La administración Trump suspendió $2.200 millones en subvenciones y $60 millones en contratos a Harvard tras la negativa de la universidad a cumplir con exigencias federales, como eliminar programas de diversidad y revisar políticas de admisión, en un esfuerzo por combatir el supuesto antisemitismo.
Estados Unidos14 de abril de 2025
Periodista Digital The Times en Español
Cambridge, Massachusetts, EE.UU., 14 de abril de 2025 – La Universidad de Harvard enfrenta un duro golpe financiero luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara la congelación de $2.200 millones en subvenciones plurianuales y $60 millones en contratos federales. La medida, ejecutada por el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, responde a la negativa de la universidad a adoptar una serie de demandas federales destinadas, según el gobierno, a garantizar el cumplimiento de los derechos civiles en el campus.
El comunicado del grupo de trabajo calificó la postura de Harvard como una muestra de “una preocupante mentalidad de privilegio” y señaló que “la interrupción del aprendizaje en los campus en los últimos años es inaceptable”. Entre las exigencias de la administración Trump estaban el cierre de oficinas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la cooperación con auditorías de inmigración para estudiantes internacionales, la prohibición de máscaras en protestas y la adopción de políticas de admisión y contratación basadas en méritos, eliminando criterios de raza o género. También se solicitó una auditoría de “diversidad de puntos de vista” en los departamentos académicos, lo que Harvard interpretó como un intento de controlar la libertad intelectual.
El presidente de Harvard, Alan Garber, defendió la autonomía de la institución en una carta a la comunidad universitaria. “No cederemos nuestra independencia ni renunciaremos a nuestros derechos constitucionales”, afirmó, argumentando que las demandas violan la Primera Enmienda y exceden la autoridad legal del gobierno bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Garber destacó que la universidad ha implementado medidas contra el antisemitismo durante los últimos 15 meses, incluyendo reglas más estrictas, entrenamientos y mejoras en seguridad, pero reconoció que “aún queda trabajo por hacer”.
La congelación de fondos representa una escalada en la campaña de Trump contra universidades de élite, a las que acusa de tolerar el antisemitismo y promover ideologías divisivas. Harvard se convierte en la primera institución en resistir abiertamente, a diferencia de Columbia, que aceptó demandas similares tras perder $400 millones. El impacto financiero podría afectar investigaciones cruciales en áreas como medicina, inteligencia artificial y física cuántica, según Garber, quien advirtió que la medida pone en riesgo “la salud y el bienestar de millones”.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras el gobierno insiste en que busca proteger a los estudiantes judíos, críticos como la Asociación Americana de Profesores Universitarios argumentan que las demandas atentan contra la libertad académica y el derecho a la libre expresión. Una demanda presentada por Harvard y apoyada por 800 profesores busca bloquear las acciones federales, alegando que no se siguió el procedimiento legal para suspender fondos.
La congelación de fondos a Harvard marca un punto álgido en la tensión entre la administración Trump y las universidades de élite, evidenciando un uso agresivo del poder federal para imponer cambios ideológicos. Si bien el combate al antisemitismo es un objetivo legítimo, las demandas de Trump –como eliminar DEI y auditar opiniones– sugieren una agenda más amplia para moldear la educación superior según su visión política, lo que amenaza la autonomía académica. La resistencia de Harvard podría inspirar a otras instituciones, pero el costo financiero inmediato pone en jaque investigaciones vitales, dejando a la universidad en una encrucijada. Además, el enfoque selectivo en el antisemitismo, sin medidas claras contra otras formas de discriminación como la islamofobia, plantea dudas sobre la imparcialidad de la política federal.
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