José Cortés, asesor jurídico del Servicio de Patrimonio Cultural, afirmó que advirtió sobre inhabilidades en la compra de la casa de Salvador Allende, involucrando a asesores de Presidencia. Su declaración, sumada a otras, intensifica las dudas sobre lo que sabía el Presidente Boric al firmar el decreto que dio curso a la operación.
Chile10 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile (The Times en Español, 10 de abril de 2025): La investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en calle Guardia Vieja, en Providencia, dio un nuevo giro con el testimonio de José Cortés, asesor jurídico del Servicio de Patrimonio Cultural (Serpat). En su declaración del 21 de enero ante la fiscalía, Cortés aseguró que el 11 de junio de 2024 alertó en una reunión con asesores de Presidencia, incluida Bernardita Nazar, sobre las inhabilidades legales que afectaban la transacción debido a la participación de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende como propietarias. Nazar, sin embargo, negó haber recibido tal advertencia.
El testimonio de Cortés se suma al de Macarena Diez, exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, quien también afirmó haber señalado las irregularidades. Estas versiones contrastan con la declaración de Nazar, quien el 24 de enero aseguró que “nunca se levantó ninguna alerta de inhabilidad”. El caso, que derivó en la salida de las ministras Fernández y Carolina Sandoval, así como en la cesación del cargo de la senadora Allende por el Tribunal Constitucional, pone en tela de juicio la información que tenía el Presidente Gabriel Boric al firmar el decreto 38 el 28 de noviembre de 2024, que autorizó la compra.
Cortés relató que en marzo de 2024 recibió la instrucción de su jefa, Nélida Pozo, de avanzar en la adquisición de la casa de Allende, impulsada por el propio Boric como parte de un proyecto para transformar las residencias de los expresidentes Allende y Patricio Aylwin en casas museo. Según el abogado, el abogado de la familia, Felipe Vio, le informó que Fernández y Allende eran parte de la comunidad propietaria, lo que violaba los artículos 37 bis y 60 de la Constitución, que prohíben a autoridades públicas vender bienes al Estado.
En abril, Cortés y su colega Paz Carmona elaboraron una minuta que advertía sobre las inhabilidades y el riesgo de nulidad del contrato, documento que fue enviado al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Gonzalo Pinto, el 24 de abril. En la reunión del 11 de junio con Nazar y Pablo Maino, jefe de división de Bienes Nacionales, Cortés reiteró las irregularidades, pero se le pidió paralizar las negociaciones y continuar solo con las tasaciones.
La abogada Francisca Moya, jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres, añadió más presión al caso al admitir el lunes ante la comisión investigadora de la Cámara que, al llevar el decreto 38 a Boric el 28 de noviembre, sabía de las inhabilidades. Esto contradice la afirmación del Presidente, quien en marzo aseguró a Chilevisión que no estaba al tanto de las irregularidades.
El caso Guardia Vieja expone una cadena de descoordinaciones y posibles omisiones en La Moneda que han dañado la imagen del gobierno de Boric. Los testimonios de Cortés y Diez, respaldados por la admisión de Moya, sugieren que las advertencias sobre las inhabilidades llegaron a niveles altos de la administración, pero no se actuó con la diligencia esperada. La negativa de Nazar a reconocer estas alertas, sumada a la firma del decreto por parte de Boric, plantea interrogantes sobre la transparencia y la gestión interna en Presidencia.
Consultando otras fuentes, El Mercurio informó que la investigación fiscal avanza con nuevas citaciones, mientras que posteos en X de usuarios como @ChilePolítico destacan que el caso ha fortalecido la narrativa opositora sobre la “falta de liderazgo” de Boric. Aunque el Presidente impulsó el proyecto con fines culturales, la falta de filtros legales ha generado un costo político elevado, con dos ministras fuera del gabinete y una senadora cesada.
El caso también refleja tensiones en la coalición oficialista, especialmente tras las críticas de Franco Parisi, líder del PDG, quien acusó al gobierno de “hacerle mal a Chile”.
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