Irmina Herrera
Santiago, Chile – Un escándalo de proporciones monumentales ha sacudido al sector público chileno tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República que expone cómo 25.078 funcionarios públicos abandonaron el país entre 2023 y 2024 mientras estaban de licencias médicas, ostensiblemente para reposar por motivos de salud. Estos hechos han desatado un torbellino de críticas y un intenso debate nacional sobre la corrupción, la ausencia de una adecuada fiscalización y el uso indebido de los recursos públicos.
La investigación, liderada por la contralora Dorothy Pérez, ha expuesto un sistema que fue explotado por numerosos funcionarios, quienes, en lugar de descansar, usaron sus licencias para estudiar en Europa, involucrarse en actividades políticas, trabajar en emprendimientos privados o disfrutar de unas merecidas vacaciones. El cruce de datos entre las licencias médicas emitidas y los registros de movimientos internacionales proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) fue el punto de partida de esta indagatoria.
El informe, publicado el 20 de mayo de 2025, identificó un total de 35.585 licencias médicas irregulares, con un desglose que indica que el 69% fueron otorgadas por Fonasa y el 31% por Isapres. Esto significa que, durante los períodos de reposo, los funcionarios realizaron un total de 59.575 movimientos internacionales, con una duración promedio de 17.7 días por licencia.
Algunos de los casos más alarmantes revelados por la Contraloría involucran a funcionarios que no solo estaban ausentes, sino que llevaban a cabo actividades notoriamente incompatibles con la razón de sus licencias. Por ejemplo, se detectó a una funcionaria de la Subsecretaría de Salud Pública que, tras recibir 141 días de licencia médica, se encontraba estudiando en el extranjero, mientras mantenía su trabajo al 100% a través del teletrabajo. También se identificó a un empleado del Instituto Geográfico Militar que viajó por Europa durante 30 días de licencia, y una trabajadora de Bienes Nacionales que, con 345 días de reposo, gestionaba un emprendimiento personal mientras se desplazaba al extranjero.
Uno de los casos más impactantes se registró en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), donde una funcionaria, además de tener más de 2.280 licencias irregulares, se postuló a un cargo público como candidata a consejera regional durante su ausencia.
La magnitud de este escándalo ha generado un repudio transversal en la clase política chilena. Desde la oposición, miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI) han solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie acciones legales contra los involucrados por fraude al fisco, además de exigir la restitución de los fondos públicos mal utilizados. El diputado Tomás Lagomarsino se ha pronunciado enérgicamente, destacando la situación como una “malversación de recursos fiscales”, mientras que el senador Juan Luis Castro (PS) ha calificado el caso como una “vergüenza” para el Estado, sugiriendo que deberían establecerse sanciones drásticas.
Por su parte, el gobierno ha tomado medidas al crear un Comité Nacional de Ausentismo liderado por el Ministerio de Hacienda, destinado a implementar políticas que prevengan y sancionen conductas similares en el futuro. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, mencionó que el Compin había denunciado previamente a 302 funcionarios por un mal uso de licencias médicas antes de que se hiciera público este informe, con 1.177 sumarios en curso y cinco destituciones ya efectivas.
Simultáneamente, la Fiscalía Nacional ha abierto una investigación penal para determinar posibles delitos relacionados con fraude al fisco y la emisión de licencias médicas falsas. Tanto la Corte Suprema como la propia Contraloría han iniciado indagaciones internas para esclarecer el asunto.
En una declaración del 26 de mayo de 2025, el presidente Gabriel Boric expresó su desagrado de manera contundente, afirmando que “muchos de ellos debieran ser destituidos”, subrayando que “no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre”. Ante estas declaraciones, la Contraloría ha anunciado que extenderá su fiscalización a viajes dentro de Chile, lo cual podría ascender a más de 100,000 casos pendientes.
El impacto de este escándalo ha sido particularmente duro para instituciones vinculadas a la educación infantil, como la Junji y la Fundación Integra, las cuales han acumulado un total de 4.214 licencias irregulares. Expertos han calificado esta situación como una “puñalada al corazón de Chile”, dado que estos entes desempeñan un papel fundamental en la educación de la primera infancia.
La temporalidad de los viajes también ha generado suspicacias, ya que la mayoría de estos se realizó entre septiembre y diciembre, los meses asociables con la primavera y el verano austral. Esto refuerza la impresión de que muchos funcionarios usaron las licencias como una excusa para escapar de la rutina laboral.
Un aspecto crítico que ha surgido en medio de esta crisis es la inexistente regulación para controlar el uso de licencias médicas. La contralora Dorothy Pérez indicó que un convenio de 2014 entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la PDI para el cruce de datos no fue actualizado, lo que permitió que estas irregularidades vuelvan a surgir durante años. Aún más alarmante, se han descubierto anuncios en redes sociales ofreciendo licencias médicas fraudulentas por sumas que alcanzan los 60 mil pesos, evidenciando un mercado negro que involucra tanto a médicos como a funcionarios públicos.
El escándalo de las licencias médicas falsas representa un golpe devastador para la credibilidad del gobierno de Gabriel Boric, especialmente a menos de un año para el final de su mandato. La magnitud del fraude, que involucra a 25.078 funcionarios y un costo estimado de 350 millones de dólares en suplencias, evidencia una crisis estructural en la fiscalización del sector público.
Aunque la Contraloría ha desempeñado un papel clave al destapar esta red de corrupción, queda en el aire la inquietud acerca de cómo pudo permitir que un fraude de tal magnitud permaneciera oculto durante tanto tiempo. Este caso no solo deslegitima el trabajo de la administración actual, sino que también abre la puerta a interrogantes sobre el compromiso del Estado en la transparencia y la responsabilidad pública.
Desde una perspectiva política, el caso podría debilitar al gobierno en un momento crítico, ya que su índice de aprobación ha caído 10 puntos desde 2022, según encuestas como la CEP. En particular, la pérdida de apoyo entre los jóvenes de clase media bien educados ha exacerbado este deterioro, dado que este grupo ha sido fundamental para el éxito inicial de Boric. La oposición, en especial la UDI, podría capitalizar esta crisis para exigir sanciones ejemplares y profundizar la polarización de cara a las elecciones de 2025.
Desde un enfoque periodístico, el caso destaca la necesidad apremiante de revisar las políticas de transparencia y ética pública en Chile. La narrativa de funcionarios que abusaron de recursos estatales resuena en una ciudadanía que exige mayor honestidad y responsabilidad. La cobertura mediática, alimentada por las revelaciones de la Contraloría y compartida en redes sociales, transforma este escándalo en un referente de las ineficiencias del sistema público chileno.
El escándalo de las licencias médicas en Chile no solo revela un fraude masivo, sino que también pone de manifiesto una grave crisis de confianza en las instituciones estatales. La Contraloría ha expuesto las falencias de un sistema que permitió el abuso de 35.585 licencias, pero el verdadero desafío radica en restaurar la fe de la ciudadanía en sus representantes. Mientras el gobierno enfrenta críticas y presiones para sancionar a los responsables, la sociedad chilena demanda respuestas concretas y medidas que aseguren que estas prácticas no se repitan en el futuro.
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