redefinición de la canasta básica de alimentos. La metodología anterior, centrada en requerimientos calóricos, ha quedado obsoleta. Larrañaga subrayó que “el problema no es el déficit de calorías, sino el exceso y la mala calidad nutricional”. La propuesta ahora se alinea con las guías alimentarias del Ministerio de Salud, priorizando dietas equilibradas y limitando el consumo de alimentos ultraprocesados.
Otro ajuste clave es la eliminación del alquiler imputado. Este concepto distorsiona la línea de pobreza al asignar ingresos ficticios a hogares propietarios o que habitan viviendas sin pagar arriendo. Larrañaga afirmó que este ingreso “no es dinero disponible para cubrir necesidades básicas”, lo que puede llevar a clasificar como "no pobres" a familias con ingresos insuficientes.
La nueva propuesta introduce dos líneas de pobreza separadas: una para hogares que arriendan y otra para propietarios. Esta diferencia se justifica por el aumento del costo de la vivienda en los últimos años, que no ha sido adecuadamente reflejado en cálculos anteriores. La recomendación de la comisión es reajustar el costo del arriendo basándose en su evolución específica, en lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.
En relación a la pobreza multidimensional, se propone mantener las cinco dimensiones actuales (educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social) pero aumentar los indicadores de 15 a 20. Entre los nuevos indicadores se incluyen el aprendizaje escolar, la asistencia a controles preventivos, la dependencia funcional y la asequibilidad de la vivienda. Estos cambios buscan reflejar carencias que no se muestran en los ingresos, como el acceso a conectividad digital y la carga de cuidados no remunerados.
La aplicación de esta nueva metodología a datos históricos pinta un panorama más severo. Según el informe de la comisión, la tasa de pobreza por ingresos habría sido del 24,2% en 2017 (frente al 8,7% oficial), del 32,2% en 2020 (en comparación con el 10,8%) y del 22,3% en 2022 (en relación al 6,5%). Aunque estas cifras sugieren un aumento drástico, la comisión aclara que no reflejan un incremento real de la pobreza, sino un enfoque más exigente que amplía el grupo considerado pobre. La pobreza ajustada en 2022 es en realidad menor que en años anteriores, indicando una tendencia decreciente, aunque más moderada que la que sugiere la metodología anterior.
Este no es el primer cambio significativo en la medición de la pobreza en Chile. En 2013, una revisión similar hizo que la tasa se elevara de 7,8% a 14,4%, reflejando ajustes en la canasta básica y la introducción de la pobreza multidimensional. La actual propuesta sigue una recomendación de 2014 que sugirió revisar la metodología cada 10 años para adaptar a los cambios socioeconómicos. Este esfuerzo por mejorar la precisión de las estadísticas sociales se mantiene vigente en Santiago y en todo el país.
La propuesta ha suscitado un intenso debate en Santiago y más allá. Expertos como los de Fundación Sol han señalado que las cifras han subestimado la pobreza durante años, especialmente por el impacto del alquiler imputado y la dependencia de subsidios estatales. En las redes sociales, usuarios han expresado inquietud por el aumento en las cifras; aunque otros matizan que “no se trata de un aumento real, sino de un cambio en los criterios”.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia está evaluando estas recomendaciones para determinar cuáles se implementarán en la Casen 2024, cuyos resultados se prevén para enero de 2026. La ministra Toro ha afirmado que “la actualización permitirá diseñar políticas públicas más efectivas”. Sin embargo, Larrañaga ha aclarado que las propuestas no son vinculantes y que el gobierno tomará la decisión final sobre el camino a seguir.
Por Víctor Manuel Arce García, editor de The Times en español
La redefinición de la pobreza en Chile presenta implicaciones que van más allá de las cifras estadísticas. En el ámbito local, el notable incremento de 6,5% a 22,3% podría generar tensiones políticas, especialmente considerando que se aproxima un año electoral en 2025. El gobierno de Gabriel Boric, que ha resaltado la reducción de la pobreza como un logro clave, enfrenta el reto de comunicar que esta nueva cifra no significa un retroceso, sino una adaptación a estándares más rigurosos.
La oposición puede capitalizar esta situación para cuestionar la eficacia de las políticas sociales actuales, mientras que sectores progresistas podrían ver la nueva metodología como un instrumento para visibilizar carencias estructurales, tales como el costo elevado de la vivienda y la creciente desigualdad.
A nivel regional, Chile se erige como un ejemplo dentro de América Latina, donde países como Argentina y Brasil lidian con desafíos similares en torno a la medición de la pobreza. La adopción de criterios más estrictos podría servir de modelo para que otros gobiernos reconsideren sus propios indicadores, especialmente en economías de ingresos medios-altos donde las carencias han evolucionado significativamente. Aún así, el riesgo de un "shock estadístico" podría llevar a ciertas administraciones a evitar reformas similares, por miedo a reacciones negativas del público.
Globalmente, esta actualización refleja una dificultad común en naciones que han logrado salir de la pobreza extrema pero siguen enfrentando persistentes desigualdades. La inclusión de nuevos indicadores, como la conectividad digital y el trabajo no remunerado, alinea a Chile con los estándares de la OCDE, evidenciando así la necesidad de políticas públicas que aborden estas nuevas dimensiones. En un mundo postpandemia, donde los subsidios estatales han jugado un papel crucial en la mitigación de la pobreza, surge la cuestión sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales medidas. El debate en Santiago sobre cómo financiar un sistema de protección social más sólido será esencial en los próximos años.
La actualización en la medición de la pobreza en Chile representa un hito en la forma en que el país entiende y enfrenta sus desafíos sociales. Al implementar criterios más exigentes, el gobierno busca mejorar la precisión de las estadísticas y crear políticas públicas más efectivas que respondan a las reales necesidades de los hogares chilenos. Aunque el salto a una tasa de 22,3% puede ser alarmante, subraya un empeño por captar la complejidad de la pobreza en una sociedad en constante transformación. La correcta implementación de estas recomendaciones en la Casen 2024 será fundamental para construir un futuro más equitativo en Chile.
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