Clínica de 6 pisos construida ilegalmente en Quillota destapa irregularidades en permisos de edificación, señalando al DOM y al municipio
Chile12 de mayo de 2025
Valeria Ponce
Quillota, Región de Valparaíso, En un nuevo capítulo de irregularidades urbanísticas que sacuden a la Región de Valparaíso, un caso de corrupción municipal ha salido a la luz en Quillota, donde la Dirección de Obras Municipales (DOM) otorgó un permiso de edificación ilegal para la construcción de una clínica de seis pisos a la empresa Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA. Este proyecto, levantado en un terreno de 4.800 m², ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre las prácticas "flexibles" de las municipalidades chilenas, que parecen favorecer intereses privados en detrimento de la legalidad y el bienestar público.
La denuncia, presentada por el ciudadano Andrey Moil, fue respaldada por un contundente dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso (N° E46271/2025, 21 de marzo de 2025), que dejó en evidencia que el terreno en cuestión no permite equipamientos de salud según el Plan Regulador Comunal (PRC) de Quillota. Sin embargo, la clínica ya está terminada, desafiando las normativas urbanísticas y poniendo en jaque la credibilidad de las autoridades locales.
un permiso que nunca debió existir
El caso pone en el centro de la controversia al DOM de Quillota, acusado de "interpretar" con un claro sesgo inmobiliario el uso de suelo del terreno, una atribución que no le corresponde, ya que dicha competencia recae exclusivamente en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu). Además, el funcionario municipal ignoró el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), que establece claramente las normativas para el uso de suelo, según confirmó la Contralora Regional de Valparaíso, María Soledad Pérez.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad y conocido activista contra la corrupción urbanística, señaló que este no es un caso aislado. "Desde hace años venimos denunciando en la prensa independiente estas prácticas que, bajo el pretexto de errores 'involuntarios', benefician a privados ambiciosos", afirmó Herman. Según él, los Certificados de Informaciones Previas (CIP), emitidos por los DOM, son manipulados para favorecer a los solicitantes de permisos, permitiendo construcciones que violan las normativas de los planes reguladores intercomunales (PRI) y comunales (PRC), así como la LGUC y su Ordenanza General (OGUC).
En el caso de Quillota, el permiso de edificación (N° 90 de 2019) otorgado a Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA permitió la construcción de una clínica en una zona destinada a industrias inofensivas, donde los equipamientos de salud no están permitidos. Andrey Moil, el denunciante, expresó su frustración: "Lamentablemente, aquí en Chile funciona la corrupción. La idea es que la gente no tenga miedo de denunciar estas irregularidades". Su denuncia, que llegó a la Contraloría, ha puesto bajo la lupa al director de Obras Municipales, Marcelo Merino, cuya conducta ha sido objetada en varias ocasiones.
A pesar de las irregularidades comprobadas, la clínica ya está terminada, lo que ha generado indignación entre los habitantes de Quillota y los defensores de la legalidad urbanística. Según el artículo 148° de la LGUC, el alcalde de Quillota, Luis Mella, debería ordenar la demolición del edificio ilegal, una medida que hasta la fecha no se ha ejecutado. Esta inacción ha sido duramente criticada por Herman, quien prefiere "no calificar" la ausencia de acción por parte del municipio, dejando entrever posibles complicidades o negligencias.
La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la municipalidad evaluar la apertura de un sumario administrativo contra el DOM, pero Herman considera esta medida insuficiente. "Sabemos que la impunidad es una constante en estos casos", afirmó, proponiendo que el caso sea trasladado al Ministerio Público para que la Fiscalía Regional de Valparaíso investigue si los "errores" del DOM fueron por ignorancia o si hubo "otras motivaciones" detrás del permiso ilegal.
Además, Herman plantea una hipótesis inquietante: "¿Y si el DOM y el alcalde consintieron en este engaño, pensando que sería un mal menor para aumentar la oferta de salud en Quillota?". Esta posibilidad, que sugiere una colusión entre las autoridades y la empresa privada, ha encendido las alarmas sobre la necesidad de una investigación más profunda por parte de la Fiscalía.
