La exigencia de receta médica para adquirir métodos anticonceptivos en farmacias concita críticas por afectar derechos reproductivos y aumentar desigualdades.
Chile12 de junio de 2025
Irmina Herrera
Santiago, Chile, Una reciente normativa del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile ha suscitado controversia al exigir receta médica para la compra de métodos anticonceptivos en farmacias. Confirmada el 6 de junio, la medida ha sido tachada de retroceso por diputadas de oposición que advierten que restringe la autonomía de las mujeres y agrava desigualdades socioeconómicas.
Las diputadas María Luisa Cordero (Indep-RN) y Sofía Cid (Rep) han manifestado su rechazo a esta normativa, argumentando que la exigencia de una receta médica impone barreras que afectan especialmente a las mujeres de menores recursos. "Esta medida afecta gravemente a quienes enfrentan dificultades económicas", denunciaron.
El ISP y el Ministerio de Salud defienden la medida como un intento por asegurar el uso seguro de los anticonceptivos y prevenir riesgos asociados. No obstante, críticos plantean que estos requisitos son obstáculos que pueden interrumpir tratamientos y aumentar el riesgo de embarazos no deseados, un problema que ha demostrado ser crítico en el contexto chileno.
María Luisa Cordero insistió en que la obligación de obtener una receta conlleva costos adicionales, como consultas médicas que oscilan entre $20,000 y $50,000 pesos chilenos (aproximadamente $20-50 USD), o espera prolongada en el sistema público. La situación es aún más preocupante en áreas rurales, donde el acceso a atención médica es limitado.
Cid enfatizó que "la salud pública debe promover el acceso sin restricciones a los anticonceptivos", asegurando que esta medida sirve solo para complicar un derecho fundamental.
A través de las redes sociales, miles de mujeres han mostrado su frustración ante esta normativa. Una usuaria en X, exclamó: "¿Por qué la Cruz Verde está pidiendo receta para comprar anticonceptivos ahora?". Estas expresiones de descontento se han viralizado, intensificando el debate público.
La exigencia de receta médica no solo tiene repercusiones en la salud, sino también en la economía familiar. El costo asociado a una consulta médica puede ser significativo para muchas familias. Además, los tiempos de espera en el sistema público pueden ser desproporcionados, lo que incrementa la probabilidad de embarazos no deseados.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el acceso universal a anticonceptivos puede disminuir la mortalidad materna y mejorar la calidad de vida de las mujeres. La nueva normativa podría revertir años de avances, ya que en 2023, el 12% de los nacimientos en Chile corresponde a madres menores de 19 años.
El Ministerio de Salud defendió la normativa como una medida para garantizar la seguridad de las usuarias. A pesar del escepticismo generado por su implementación, y ha prometido trabajar en recetas de mayor duración para facilitar su renovación, aunque esta promesa no ha disipado las críticas.
Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no ha habido una declaración oficial sobre la normativa, generando incertidumbre entre parlamentarias y activistas. La falta de respuesta ha provocado críticas adicionales por parte de Cordero y Cid, quienes acusan al gobierno de desatender los derechos reproductivos.
La nueva normativa del ISP no solo reaviva el debate sobre salud pública en Chile, sino que también pone de relieve las tensiones políticas en torno a la agenda de género del país. Desde la despenalización del aborto en tres causales en 2017, Chile ha progresado en la defensa de los derechos reproductivos. Sin embargo, esta medida podría erosionar la confianza en las instituciones de salud.
El gobierno de Gabriel Boric, que llegó al poder con una fuerte agenda feminista, enfrenta un dilema: garantizar la seguridad de los medicamentos y al mismo tiempo evitar políticas que perpetúen desigualdades de género. La respuesta tibia desde el Ejecutivo ha suscitado frustración, especialmente por parte de organizaciones feministas y diputadas de oposición.
Comparado con otros países de la región, como Argentina y México, que han facilitado el acceso a anticonceptivos como parte de políticas de salud inclusivas, Chile parece retroceder. A nivel global, los derechos reproductivos están bajo un intenso escrutinio, lo que agrava la crítica hacia la normativa del ISP.
Si el gobierno no toma medidas rápidas para mitigar las barreras impuestas, podría enfrentar un aumento en la movilización social, liderada por movimientos que ya han demostrado su capacidad para transformar el debate público. Este conflicto no solo determina el acceso a anticonceptivos, sino que pone a prueba el compromiso del Estado chileno con la igualdad de género, un valor fundamental en el contexto de un país que busca erigirse como un referente en derechos humanos.
La nueva normativa del ISP ha encendido alarmas en Santiago y en todo Chile, evidenciando la fragilidad del acceso a anticonceptivos en un sistema de salud complejo. Las iniciativas de diputadas como Cordero y Cid, junto con la presión de la sociedad civil y organizaciones feministas, reflejan una creciente necesidad de priorizar la salud sexual y reproductiva en políticas públicas. Mientras los derechos de las mujeres están en el centro de un debate global, el desafío del gobierno chileno es claro: garantizar el acceso equitativo a los anticonceptivos sin imponer barreras que perpetúen las desigualdades.
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