El juez federal James Boasberg dictaminó que existe causa probable para considerar a la administración Trump en desacato criminal por desobedecer una orden judicial que exigía detener vuelos de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador en marzo de 2025
16 de abril de 2025
The Times en Español
Washington, 16 de abril de 2025 – Un nuevo capítulo en la confrontación entre la administración Trump y el sistema judicial estadounidense se abrió esta semana, tras la decisión del juez federal James Boasberg de encontrar “causa probable” para declarar en desacato criminal a funcionarios del gobierno por no acatar una orden que prohibía vuelos de deportación a El Salvador. La controversia, centrada en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pone en el centro las tensiones sobre las políticas migratorias de Trump y el respeto al Estado de derecho.
El 15 de marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que utilizaba esta ley de tiempos de guerra para deportar a más de 200 venezolanos, acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Horas después, Boasberg emitió una orden de restricción temporal (TRO) que prohibía dichas deportaciones y ordenó verbalmente que cualquier avión en el aire regresara a Estados Unidos. Sin embargo, dos vuelos continuaron hacia El Salvador, trasladando a los migrantes sin debido proceso, según denuncias de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward.
En su fallo del 16 de abril, Boasberg señaló que las acciones del gobierno muestran un “desprecio deliberado” por su orden, tras darles “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones, ninguna de las cuales ha sido satisfactoria”. El juez dio a la administración hasta el 23 de abril para presentar una declaración que detalle cómo “purgará” el desacato, lo que implicaría retomar la custodia de los deportados y garantizarles audiencias para impugnar las acusaciones en su contra. Alternativamente, el gobierno debe identificar a los funcionarios que, con conocimiento de la TRO, decidieron no detener los vuelos los días 15 y 16 de marzo.
La Casa Blanca, a través de su director de comunicaciones, Steven Cheung, anunció que buscará un “alivio apelativo inmediato” y defendió la postura de Trump, afirmando que el presidente está “100% comprometido con garantizar que terroristas y migrantes ilegales criminales no sean una amenaza para los estadounidenses”. Funcionarios del gobierno argumentaron que los vuelos estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando se emitió la orden escrita, y que esta no incluía explícitamente la instrucción de regresar los aviones, a diferencia de la orden verbal. Además, invocaron el privilegio de secretos de Estado para evitar revelar detalles sobre los vuelos, una maniobra que Boasberg cuestionó por carecer de justificación, ya que la información solicitada no era clasificada.
El caso ha generado un intenso debate. Organizaciones como la ACLU y Democracy Forward celebraron el fallo, destacando que “afirma que la conducta del gobierno es ilegal y una amenaza para las personas y nuestra constitución”. Por otro lado, el gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, acordó recibir a los deportados a cambio de 6 millones de dólares, y el propio Bukele se mofó de la orden judicial en redes sociales, escribiendo “Oopsie… demasiado tarde”. El senador Marco Rubio, secretario de Estado, amplificó el mensaje al retuitearlo.
El fallo de Boasberg llega tras una decisión dividida de la Corte Suprema, que en abril invalidó la TRO de Boasberg por cuestiones procesales, argumentando que los desafíos legales debían presentarse en Texas, donde los migrantes estaban detenidos, y no en Washington. Sin embargo, la Corte aclaró que los deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho a notificación y a impugnar su remoción, un punto que Boasberg subrayó no exime al gobierno de su desobediencia inicial.
Este episodio, que algunos expertos califican como el inicio de una potencial crisis constitucional, pone de relieve los límites del poder ejecutivo frente al judicial. Mientras la administración Trump defiende su política de deportaciones masivas como una prioridad de seguridad, el caso de los vuelos a El Salvador podría tener repercusiones legales y políticas significativas en los próximos meses.
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