El caso de Quillota no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural que afecta a muchas municipalidades chilenas. Según investigaciones periodísticas, las "equivocaciones" de los DOM suelen beneficiar a grandes empresas inmobiliarias, permitiéndoles obtener mayores rentabilidades al construir en zonas donde no está permitido o al superar las alturas y densidades establecidas por los planes reguladores.
Un informe de Puranoticia.cl reveló que la Contraloría ha ordenado al municipio de Quillota investigar si existen otros casos similares de permisos otorgados irregularmente, lo que sugiere que la práctica podría ser más extendida de lo que se pensaba. Además, la falta de transparencia en la aplicación de las normativas urbanísticas, como la LGUC y la OGUC, facilita este tipo de irregularidades, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a los intereses económicos de privados.
La construcción de la clínica ilegal ha generado un profundo malestar entre los habitantes de Quillota, quienes ven cómo las normativas urbanísticas son ignoradas en favor de intereses privados. "Si la municipalidad se hubiera enmarcado en la probidad, este edificio no existiría", sentencia Herman, quien promete seguir de cerca el desenlace de este caso.
La presión ciudadana, liderada por activistas como Andrey Moil y organizaciones como Defendamos la Ciudad, ha sido clave para visibilizar este tipo de irregularidades. Sin embargo, la falta de acción por parte de las autoridades locales y la aparente impunidad de los responsables plantean un desafío mayor: ¿cómo garantizar que las leyes urbanísticas se cumplan y que los responsables enfrenten las consecuencias?
El caso de la clínica ilegal en Quillota expone una problemática que trasciende la comuna y pone en evidencia las grietas de un sistema urbanístico chileno que, lejos de proteger el interés público, parece diseñado para favorecer a privados poderosos. La permisividad de las municipalidades, como lo demuestra el informe de Patricio Herman, no es un fenómeno nuevo. Desde hace más de una década, medios como Diario y Radio Universidad Chile han denunciado cómo las direcciones de obras municipales, en colusión con empresas inmobiliarias, otorgan permisos de edificación que violan las normativas, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el patrimonio urbano.
Un ejemplo paradigmático es el conflicto entre el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la Inmobiliaria del Puerto SpA, reportado en 2020 por El Desconcierto. En ese caso, la DOM de Valparaíso autorizó un anteproyecto que vulneraba la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), desoyendo dictámenes de la Contraloría. Este patrón se repite en Quillota, donde la falta de acción del alcalde Luis Mella y la inactividad frente al artículo 148° de la LGUC sugieren una preocupante tolerancia hacia la ilegalidad.
Desde un punto de vista político, este caso refleja la debilidad institucional de los gobiernos locales y la falta de voluntad política para enfrentar a los grandes intereses económicos. Según un análisis de CIPER Chile (2018), la legislación urbanística chilena, como la Ley de Aportes al Espacio Público, ha sido manipulada para "blanquear" permisos ilegales, beneficiando a grupos poderosos y dejando a la ciudadanía desprotegida. En Quillota, la construcción de la clínica de Red Médica Sudamericana Inmobiliaria SpA podría ser un ejemplo más de cómo las autoridades locales priorizan el desarrollo económico sobre la legalidad y el bienestar social.
Sin embargo, este caso también pone de relieve el creciente rol de la ciudadanía organizada. La denuncia de Andrey Moil y el trabajo de Patricio Herman demuestran que la presión social y la fiscalización ciudadana son herramientas clave para combatir la corrupción. A nivel político, el desafío está en reformar el sistema urbanístico chileno para garantizar transparencia y sanciones efectivas contra los responsables de estas irregularidades. Mientras tanto, casos como el de Quillota seguirán siendo un recordatorio de que la lucha por la probidad está lejos de ganarse.
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