
La lucha por la seguridad: San Miguel en la encrucijada del miedo
La creciente delincuencia en San Miguel clama por una respuesta efectiva de las autoridades y una restauración del derecho a la seguridad.
Una respuesta a las críticas del sistema notarial, resaltando su contribución a la confianza y seguridad jurídica en el país.
Opinión25 de julio de 2025 Alfredo Martín IllanesSeñor Daniel Matamala Thomsen
Presente
Estimado Señor Matamala:
He escuchado atentamente su podcast en el que discutió el tema de "La Casta", mencionando a notarios y conservadores. Quiero expresar algunas consideraciones al respecto.
Reconozco el derecho de cada periodista a emitir opiniones, pero considero esencial que estas se basen en un conocimiento profundo y un respeto adecuado hacia los temas tratados. Calificar a los notarios como parte de una "casta" resulta inexacto y, a mi juicio, impropio para un periodista con su trayectoria.
Durante su programa, se expusieron afirmaciones erróneas y términos descalificatorios sobre el sistema de notarios y conservadores. Se insinuó que los notarios manipulaban a los parlamentarios, omitiendo que su presencia en las sesiones fue autorizada formalmente por la Comisión respectiva, y que nunca se entregó documento alguno, como se puede comprobar en las grabaciones de las sesiones.
Respecto a las opiniones de sus invitados, la visión del señor Claudio Agostini, enfocada en un análisis estrictamente económico, es válida en su contexto, pero sería prudente que limitara su discurso a lo que realmente conoce, evitando así inexactitudes sobre temas que no ha estudiado en profundidad.
Dada la magnitud de las inexactitudes y descalificaciones presentes en su programa, prefiero facilitarle información básica sobre el sistema notarial y registral. En Chile, y en gran parte del mundo que utiliza un sistema registral latino (más del 70% de la población mundial), los notarios son abogados habilitados por el Estado para otorgar Fe Pública. Esto implica certificar hechos, realizar inscripciones y garantizar la legalidad de actos y contratos, tanto públicos como privados.
Una de las funciones clave del notario es realizar un control preventivo de la legalidad de los documentos, lo que permite que las transacciones jurídicas y económicas se desarrollen de manera eficaz y confiable. Cuando un contrato se firma ante un notario, se asegura que todas las partes son quienes dicen ser, que actúan libremente y que el contrato se ajusta a la ley. Esto contribuye a la justicia preventiva, que beneficia tanto a las personas como al Estado.
Es importante aclarar que solo el 0,001% de las actuaciones notariales y registrales han sido sujetas a litigio, lo que evidencia la eficacia del sistema. Además, se deben cuestionar las conclusiones del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, ya que desestimó más de 120 observaciones de especialistas y no consideró los costos de transacción, un aspecto crucial para un informe de esta naturaleza.
Si solo el 12% de las actuaciones notariales derivaran en juicios, el Estado tendría que crear un número significativo de tribunales, generando un costo operativo anual de aproximadamente 700 millones de dólares. Esto sin contar el gasto adicional que afrontarían los ciudadanos al tener que acreditar hechos por la vía judicial, que es significativamente más costoso y prolongado que hacerlo ante un notario. En este sentido, el ahorro para la población supera los 290 millones de dólares anuales.
El ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha reconocido que el sistema notarial y registral en Chile genera confianza y cumple con su labor esencial. Aunque existe desacuerdo sobre el avance del proyecto de ley, el Parlamento y el Ejecutivo han destacado que su aprobación representa un avance significativo en la modernización del sistema.
Es crucial no menospreciar las repercusiones de la figura del Fedatario, que podría representar un riesgo al carecer de control y ser susceptible de corrupción. Este Fedatario tendría la facultad de autorizar múltiples actos jurídicos, lo que podría comprometer el sistema.
No se menciona que las personas depositan su confianza en los documentos notariales, ni que generalmente no cuestionan la probidad del notario al dejar en su poder documentos valiosos. El costo para inscribir un título de propiedad es mínimo (no más del 0,03% del valor del contrato), especialmente si se compara con el costo del seguro de título en otros sistemas, que suele ser del 1%.
Respecto a los costos del sistema, es un error afirmar que es caro; estudios comparativos han demostrado que Chile posee uno de los sistemas notariales y registrales más accesibles del mundo.
Durante mi tiempo como presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, siempre abogué por la meritocracia y la reducción de la discrecionalidad en los nombramientos. También fomenté la eliminación de trámites innecesarios y la adopción de estándares tecnológicos para optimizar la eficiencia sin vulnerar la seguridad jurídica.
Señor Matamala, la desinformación y estigmatización de la labor notarial es un problema que lleva a juicios desmedidos sobre ella, y usted ha contribuido a ello. Sería beneficioso que, en futuras ocasiones, se informara mejor para brindar una orientación más precisa a la opinión pública. Si bien ya no ejerzo funciones notariales, valoro profundamente la contribución de este trabajo al desarrollo de las personas y del país.
Atentamente,
R. Alfredo Martin Illanes
Abogado
Ex Notario
Ex Presidente de la Asociación de Notarios,
Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.
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