La solicitud de ICE y DOGE a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para rastrear direcciones de inmigrantes indocumentados marca una escalada en las políticas migratorias de la administración Trump. Expertos advierten sobre posibles violaciones de privacidad y el impacto en la confianza en programas gubernamentales.
Estados Unidos17 de abril de 2025
The Times en Español
Washington D.C., Estados Unidos - En un movimiento que intensifica la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por aliados del empresario Elon Musk, han solicitado acceso a una base de datos sensible administrada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Según un informe publicado el 16 de abril de 2025 por The Washington Post, la solicitud busca cotejar números de Seguro Social de ciertos inmigrantes con los registros de Medicare para obtener sus direcciones, como parte de un esfuerzo para localizar a personas que el gobierno considera presentes ilegalmente en el país.
La base de datos de Medicare, gestionada por CMS, contiene información personal y médica detallada, incluyendo direcciones, lo que la convierte en un recurso potencialmente valioso para las autoridades migratorias. Sin embargo, este intento de utilizar datos médicos para fines de aplicación de la ley ha generado alarma entre expertos en salud, defensores de los derechos de los inmigrantes y exfuncionarios, quienes cuestionan tanto la legalidad como las implicaciones éticas de la iniciativa.
Según los registros obtenidos por The Washington Post y una fuente familiarizada con las deliberaciones internas, las solicitudes a CMS se realizaron durante el último mes y contaron con la participación activa de DOGE, una entidad creada para reducir el gasto gubernamental y optimizar procesos federales. ICE, en coordinación con DOGE, pidió a CMS verificar los números de Seguro Social de una lista de inmigrantes contra la base de datos de reclamaciones de Medicare. El objetivo, según un portavoz de DOGE citado por el medio, es garantizar que los beneficios federales, como Medicare, no sean utilizados por inmigrantes indocumentados, a pesar de que este programa no cubre a esta población.
El informe destaca que, hasta principios de abril de 2025, CMS aún no había decidido si aprobaría la solicitud, y no está claro si los datos solicitados han sido entregados. Además, se desconoce cuántos inmigrantes están siendo objetivo de esta operación o cuán útil sería la información, dado que Medicare está diseñado principalmente para personas mayores de 65 años, personas con discapacidades y otros grupos vulnerables, excluyendo a los inmigrantes indocumentados.
La maniobra ha generado críticas contundentes. Tanya Broder, consejera senior de políticas de justicia económica y de salud en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, expresó su preocupación de que el acceso a datos de programas como Medicare o Seguro Social pueda transformar estos sistemas en “máquinas de aplicación migratoria”. Según Broder, esto podría disuadir a personas elegibles de acceder a servicios esenciales por temor a represalias migratorias, afectando no solo a inmigrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses en hogares de estatus mixto.
Por su parte, exfuncionarios de salud entrevistados por The Washington Post señalaron que el uso de la base de datos de Medicare para fines de inmigración es “inusual” y potencialmente ilegal, dado que las leyes de privacidad, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), protegen la información médica de los beneficiarios. La posibilidad de que datos sensibles sean compartidos con agencias como ICE plantea preguntas sobre el cumplimiento de estas regulaciones y el riesgo de abuso de poder.
El involucramiento de DOGE en esta iniciativa refleja su creciente influencia en la agenda migratoria de la administración Trump. Aunque inicialmente concebido como un esfuerzo para recortar el gasto federal y mejorar la eficiencia, DOGE ha asumido un rol activo en políticas migratorias, incluyendo la recopilación de datos sensibles de varias agencias federales. Por ejemplo, la semana pasada, DOGE colaboró con la Administración del Seguro Social para incluir a más de 6,000 inmigrantes, principalmente latinos, en una base de datos de personas fallecidas, lo que efectivamente les impide acceder a beneficios o trabajar legalmente en el país.
Este enfoque agresivo ha sido acompañado por otras medidas controvertidas, como el envío de migrantes a la base naval de Guantánamo en Cuba para aumentar la capacidad de detención de ICE y la revocación de estatus de parole para miles de inmigrantes. Según The Washington Post, DOGE también está trabajando en la creación de un sistema para vender visas de inmigración “gold cards” por 5 millones de dólares, lo que representa un cambio en su misión original de reducción de costos hacia la generación de ingresos.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, han respondido con demandas legales contra varias de las nuevas políticas de Trump, incluyendo órdenes ejecutivas que limitan el asilo y cuestionan la ciudadanía por nacimiento. Estas acciones legales reflejan la creciente resistencia a lo que muchos consideran una ofensiva sin precedentes contra las comunidades inmigrantes.
A medida que la administración Trump avanza con estas políticas, el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales se intensifica. La solicitud de acceso a la base de datos de Medicare es solo un ejemplo de cómo el gobierno está utilizando herramientas no convencionales para implementar su agenda migratoria, pero también pone de relieve los riesgos de erosionar la confianza en instituciones clave como CMS, que sirven a millones de estadounidenses.
La solicitud de ICE y DOGE para acceder a la base de datos de Medicare representa un punto de inflexión en la estrategia migratoria de la administración Trump, que parece dispuesta a emplear cualquier recurso disponible, incluso datos médicos protegidos, para cumplir con sus objetivos de deportación. Este enfoque no solo plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética del uso de información sensible, sino que también amenaza con socavar la confianza en programas gubernamentales esenciales. La participación de DOGE, una entidad con un mandato originalmente administrativo, en políticas migratorias de alto perfil sugiere una centralización del poder en manos de figuras cercanas al presidente, como Elon Musk, lo que podría debilitar las salvaguardas institucionales.
La preocupación expresada por expertos y defensores de derechos humanos es legítima: el uso de datos de Medicare para rastrear inmigrantes podría tener un efecto disuasorio en comunidades vulnerables, incluyendo ciudadanos estadounidenses que dependen de estos programas. Además, la falta de claridad sobre la cantidad de datos solicitados y su utilidad real pone en duda la proporcionalidad de la medida. En un contexto donde las políticas migratorias ya generan polarización, esta iniciativa podría exacerbar las tensiones sociales y legales, alimentando un ciclo de litigios y resistencia.
The Times en español considera que este caso subraya la necesidad de un debate más amplio sobre los límites del poder ejecutivo en la aplicación de políticas migratorias y la protección de los derechos fundamentales. Las autoridades deben garantizar que cualquier medida adoptada respete las leyes de privacidad y no comprometa el acceso equitativo a servicios esenciales. La transparencia será clave para evitar abusos y restaurar la confianza en un sistema que, en última instancia, debe servir a todos los estadounidenses, independientemente de su origen.
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