El presidente Donald Trump criticó duramente en Truth Social un fallo judicial que bloqueó la revocación del estatus legal de más de 530,000 migrantes bajo el programa de parole humanitario de Biden, calificando a los tribunales de “fuera de control”. El juez federal Indira Talwani ordenó evaluaciones individuales, lo que Trump estima tomará “100 años”, intensificando su enfrentamiento con el sistema judicial mientras promete acelerar deportaciones.
Estados Unidos16/04/2025
Victor Manuel Arce Garcia
Washington, 16 de abril de 2025 – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su indignación en Truth Social tras un fallo de la jueza federal Indira Talwani que impidió a su administración revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de aproximadamente 532,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, acogidos bajo el programa de parole humanitario CHNV instaurado por el gobierno de Joe Biden en 2022-2023. El programa permitió a estos migrantes, con patrocinadores en EE.UU., ingresar legalmente al país por dos años con autorización de trabajo, reduciendo cruces ilegales en la frontera sur.
Talwani, en un fallo emitido el 14 de abril en Boston, determinó que la terminación masiva del parole, prevista para el 24 de abril, viola el debido proceso, exigiendo evaluaciones individuales para cada caso. “La terminación sin justificación caso por caso socava el Estado de derecho”, escribió la jueza, según reportó CBS News. Esta decisión, que protege temporalmente a los beneficiarios del programa, representa un revés significativo para las políticas migratorias de Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato ha priorizado la deportación masiva de migrantes indocumentados y la eliminación de vías legales como el CHNV.
En su publicación en Truth Social, Trump calificó el fallo como una muestra de tribunales “totalmente fuera de control” y sesgados políticamente en su contra. “Un juez falló contra nosotros sobre 530,000 migrantes ilegales, diciendo que cada caso debe ser juzgado individualmente… ¡eso tomaría 100 años! ¿Dónde está la justicia aquí?”, escribió.
Argumentó que el gobierno de Biden permitió la entrada rápida de estos migrantes, pero ahora su administración enfrenta un proceso judicial “insano” para deportarlos, lo que calificó de “doble estándar”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, había anunciado el 21 de marzo la revocación del estatus de parole, instando a los afectados a autodeportarse antes del 24 de abril o enfrentar procesos de “remoción acelerada”. La medida, respaldada por un decreto ejecutivo de Trump del 20 de enero, buscaba desmantelar programas de parole que, según la administración, excedían la autoridad presidencial. Sin embargo, la orden de Talwani suspendió las advertencias de deportación y prohibió al DHS revocar el estatus hasta una resolución final, según Reuters.
Organizaciones como Justice Action Center y la ACLU celebraron el fallo, destacando que protege a migrantes que cumplieron con procesos legales y enfrentan riesgos significativos si regresan a países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, donde persisten crisis políticas y humanitarias. “Revocar el estatus de cientos de miles de beneficiarios del CHNV causaría caos y sufrimiento”, afirmó Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, citada por Al Jazeera. Por su parte, migrantes como una cubana identificada como Zamora expresaron alivio, según TIME, temiendo perder su permiso de trabajo y enfrentar detención.
En el ámbito político, el fallo generó reacciones mixtas. Tres congresistas cubanoamericanos de Florida, incluyendo a María Salazar, se opusieron a la deportación de venezolanos y apoyaron un proyecto demócrata para otorgarles residencia permanente, según TIME. Sin embargo, la mayoría republicana respalda la línea dura de Trump, con encuestas indicando que sus políticas de seguridad fronteriza y deportaciones son populares entre sus votantes, como señaló POLITICO.
La controversia se suma a otros choques legales de Trump con el sistema judicial, como el caso de los vuelos de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, donde el juez James Boasberg encontró “causa probable” de desacato criminal por desobedecer una orden de restricción. Este enfrentamiento subraya la tensión entre el Ejecutivo y los tribunales, con implicaciones para la política migratoria y las elecciones futuras.
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