Organizaciones internacionales exigen justicia y protección ante la creciente violencia contra quienes defienden las libertades fundamentales.
Latam25 de julio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Caracas, Venezuela – La política de represión sistemática y sostenida contra los defensores de derechos humanos en Venezuela se intensifica, poniendo en riesgo la integridad de quienes luchan por la justicia y la igualdad. Esta alarmante situación fue denunciada por un grupo de organizaciones internacionales durante una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La represión en Venezuela, caracterizada por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y campañas de criminalización, se ha convertido en una tragedia humanitaria que afecta a cientos de individuos. Altos funcionarios del gobierno han implementado tácticas de estigmatización y acoso, lo que ha creado un ambiente hostil para quienes se atreven a alzar la voz.
Una de las tácticas más efectivas del régimen ha sido la anulación arbitraria de pasaportes, cuyo impacto es devastador. Esta práctica no solo limita la movilidad de los defensores de derechos humanos, sino que también les impide participar en foros internacionales donde podrían denunciar la situación en su país. Muchas veces, esta medida se utiliza como una estrategia de intimidación, a menudo precediendo a detenciones o desapariciones de los afectados.
El contexto se agrava con la existencia de un conglomerado de leyes restrictivas que han sido diseñadas para silenciar la voz de la sociedad civil. Entre ellas, la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, es una herramienta crucial en la estrategia del régimen. Esta normativa impone sanciones severas y requerimientos que las organizaciones no gubernamentales (ONG) son incapaces de cumplir, lo que lleva al cierre de operaciones y a una mayor vigilancia sobre sus actividades.
De acuerdo con informes recientes, durante la primera mitad de 2024, más de 592 ataques fueron registrados contra defensores de derechos humanos en Venezuela, cifra que se disparó después de las elecciones. En 2025, la organización local que documentó estos incidentes reportó 236 nuevos ataques. Estos números no solo reflejan la creciente represión, sino que evidencian una estrategia planificada por parte del régimen para asustar y desincentivar a quienes defienden los derechos humanos.
Entre los casos más graves documentados, se encuentra el de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, quien aún permanece incomunicado y detenido en El Helicoide, un centro de detención con graves denuncias de tortura y maltrato. Estos ejemplos subrayan la severidad de la represión y la criminalización sistemática que enfrentan los defensores de derechos.
La criminalización de las actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos ha escalado a tal punto que fiscales han comenzado a imputar delitos como "terrorismo" o "traición a la patria". Esto se lleva a cabo sin la presentación de pruebas y con una constante negación del acceso a la defensa y al contacto con familiares, generando un ambiente de impunidad en el que cualquier acto de justicia parece inalcanzable.
A medida que la represión se intensifica, también lo hacen las campañas de desprestigio. La vigilancia digital se ha convertido en un mecanismo constante de control, mientras que la estigmatización pública busca deslegitimar la labor de los defensores a ojos de la ciudadanía.
A pesar de la gravedad de la situación, organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) están alzando la voz, demandando una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. En este sentido, solicitan a la CIDH que fortalezca el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), lo cual incluiría una vigilancia más permanente y efectiva de las violaciones a derechos humanos.
Asimismo, las organizaciones instan a que se envíen reportes regulares sobre la situación venezolana a la OEA, y que se fortalezcan los mecanismos de protección, con llamados expresos a liberar a los defensores detenidos arbitrariamente.
En medio de esta crisis prolongada, los defensores de derechos humanos en Venezuela, a pesar del riesgo que enfrentan, continúan su labor vital de documentar abusos y acompañar a las víctimas. Su esfuerzo por preservar la memoria histórica y la verdad es crucial para el futuro del país, y su protección exige un compromiso inmediato y sostenido de la comunidad internacional.
En conclusión, Venezuela vive una de las crisis más profundas y prolongadas de la región. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos han creado un clima de inseguridad que limita la libertad de expresión y amenaza la labor de quienes se comprometen a defenderla. La responsabilidad está en manos de los organismos internacionales que deben tomar acciones concretas para proteger a estos valientes defensores y garantizar que su voz no se extinga en un mar de silencio y miedo.
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