
Evelyn Matthei suspende querella por campaña sucia en Redes Sociales
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decide no judicializar la campaña tras alegaciones de ataques a su imagen.
Acusaciones de acoso laboral entre funcionarios diplomáticos sacuden la embajada chilena en Buenos Aires, generando un clima insostenible.
Latam24 de mayo de 2025Buenos Aires, Argentina – Un escándalo en la Embajada de Chile en Argentina ha desatado una serie de acusaciones de acoso laboral y mala gestión. La diplomática Catalina Barceló, quien asumió el cargo de Primera Secretaria en agosto de 2022, enfrenta serias denuncias por parte de los funcionarios de la misión, quienes describen un ambiente laboral insostenible desde su llegada.
Desde su ingreso, Barceló ha sido acusada de crear un clima laboral hostil, que ha ocasionado que casi la totalidad del personal con contratos locales presente quejas formales. Las denuncias apuntan a que ha incurrido en prácticas de persecución y calumnias, deteriorando las relaciones internas.
Según el testimonio de los denunciantes, Barceló inició una campaña de rumores contra colegas de tendencia derechista, creando divisiones dentro del equipo. Un caso notable implica al diplomático Bruno Aguirre, quien fue vinculado erróneamente con un movimiento de ultraderecha, lo que llevó a la exembajadora Bárbara Figueroa a excluirlo de actividades oficiales.
Además, Barceló acusó injustamente al Primer Secretario Patricio Williams de errores en la publicación de un video relacionado con el poeta Gonzalo Rojas, lo que resultó en una nota de demérito para él, desestimada posteriormente tras confirmarse que la responsabilidad del contenido recaía en Barceló.
En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, Barceló también presentó su propia denuncia por acoso laboral contra el embajador José Antonio Viera-Gallo, el jefe de Cancillería Juan Pedro Sepúlveda y otros diez funcionarios, amparándose en la Ley Karin, que protege a los trabajadores chilenos contra el acoso laboral.
Mientras tanto, la Cancillería chilena investiga los casos, lo que ha dejado a los miembros del personal frustrados por lo que consideran una "dilación inexplicable" en los procedimientos. Hasta la fecha, los sumarios administrativos han superado los 18 meses de investigación, sin una resolución clara.
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Las condiciones en la embajada han alcanzado un punto crítico, con al menos dos funcionarios en licencia médica por estrés. Una carta firme, enviada el 20 de mayo de 2025 al canciller Alberto van Klaveren, exigió intervención inmediata para abordar la crisis y manifestó que las denuncias sin fundamento de Barceló han tenido un impacto negativo en la estabilidad de la embajada.
La exembajadora Bárbara Figueroa, actual secretaria general del Partido Comunista, ha negado cualquier relación personal con Barceló, subrayando que ella es una funcionaria de carrera y que no participó en su designación. Figueroa asegura que las tensiones se intensificaron después de un sumario que ella ordenó en 2023 para investigar irregularidades contables.
Desde el Partido Comunista se insiste en que no hay vinculación alguna entre Figueroa y Barceló, aunque los denunciantes creen que Barceló se presentó como cercana a las autoridades. Las diferencias políticas y personales dentro de la embajada podrían haber amplificado el conflicto.
Más allá de las disputas personales, los denunciantes acusan a Barceló de filtrar información reservada de un sumario a un periodista de CIPER, lo que según ellos, busca influir en las investigaciones para proteger su posición. También se le atribuye la creación de un supuesto "atentado contra su auto", que fue desmentido por una investigación de Carabineros con respaldo de cámaras de seguridad.
El uso de la Ley Karin en este conflicto revela sus complejidades. Esta ley, vigente desde agosto de 2024, busca proteger a los trabajadores del acoso, pero en este caso ha resultado en dificultades para manejar la situación diplomática.
Los sumarios y la falta de resolución oportuna reflejan cómo la diplomacia chilena podría estar enfrentando un problema estructural en su gestión. La Ley Karin debería proteger a los denunciantes, pero también permite que las acusaciones sean utilizadas como herramienta defensiva en un contexto jerárquico como el de una embajada.
El actual canciller Alberto van Klaveren enfrenta una tarea monumental para desembrollar esta crisis, que no solo pone en riesgo la salud mental de los funcionarios, sino también la imagen internacional de Chile. Con la prolongación de los sumarios, la burocracia ha demostrado su ineficiencia para manejar situaciones de esta magnitud, un fenómeno que podría tener repercusiones duraderas en la vida laboral de la misión.
El escándalo en la Embajada de Chile en Argentina es un ejemplo claro de cómo la dinámica interna de las misiones diplomáticas puede deteriorarse rápidamente. La falta de intervención y claridad puede perjudicar no solo a los empleados, sino a la credibilidad y reputación de la diplomacia chilena.
En conclusión, la embajada chilena se encuentra en un punto de inflexión. La resolución de los conflictos internos y la evaluación de los mecanismos de selección de personal son pasos urgentes para restaurar la confianza en una misión que debería servir como un ejemplo de la diplomacia chilena en un país clave para sus relaciones bilaterales.
Desde The Times en Español, se observa que el conflicto en la embajada chilena en Argentina no es simplemente una serie de enfrentamientos laborales. Más bien, es un reflejo de las tensiones políticas y administrativas en la actual gestión del presidente Gabriel Boric. La incapacidad de resolver de forma rápida y eficiente los conflictos internos dentro de las embajadas puede dañar la imagen del país en el extranjero.
Este caso es también un indicador de las dificultades que enfrenta la implementación de la Ley Karin en un contexto donde las jerarquías y las dinámicas de poder afectan el tratamiento de denuncias. La reputación de figuras como el embajador Viera-Gallo[respetadas en el PS] y su cercanía política podría no ser suficiente para garantizar un proceso justo en una situación tan tóxica como la actual.
Finalmente, la intervención decisiva de la Cancillería será crucial para mitigar mayores daños a la diplomacia chilena. Si no se actúa con diligencia, el escándalo podría tener repercusiones más amplias en la credibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la salud mental de los diplomáticos chilenosen el exterior.
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