El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostiene que la Justicia Militar no está preparada para tratar el narcotráfico que afecta a las Fuerzas Armadas en Chile.
Chile11 de julio de 2025
Elena Carvajal
Colchane, Chile – En las últimas semanas, el hallazgo de drogas en un cuartel del Ejército en Colchane ha destapado un serio problema que afecta la integridad de las Fuerzas Armadas chilenas. Ante la gravedad de la situación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha expresado su preocupación por la incapacidad del sistema de Justicia Militar para enfrentar investigaciones relacionadas con el narcotráfico y organizaciones criminales.
Durante una conversación con CNN Chile Radio, Cordero fue enfático al mencionar que "la Justicia Militar no está diseñada para investigar organizaciones criminales y menos crimen internacional". Esta afirmación revela una debilidad estructural en el sistema judicial chileno, que, según el ministro, "descansa en un régimen regulatorio que es demasiado arcaico".
Cordero destacó que, incluso si se realizan esfuerzos por digitalizar y modernizar la Justicia Militar, no se puede esperar que esta institución sea efectiva en la persecución de delitos complejos como el narcotráfico internacional. "Su propósito central no es desbaratar organizaciones criminales", añadió el ministro, haciendo hincapié en que el narcotráfico en la zona fronteriza constituye un riesgo creciente.
El secretario de Estado también abordó el tema de la coordinación entre distintas instituciones, informando que existe colaboración entre la Fiscalía de Tarapacá y Carabineros para llevar a cabo investigaciones más efectivas. Esta sinergia resulta crucial, especialmente en los primeros días de una investigación, cuando los datos preliminares son fundamentales para el éxito de la operación.
"La dilación o el retraso tiene un impacto en las investigaciones de narcotráfico", advirtió Cordero, quien considera que el tiempo es un factor determinante en la lucha contra el crimen organizado. "Las investigaciones suelen iniciarse con cierta reserva", reflexionó, aludiendo a la necesidad de actuar rápidamente para contener el avance de las organizaciones criminales en el país.
El problema se ha hecho más apremiante tras la identificación de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) involucrados en actividades de narcotráfico. Estos oficiales, que fueron dados de baja, intentaron trasladar ketamina, una droga que históricamente está vinculada a redes de crimen organizado, como el Tren de Aragua. Esta estructura criminal ha ganado notoriedad en varios países de América Latina por su expansión y sofisticación en actividades ilícitas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, también se pronunció respecto a la situación en el interior de las Fuerzas Armadas, sugiriendo que la injerencia del Tren de Aragua no puede ser descartada. Esto apunta a un contexto más amplio de la criminalidad organizada y su penetración en instituciones que deberían ser bastiones de la seguridad nacional.
La crítica del ministro Cordero a la capacidad de la Justicia Militar plantea serias interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia en la lucha contra el narcotráfico en Chile. La incapacidad del sistema para abordar situaciones tan complejas podría facilitar la operación de delitos que trascienden fronteras, poniendo en riesgo la seguridad nacional y la integridad de las fuerzas armadas.
No es solo un asunto de competencias jurisdiccionales; se trata también de la legitimidad y la confianza pública en instituciones que, por sus funciones, deberían ser ejemplo de orden y disciplina. La evidente falta de recursos y capacidades para investigadoras en el ámbito del narcotráfico señala la necesidad de una revisión completa del enfoque que el país ha adoptado hacia el crimen organizado.
El hecho de que la droga fuera encontrada en un cuartel militar, en una zona fronteriza como Colchane, sugiere que las operaciones de narcotráfico están evolucionando. La porosidad de las fronteras representa un desafío multidimensional; no solo es el tráfico de drogas, sino que también implica la posible infiltración de redes criminales en instituciones que se supone deben proteger a la sociedad.
Las advertencias del ministro Cordero son un llamado urgente a reconsiderar la estrategia de seguridad pública. La necesidad de un enfoque más integral, que incluya tanto a la policía como a las fuerzas armadas, es evidente. Esta estrategia debe reconocer que los delitos transnacionales como el narcotráfico requieren una respuesta multidimensional y adaptativa.
A medida que la situación se despliega, queda claro que la falta de un marco legal y judicial adecuado para enfrentarse al narcotráfico y a las organizaciones criminales en Chile es un desafío que debe abordarse con premura. La problemática que afecta a la FACh no solo revela fallas internas en la justicia militar, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la efectividad de las políticas de seguridad del país.
La urgencia para reformar y actualizar el sistema de Justicia Militar será un tema a seguir de cerca, especialmente en el contexto de la creciente violencia y actividades delictivas en la región.
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