El gobierno chileno entierra la reforma del impuesto a la renta: "suspendida indefinidamente" por causa de la guerra arancelaria

Santiago, Chile – El gobierno de Chile, encabezado por el presidente Gabriel Boric, dio un paso atrás en una de sus propuestas económicas más emblemáticas este lunes 21 de abril de 2025. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que la reforma al impuesto a la renta, pilar fundamental del denominado "pacto fiscal", ha sido suspendida de manera indefinida. La medida, que pretendía reducir la tasa corporativa de un 27% a un 24% y compensarla con un alza en los impuestos a las personas de mayores ingresos, no verá la luz en el corto plazo debido a la falta de consenso en el Congreso y a las crecientes tensiones económicas internacionales derivadas de la guerra arancelaria.

El anuncio se realizó en el marco de la reunión inaugural de un grupo de alto nivel convocado por el Ejecutivo para abordar los desafíos económicos globales. Marcel, en una declaración que sorprendió a analistas y sectores políticos, explicó que la decisión fue tomada en conjunto con el presidente Boric tras evaluar las prioridades del país en un contexto de incertidumbre. "Hemos decidido postergarlo indefinidamente, por cuanto no habiendo apoyo de una parte importante del Congreso y, al mismo tiempo, habiendo una serie de otras materias que sí requieren prioridad, tenemos que ser pragmáticos", afirmó el titular de Hacienda.

La reforma, que había sido presentada como un esfuerzo para equilibrar la carga tributaria entre empresas y personas naturales, buscaba financiar políticas sociales y mantener la sostenibilidad fiscal. Entre sus puntos clave estaba la reducción del impuesto de primera categoría para las grandes empresas, una medida que, según el gobierno, incentivaría la inversión. Sin embargo, esta rebaja se compensaría con un aumento en las tasas del Impuesto Global Complementario para las rentas más altas, afectando a cerca de 153 mil personas con ingresos superiores a los 6 millones de pesos mensuales, según estimaciones oficiales.

El proyecto también incluía cambios específicos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), como una reforma al impuesto a la renta que se ingresaría en las próximas semanas. Marcel destacó que este segmento no se verá afectado por la suspensión, ya que "es un proyecto que se ha trabajado con detalle con las empresas del sector y contiene medidas de beneficio para los sectores medios". Sin embargo, el paquete principal, que incluía la reducción general del impuesto corporativo y ajustes al régimen de tributación, queda en el congelador.

La suspensión llega en un momento de tensión económica global, marcada por la escalada de la guerra arancelaria entre potencias como Estados Unidos y China. Esta situación ha generado incertidumbre en los mercados y ha puesto presión sobre economías dependientes de las exportaciones, como la chilena. Marcel subrayó que "la incertidumbre económica mundial ha aumentado en las últimas semanas", lo que obliga al gobierno a reorientar sus esfuerzos hacia iniciativas que refuercen sectores estratégicos como el turismo y la construcción.

A nivel interno, la falta de apoyo en el Congreso fue un factor decisivo. Desde su presentación, la reforma enfrentó críticas tanto de la oposición como de algunos sectores oficialistas. Parlamentarios de derecha argumentaron que el alza de impuestos a las personas naturales desincentivaría la inversión y el crecimiento, mientras que voces progresistas cuestionaron si los cambios serían suficientes para reducir la desigualdad. "No habiendo apoyo de una parte importante del Congreso, tenemos que concentrarnos en aquello donde el avance es más probable", admitió Marcel, dejando entrever que el Ejecutivo optará por proyectos con mayor consenso.
Reacciones y consecuencias inmediatas

La noticia generó reacciones inmediatas. Desde el empresariado, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) expresó un cauto respaldo a la decisión, señalando que la suspensión podría dar un respiro a las empresas en un contexto económico complejo. Sin embargo, advirtieron que la incertidumbre sobre futuras reformas tributarias podría afectar la planificación a largo plazo.

Por otro lado, economistas y analistas han mostrado opiniones divididas. Algunos consideran que el gobierno demuestra pragmatismo al priorizar medidas de corto plazo frente a la crisis global, mientras que otros ven en esta suspensión un nuevo traspié para la agenda transformadora de Boric. "Es una señal de que el Ejecutivo está dispuesto a ceder ante la presión política y económica, pero también refleja la dificultad de avanzar en reformas estructurales en un país polarizado", señaló un experto consultado por The Times en español.

En términos prácticos, la suspensión libera al gobierno de un debate prolongado y le permite enfocar recursos en iniciativas como la simplificación normativa y el impulso a sectores golpeados por la coyuntura internacional. No obstante, deja abierta la pregunta sobre cómo financiará el Ejecutivo sus promesas sociales en un escenario de ingresos fiscales limitados, especialmente considerando que Chile tiene una de las cargas tributarias más bajas de la OCDE (20,7% del PIB en 2019, según un informe reciente).

A pesar del congelamiento del proyecto general, Marcel insistió en que el gobierno no abandona por completo su agenda tributaria. El ministro precisó que el proyecto de reforma al impuesto a la renta para las pymes sigue en marcha y será presentado próximamente. "Este es un proyecto con compensación fiscal y con medidas que benefician a los sectores medios", detalló, subrayando que su diseño ha sido consensuado con actores del sector.

Esta iniciativa, aunque más acotada, busca aliviar la carga de las pequeñas empresas y fomentar su formalización, un objetivo que el gobierno considera clave para reactivar la economía. Sin embargo, su alcance es significativamente menor al de la reforma original, lo que limita su impacto en la recaudación y en la redistribución de ingresos.

Marcel dejó la puerta abierta a retomar la discusión en el futuro, sugiriendo que el país necesita "una discusión de fondo" sobre el sistema tributario. "Es valioso que haya un debate sobre el mérito de estas iniciativas, no solo en términos de contar votos, sino de impulsar el crecimiento sin deteriorar las finanzas públicas ni la distribución de ingresos", afirmó. Sin embargo, no especificó un plazo para reactivar el proyecto, lo que genera incertidumbre sobre su destino final.

Para el gobierno, la suspensión representa un ajuste táctico en un año que ya se perfila como desafiante. Con la reforma previsional aún en tramitación y las presiones económicas en aumento, el Ejecutivo deberá demostrar que puede avanzar en su programa sin depender de una reforma tributaria que, por ahora, queda en el limbo.
 

La decisión del gobierno chileno de suspender indefinidamente la reforma al impuesto a la renta puede leerse desde dos perspectivas opuestas. Por un lado, refleja un pragmatismo necesario en un contexto de crisis global y polarización política. La guerra arancelaria y la falta de apoyo parlamentario son realidades que limitan el margen de maniobra del Ejecutivo, y reorientar esfuerzos hacia medidas de consenso podría estabilizar la economía en el corto plazo. Sin embargo, desde otra óptica, este paso atrás evidencia las dificultades del presidente Boric para concretar su agenda transformadora. La reforma tributaria era un pilar para financiar promesas sociales y reducir la desigualdad, y su postergación podría debilitar la credibilidad del gobierno ante sus bases.

En The Times en español, consideramos que esta suspensión no cierra el debate, pero sí pone en jaque la capacidad del Ejecutivo para articular mayorías en un Congreso fragmentado. La apuesta por las pymes es un salvavidas parcial, pero insuficiente para compensar la ambición original del proyecto. El desafío para Boric y Marcel será demostrar que este "congelamiento" no es una rendición, sino una pausa estratégica que permita retomar la iniciativa en un momento más favorable.

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