Irmina Herrera
Santiago, Chile, La creciente violencia escolar en Chile ha reavivado el debate político sobre la implementación de detectores de metales en colegios. La propuesta, impulsada por el Congreso, ha generado controversia debido a las reservas del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien duda de su efectividad. Parlamentarios de oposición critican al gobierno por inacción en una crisis que amenaza la seguridad de estudiantes y docentes, mientras que las comunidades educativas demandan soluciones rápidas.
Los últimos años han evidenciado un alarmante aumento en los casos de violencia escolar en Chile. Entre ellos, destaca un tiroteo en el Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz el 30 de mayo de 2025, donde tres estudiantes resultaron heridos. Según la Superintendencia de Educación, los ataques con armas blancas en colegios se duplicaron entre 2014 y 2023, aumentando de 54 a 105 solo en el primer semestre de 2023.
El contexto ha llevado a autoridades y apoderados a demandar la instalación de detectores de metales en los accesos escolares, pero Cataldo se resiste, alegando que no abordan las causas estructurales de la violencia y pueden vulnerar derechos estudiantiles.
El debate tomó fuerza tras la implementación de un pórtico detector en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra en Temuco, sancionado por la Superintendencia de Educación por falta de normativa clara. Este suceso llevó al diputado Henry Leal (UDI) a proponer un proyecto de ley que autorice a los sostenedores escolares a instalar estos dispositivos. "Nada justifica que un alumno ingrese un arma a un colegio", señaló Leal durante una sesión el 2 de junio de 2025.
En San Pedro de la Paz, el alcalde Juan Pablo Spoerer también abogó por la instalación de detectores tras el tiroteo reciente, sugiriendo controles aleatorios para mitigar preocupaciones de invasión a la privacidad.
La oposición ha criticado fuertemente a Cataldo. El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) expresó que, aunque no le gustan los detectores, la situación actual difícilmente permite ignorarlos. Marcia Raphael de Renovación Nacional calificó de inaceptable la posición de Cataldo, instando a priorizar la seguridad escolar.
En redes sociales, la respuesta al ministro ha sido polarizada, con críticas que lo acusan de estar a favor de la delincuencia y exigir medidas más estrictas.
La Fundación Una Mirada, representada por su directora ejecutiva Pamela Pizarro, respalda la instalación de detectores, mientras la Defensoría de la Niñez critica la medida, argumentando que podría comprometer derechos estudiantiles y no aporta soluciones efectivas. El Colegio de Profesores también se opone, considerándola una "solución populista" que distrae recursos de la educación.
Un antecedente judicial relevante ocurrió en 2022, cuando el Colegio Salesiano de Valparaíso fue multado por instalar detectores, pero en 2023, la Corte Suprema falló a favor de la institución, sentando un precedente que favorece su intento de implementación.
Experiencias en Perú, donde se ha implementado esta tecnología con apoyo parental, muestran resultados positivos en la reducción de violencia escolar. Sin embargo, estudios en EE. UU. advierten que tales medidas pueden crear un ambiente punitivo y perjudicial para la convivencia.
Los costos de estos dispositivos son un punto crítico en el debate; en Temuco, un pórtico con reconocimiento facial oscila entre 15 y 20 millones de pesos (aproximadamente 16,000 a 21,000 USD), un gasto que algunos críticos consideran desviación de fondos educativos.
Este debate no solo revela la crisis de seguridad en Chile, sino también las tensiones políticas en torno a soluciones immediatas frente a problemas estructurales. La insistencia de la oposición en la instalación de detectores responde a una demanda ciudadana por acciones visibles, mientras Cataldo se enfrenta a un dilema entre los derechos de los estudiantes y la presión pública por respuestas rápidas.
El conflicto ideológico entre enfoques conservadores y progresistas complica el debate sobre la seguridad escolar. Soluciones como las planteadas por el proyecto de ley de Henry Leal podrían ser clave, pero dependerán de un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos.
En resumen, el debate en curso sobre los detectores de metales simboliza los desafíos que enfrenta Chile en su lucha contra la inseguridad en el ámbito educativo, donde la solución puede requerir un enfoque integral más allá de medidas tecnológicas.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
