Una investigación destapa que los equipos de apoyo de los diputados desaforados María Luisa Cordero, Mauricio Ojeda y Francisco Pulgar continúan recibiendo millonarias asignaciones parlamentarias, a pesar de que los legisladores no ejercen funciones. El caso reaviva el debate sobre la falta de control en el uso de fondos públicos.
Chile10 de abril de 2025
The Times en Español
Santiago, Chile (The Times en Español, 10 de abril de 2025): Una reciente revelación ha puesto en el foco la persistencia de pagos a asesores de parlamentarios desaforados en Chile, evidenciando serias fisuras en la fiscalización de las asignaciones parlamentarias. Los casos de los diputados María Luisa Cordero (independiente), Mauricio Ojeda (ex-Republicanos) y Francisco Pulgar (independiente, ex-PDG) muestran que, pese a estar suspendidos de sus labores legislativas por procesos judiciales, sus equipos de apoyo siguen recibiendo sueldos financiados con recursos públicos.
María Luisa Cordero fue desaforada en junio de 2023 por injurias tras cuestionar la ceguera de la senadora Fabiola Campillai, mientras que Mauricio Ojeda perdió su fuero en julio de 2024 por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, y Francisco Pulgar en octubre de 2024, acusado de violación y abuso sexual reiterado contra una menor. Aunque estos parlamentarios no pueden participar en sesiones ni comisiones, sus asesores —que en teoría deberían apoyar su labor legislativa— han continuado cobrando, según datos recopilados por medios como El Dínamo y posteos en X que cifran en más de $149 millones los pagos realizados por la Cámara de Diputados a estos equipos entre 2023 y 2025.
Cada diputado chileno dispone de un monto mensual de aproximadamente $12,5 millones en asignaciones para personal de apoyo, asesorías externas y gastos operativos. En el caso de los desaforados, los asesores no tienen funciones legislativas que cumplir, pero el sistema actual no suspende automáticamente estos pagos. Por ejemplo, Ojeda, quien está en prisión preventiva desde enero de 2025, y Pulgar, también privado de libertad, mantienen equipos que han recibido millones sin evidencia de trabajo activo. En el caso de Cordero, sus asesores han cobrado durante casi dos años pese a su exclusión del hemiciclo.
La normativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe usar estos fondos en campañas políticas, pero no establece claramente la suspensión de pagos cuando un legislador queda inhabilitado. Esto ha permitido que, según estimaciones, los tres casos mencionados acumulen un gasto superior a los $149 millones desde sus respectivos desafueros, según lo reportado por usuarios en X y medios locales.
El escándalo reaviva las críticas sobre la opacidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos parlamentarios, un tema que ha sido recurrente desde el caso de las asesorías fraudulentas destapado por Ciper en 2017. La situación de los desaforados pone en evidencia un vacío legal: mientras el desafuero suspende las funciones legislativas, no corta el flujo de asignaciones, lo que genera un uso cuestionable de dineros públicos.
Organizaciones como Chile Transparente han señalado que esta práctica constituye un “privilegio injustificable”, y figuras como la senadora Campillai y el diputado Miguel Ángel Calisto han impulsado proyectos para reformar la Constitución y suspender las dietas y asignaciones de parlamentarios desaforados. Sin embargo, estas iniciativas, presentadas en 2024, aún no prosperan en el Congreso.
El contraste con otros sectores es evidente: un trabajador común suspendido por problemas judiciales no recibe salario, pero los asesores de estos diputados siguen amparados por un sistema que prioriza la continuidad administrativa sobre la rendición de cuentas. Posts en X como los de @copano
y @JoaquinZuniga_ reflejan la indignación pública, mientras que fuentes como La Tercera confirman que al menos cuatro diputados desaforados en el período 2022-2026 han mantenido estos beneficios.
The Times en Español considera que este caso no solo cuestiona la gestión de las asignaciones, sino también la credibilidad del Congreso en un año electoral. La presión ciudadana y los antecedentes judiciales podrían acelerar las reformas, pero la lentitud legislativa sigue siendo un obstáculo. Mientras tanto, los fondos públicos continúan fluyendo hacia equipos sin función aparente, en un ejemplo más de las grietas de la institucionalidad chilena.
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