El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) califica la votación como un ataque directo a la identidad y dignidad de niños y adolescentes.
Chile15 de mayo de 2025
The Times en Español
Santiago, Chile La reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas de un informe que limita los derechos de niños, niñas y adolescentes trans ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en Chile. La votación, que se llevó a cabo en el Congreso Nacional, fue calificada como una acción "brutal" y "transfóbica" por el Movilh, que ha instado al Gobierno a resistir sus efectos, señalando que no tiene fuerza legal.
El informe en cuestión, conocido como el Informe de la Comisión Especial Investigadora Nº 57, fue aprobado con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones. Este documento propone medidas que, de manera directa, afectan la vida y los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, así como de sus familias. Entre las propuestas más controvertidas se encuentran la derogación de la Circular N°812 de la Superintendencia de Educación, que permite el uso del nombre social en las escuelas, y la modificación de la Ley de Identidad de Género, lo que implicaría que la autonomía de los menores sea subordinada a los criterios de los adultos.
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó su alarma ante lo que considera un "retroceso gravísimo para los derechos humanos". Señaló que la aprobación de este informe se produce en un contexto simbólico muy significativo, coincidiendo con la Semana contra la Homo/transfobia, un tiempo dedicado a la visibilización y defensa de los derechos del colectivo LGBTQ+.
Jiménez enfatizó que lo sucedido en la Cámara no solo desestima la evidencia científica y las normativas internacionales, sino que también ignora las realidades concretas de los niños y adolescentes trans, quienes merecen un Estado que los proteja en lugar de violentarlos. La postura adoptada por los sectores que apoyaron el informe contradice el principio que ellos mismos dicen defender: el derecho de los padres a decidir sobre la vida de sus hijos.
Las medidas sugeridas en el informe buscan revertir logros alcanzados en los últimos años en términos de derechos para las comunidades LGBTQ+. A continuación se detallan algunas de las propuestas más controversiales:
Derogación de la Circular N°812: Esta norma permite a niños y adolescentes usar su nombre social en entornos educativos, una herramienta valiosa para su integración y aceptación social. Su eliminación es vista como un acto que margina a estos jóvenes, obligándolos a ocultar su verdadera identidad.
Modificación de la Ley de Identidad de Género: La propuesta busca someter la autonomía progresiva de los menores a la decisión total de los adultos, lo que limita la capacidad de los adolescentes para decidir sobre su propia identidad y expresión de género.
Eliminación del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG): Este programa fue instaurado para ofrecer apoyo a las familias y a los jóvenes en proceso de transición. Su eliminación sería un golpe devastador para aquellos que buscan orientación y acompañamiento en un proceso tan delicado como la transición de género.
Prohibición de tratamientos hormonales a menores de 18 años: La prohibición categórica de estos tratamientos sin excepciones es vista como un gran paso atrás, dado que su uso puede ser esencial para el bienestar y la salud mental de los jóvenes trans que buscan hacer una transición adecuada.
El Movilh ha manifestado su firme oposición a este informe y ha hecho un llamado a la acción. Según su vocera, Javiera Zúñiga, la aprobación de estas propuestas no solo es un ataque a la dignidad de los niños y adolescentes trans, sino que también representa un retroceso en términos de acceso a la salud y derechos educativos.
Zúñiga ha destacado que, lejos de tener fuerza legal, este informe podría ser enfrentado de forma enérgica por el Gobierno, quien tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los derechos previos a la votación sean mantenidos. "Acatar este informe sería un acto tan transfóbico como clasista", advirtió, indicando que los que más sufrirán las consecuencias de estas medidas serán aquellos que dependen del sistema público de salud, mientras que aquellos con acceso al sistema privado no verán cambios significativos en su atención médica.
Movimientos sociales han enfatizado la necesidad de una resistencia activa en contra de estas políticas. La eliminación del uso del nombre social, por ejemplo, no solo es un asunto de identidad, sino que también puede incrementar la violencia educacional y social contra los jóvenes trans, que ya enfrentan un estigma y una discriminación significativa.
La fuerza del movimiento LGBTQ+ en Chile ha demostrado ser capaz de movilizar a la opinión pública. Por ello, el Movilh ha anunciado que llevará a cabo manifestaciones y actos de desobediencia civil para visibilizar y condenar el daño que este informe podría causar a las personas trans y sus familias.
El contexto político en Chile está volviéndose cada vez más complejo. La reciente decisión de la Cámara no solo plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de minorías, sino que también pone de manifiesto una división clara en el espectro político respecto a los derechos humanos y la igualdad. La presión social y los llamados a la resistencia son más necesarios que nunca.
Esta decisión de la Cámara de Diputados de Chile refleja un panorama legislativo tenso. La transversalidad de posturas en este tema evidencia una batalla ideológica que va más allá de la legislación; es un reflejo de la lucha cultural que enfrenta la sociedad chilena.
En la sociedad chilena, donde el progresismo ha ganado terreno en los últimos años, la votación en contra de los derechos trans parece ser un retroceso susceptible de desencadenar una mayor movilización social. La discusión sobre los derechos de género es, sin duda, uno de los aspectos más polémicos en el debate político actual.
Se puede prever que la respuesta de los movimientos sociales será agresiva y masiva, aunque es necesario cuidarla del fundamentalismo, que podría desvirtuar el fondo del asunto. La participación activa de la ciudadanía es clave para que, a través de la protesta pacífica, se reclame la protección y efectividad de los derechos huérfanos que han quedado en el aire tras esta votación.
La situación de Chile en este contexto debe ser seguida con atención, no solo por ser un problema local, sino como un caso de estudio sobre los derechos LGBTQ+ en el continente. La intersección de políticas públicas, derechos humanos y la resistencia social es un campo fértil para la observación y el análisis en los próximos meses.
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