Concejal y vecinos de Peñalolén se suman a causa en la Corte Suprema contra polémico proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín

Santiago, Chile – 30 de abril de 2025 Un centenar de vecinos y dirigentes sociales de Peñalolén se plantaron frente a la Corte Suprema en un gesto de resistencia. Acompañaron al concejal Claudio Hernández en la presentación de una acción legal destinada a frenar el controvertido proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín, un desarrollo que, según acusan, ha sido impulsado por la municipalidad sin escuchar a la comunidad. La tensión entre desarrollo urbano y demandas ciudadanas ha alcanzado un nuevo clímax en esta comuna del oriente de Santiago, conocida por su diversidad social y sus recurrentes debates sobre planificación territorial.

El proyecto Hijuelas-Quilín, anunciado en 2019, nació ambicioso: 24 torres de entre 11 y 15 pisos, más de 2.000 departamentos y un Strip Center con 20 locales comerciales, todo sobre una superficie edificable de 191.808 metros cuadrados. Desde el primer día, la propuesta desató una ola de críticas. Vecinos y organizaciones locales señalaron que la iniciativa agravaría la congestión vehicular, rompería la armonía urbanística de la zona y alargaría los tiempos de desplazamiento en un sector ya saturado. La inmobiliaria, sin embargo, no logró responder satisfactoriamente a estas inquietudes durante la tramitación ambiental. El resultado: en 2023, el Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que el Comité de Ministros había aprobado, un duro revés para los promotores del proyecto.

Pero la historia no terminó ahí. La administración del alcalde Miguel Concha, del Frente Amplio, retomó las negociaciones que había iniciado su predecesora, Carolina Leitao (DC), y llegó a un principio de acuerdo con la inmobiliaria. El pasado 10 de abril, el Concejo Municipal dio luz verde a una transacción extrajudicial que ajusta el proyecto, pero solo marginalmente: las torres bajan a un máximo de nueve pisos y se eliminan 54 departamentos, una reducción que no supera el 10% del plan original. La votación fue casi unánime, con una excepción notable: el concejal Claudio Hernández, quien se opuso tajantemente. “Nos preocupa la legitimidad de los tres vecinos que firmaron este acuerdo. No está claro si representan a las organizaciones que han luchado contra el proyecto desde el principio”, afirmó Hernández en una declaración que resonó entre los opositores. “No estoy contra el desarrollo, pero este debe ser justo, participativo y legal”, añadió.

La comunidad, lejos de apaciguarse, redobló su apuesta. Eduardo Gisen, integrante de la ONG Viento Sur, acusó a la gestión municipal de priorizar intereses empresariales por encima de los ciudadanos. “Este acuerdo perpetúa la segregación socioespacial en Peñalolén. Aunque los impactos ambientales son menores que en la versión inicial, siguen siendo desmedidos para este sector y contradicen el espíritu del nuevo Plan Regulador Comunal que se está discutiendo”, explicó Gisen. Sus palabras reflejan una preocupación más amplia: el proyecto no solo amenaza la calidad de vida, sino que ignora las necesidades habitacionales reales de una comuna donde el déficit de vivienda sigue siendo un problema crítico.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, fue aún más incisivo. Calificó la transacción de “burlesca” y anunció que su organización se sumará a la causa en la Corte Suprema (Rol N° R-334-2022). “Este acuerdo entre una municipalidad intimidada y una empresa que busca resucitar un permiso de edificación ilegal de 2018 es inaceptable. Debería incluir viviendas sociales para las familias que las necesitan desesperadamente”, propuso Herman. Su crítica apunta a un dilema ético: mientras el mercado inmobiliario avanza, las comunidades vulnerables quedan rezagadas.

Desde las bases, Natalia Garrido, vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) de Peñalolén, llevó el reclamo a un tono de urgencia. “Decimos no a Hijuelas-Quilín desde los territorios. Este proyecto beneficia a los poderosos de siempre y no aporta soluciones al déficit habitacional ni a la calidad de vida”, afirmó. Garrido llamó al Concejo Municipal y al alcalde Concha a dar marcha atrás y abrir un diálogo genuino con los vecinos, un pedido que resonó en las pancartas y consignas frente al palacio de justicia.

La escena en la Corte Suprema no fue solo una protesta; marcó el inicio de una batalla legal que podría sentar precedente. Los opositores argumentan que el proceso ha estado plagado de irregularidades: desde la aprobación inicial del permiso de edificación en 2018, hoy cuestionado, hasta la falta de participación ciudadana en las negociaciones recientes. La reducción del proyecto, dicen, es cosmética y no aborda los problemas estructurales que llevaron a la revocación de la RCA en 2023. Mientras tanto, la inmobiliaria y la municipalidad defienden el acuerdo como un “equilibrio” entre desarrollo y sostenibilidad, aunque no han logrado convencer a los críticos.

El caso pone bajo la lupa a Peñalolén, una comuna que históricamente ha sido un laboratorio de tensiones urbanas. Con sectores de clase alta colindando con poblaciones vulnerables, cualquier decisión sobre el uso del suelo tiene implicancias sociales profundas. Hijuelas-Quilín, en ese sentido, no es solo un proyecto inmobiliario; es un símbolo de las prioridades de una administración que, según sus detractores, ha privilegiado el lucro sobre el bienestar colectivo.
 

E este conflicto trasciende lo local y expone las contradicciones del Frente Amplio en el poder. Miguel Concha, un alcalde joven y progresista, llegó al cargo en 2021 con promesas de participación ciudadana y justicia social. Sin embargo, su manejo de Hijuelas-Quilín lo muestra atrapado entre el pragmatismo político y las expectativas de su base. Fuentes cercanas al municipio, que pidieron anonimato, sugieren que Concha buscó evitar un enfrentamiento directo con la inmobiliaria para no ahuyentar inversión privada, un delicado equilibrio en tiempos de recuperación económica postpandemia (El Mercurio, 15 de abril de 2025). Pero esta estrategia le ha costado caro: la percepción de que cedió ante presiones empresariales ha erosionado su credibilidad entre los movimientos sociales que alguna vez lo apoyaron.

El concejal Claudio Hernández, por su parte, emerge como una figura disruptiva. Su voto en contra y su liderazgo en la Corte Suprema lo posicionan como un potencial contrapeso dentro del Concejo, aunque su capacidad para movilizar apoyo a largo plazo aún está por verse. Organizaciones como la Fundación Defendamos la Ciudad, con décadas de trayectoria en temas urbanos, aportan peso técnico a la causa, mientras el MPL inyecta la energía de la calle. Juntos, forman una coalición heterogénea pero poderosa, que podría complicar los planes de Concha rumbo a las elecciones municipales de 2026.

Desde una perspectiva más amplia, el caso refleja el desafío de Chile para conciliar crecimiento y equidad en un contexto de crisis habitacional. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit de viviendas supera las 650.000 unidades a nivel nacional (MINVU, 2024). Proyectos como Hijuelas-Quilín, enfocados en el mercado de renta alta, difícilmente resuelven este problema, lo que refuerza la narrativa de segregación que denuncian los opositores. The Times en Español destaca que este conflicto no solo es jurídico, sino político: un test para el Frente Amplio y su promesa de transformar la gestión pública desde abajo.
 

Cuestionable conciliación en Peñalolén: Fundación Defendamos la Ciudad exige transparencia en megaproyecto Hijuelas Quilín